Playa Escondida Beach Front, S.A., empresa bajo la cual se desarrolla un proyecto de playa en Punta Chame, bajo el liderazgo inmobiliario de la familia Alemán, de Grupo Los Pueblos, avanza en todos los trámites que requiere para ser parte de esa pequeña cúpula empresarial que tendrá a su favor los beneficios que plantea la Ley 122 de 2019.
Esta ley permite el otorgamiento de créditos fiscales que, finalmente, son el equivalente a que el Estado sufrague el costo de las inversiones turísticas que se llevan a cabo. La norma deja el camino libre para que las sociedades o personas naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas con proyectos fuera del distrito de Panamá, reciban un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas.
El representante legal de Playa Escondida Beach Front, Alfredo Alemán Miranda, quien también figura como CEO de la poderosa constructora Grupo Los Pueblos, solicitó la aprobación de un Registro Nacional de Turismo para la expansión de uno de los proyectos que regentan en Punta Chame, Panamá Oeste.
El trámite ante la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) no es insignificante. De hecho, es vital para que la empresa perfeccione la emisión de bonos turísticos y que luego el inversionista que pone el dinero para financiar su proyecto, a través de la compra de bonos o acciones que emite el desarrollador, sea resarcido cuando la Dirección General de Ingresos (DGI) reconoce el crédito fiscal a su favor, de acuerdo con lo que dicta la Ley 122 de 2019.
En la Gaceta Oficial del pasado 4 de mayo queda en evidencia cuáles son los planes del grupo.
Este documento legal replica una resolución emitida por la ATP el pasado 4 de abril, en la cual precisamente se concede el registro turístico que estaban solicitando. Para tal fin, Playa Escondida Beach Front explica que el proyecto llamado The Gardens & Playa Caracol Beach Club tiene una inversión declarada de $20.8 millones, pero que pretenden hacer una ampliación, con 90 habitaciones adicionales, que requerirá de $31.7 millones.
Esta cifra coincide con la última emisión de bonos turísticos registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por dicho grupo económico. Y los tiempos también se asemejan.
La emisión fue registrada el pasado 22 de abril, según el regulador, a través de la resolución 149-22. Sin embargo, la entidad todavía no ha hecho público el documento en cuestión.
Antes, en 2021, Playa Escondida Beach Front, había hecho dos emisiones de bonos turísticos por $6.2 millones y $6.9 millones, respectivamente.
Estas dos primeras emisiones fueron suspendidas en abril de este año para cambiar, entre otras cosas, su monto.
Con una carta que lleva el membrete de Grupo Los Pueblos, anunciaron a la Bolsa Latinoamericana de Valores que la emisión de $6.9 podría llegar hasta $20.8 millones. Mientras que la de $6.2 millones podría ser hasta por $18.7 millones.
Esto indica que finalmente Playa Escondida Beach Front podría llegar a emitir hasta $71 millones, al sumar la totalidad a la que pueden llegar las tres emisiones (de $20.8 millones, 18.7 millones y $31.7 millones) que quedarían amparadas en los beneficios fiscales de la Ley 122.
Este diario contactó vía WhatsApp a Alemán Miranda, para preguntar sobre el reciente registro turístico logrado y sobre el monto total que pretenden emitir en bonos turísticos, bajo la Ley 122.
El empresario se limitó a decir que “ha transcurrido más de una década desde que empezamos a desarrollar exitosamente las costas panameñas de Chame. Nuestro nuevo esfuerzo para la construcción de instalaciones turísticas complementarias al desarrollo responde específicamente a los incentivos que se ofrezcan, siempre respetando las leyes y reglamentos que apliquen; y nada distinto a los demás incentivos de este tipo que ofrece Panamá para desarrollar segmentos económicos específicos en los sectores financieros, residencial, industriales, agro ganadería, entre otros”.
Dijo que están atentos a que se defina el futuro de estos incentivos específicos, mientras que otros países -según él- están otorgando beneficios similares.
La ley ha sido duramente cuestionada porque se ha advertido que permite que el Estado (es decir, los ciudadanos) reembolsen a los inversionistas la totalidad del dinero que invirtieran.
El gobierno de Laurentino Cortizo, que la ha defendido, prometió reformas con el supuesto propósito de reducir el incentivo fiscal. Fue así que surgió el proyecto de ley 789.
Pero en el proyecto aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional quedó consignado que quienes ya cuenten con la “autorización” o registro de la SMV, podrán gozar del beneficio fiscal que establece la Ley 122, es decir, con el 100% de la exoneración fiscal.
Hace poco, un grupo de profesionales, políticos y exfuncionarios firmaron una carta abierta dirigida al presidente Cortizo, en la que piden que se abstenga de sancionar el proyecto y advierten que “es un atentado contra la seguridad económica y la tranquilidad social del país”.
