Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y sus accionistas, con la excepción de CUSA han interpuesto cinco arbitrajes contra el Canal de Panamá relacionados con el contrato de diseño y construcción del tercer juego de esclusas, los cuales tienen sede en Miami, Estados Unidos y se conducen conforme al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
La española Sacyr, integrante del grupo que mantiene el litigio con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), ha actualizado en sus cuentas el valor de lo que cree que puede recuperar en los pleitos, por una cantidad “razonable” de $1,565 millones. Así lo publicó el pasado 4 de marzo el diario Expansión.
La cifra llama fuertemente la atención, cuando la empresa siempre tuvo una línea dura respecto a los montos que pretendía conseguir del Canal de Panamá.
Hasta el 30 de septiembre de 2023, GUPC y sus accionistas mantienen un proceso en contra de la ACP el llamado arbitraje de perturbaciones, en el cual sus reclamaciones ascienden a $3,567 millones.
Esto significa que han reducido sus expectativas en un 56%, probablemente atendiendo al curso de los arbitrajes ya finalizados.
Las reclamaciones por $3,567 millones constituyen el pasivo contingente de la ACP, resultante de las reclamaciones de los demandantes en relación con el tercer juego de esclusas.
En los estados financieros de la entidad estatal se indica que este pasivo contingente no tiene fondos provisionados.
El contrato del tercer juego de esclusas fue el de mayor cuantía del programa de ampliación del Canal.
Los trabajos de ampliación iniciaron en 2007, un año después de que los ciudadanos aprobaran, a través del referéndum, el desarrollo de los trabajos para el proyecto.
El contrato con GUPC involucró el diseño y construcción de las nuevas esclusas.
El proyecto se completó con varios meses de retraso debido a contratiempos en el desarrollo de la obra, incluso por parte del propio contratista, que el 30 de diciembre de 2013 notificó su intención de suspender los trabajos, si la ACP no hacía efectivo el pago de sus reclamaciones por sobrecostos, en ese momento, de hasta $1,600 millones.
La obra fue entregada por el contratista en el 2016, pero las reclamaciones siguieron su propio curso.
Estatus de disputas
De los cinco arbitrajes que se ha interpuesto, cuatro concluyeron con laudos arbitrales mayormente favorables a la ACP. Las disputas están vinculadas con la ataguía temporal del Pacífico, los anticipos, el concreto, agregados, laboratorios y fallas, y el diseño de compuertas y mano de obra.
En el caso de la la ataguía temporal del Pacifico, en el año 2017, el tribunal arbitral decidió, por mayoría, negar las reclamaciones de los demandantes que ascendían a $194 millones y ordenó pagarle a la ACP más de $22 millones de costos del arbitraje.
También dictaminó que había que reembolsarle a la empresa estatal panameña $900 mil que había pagado en costos de árbitros y personal administrativo.
Desde que se ejecutaba la obra, el entonces administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, advertía que GUPC presentaba reclamos cuyos cálculos eran muy superiores a los estimados. Los consideró inflados.
Con el dinero reclamado por GUPC, incluso, se podría construirse un cuarto juego de esclusas.
En la sucesión de pleitos legales, el 12 de diciembre de 2018, la ACP fue notificada del laudo del arbitraje de los adelantos que determinó que GUPC y sus accionistas deberán repagarle a la ACP.
Se le ordenó al consorcio repagar de inmediato los adelantos vencidos por $847 millones y los $13 millones de intereses.
Panamá también ganó la batalla vinculada con el concreto, agregados, laboratorios y fallas.
En este arbitraje consolidado, los demandantes reclamaban el pago de $430.2 millones y la ACP pedía $319 millones.
El tribunal ordenó a GUPC en septiembre de 2020 el pago de $265.2 millones, menos los montos que la ACP debía pagarle al contratista, como resultado de la variación relacionada con los laboratorios en sitio y los costos relacionados con las excavaciones y concreto bruto adicionales utilizados por condiciones físicas inesperadas encontradas en algunas de las áreas.
Adicionalmente, ordenó el pago a la ACP de $46.2 millones de los costos del arbitraje y el pago a las empresas constructoras de $12.9 millones de los costos del arbitraje relacionados con las fundaciones y los laboratorios.
En el caso de las compuertas y mano de obra, el 11 de mayo de 2023 el tribunal arbitral emitió el laudo final mediante el cual se rechazaron todos los reclamos relacionados con la construcción de las compuertas y los reclamos de los accionistas sobre el retorno de inversión.
En relación con los cuatro reclamos relacionados con el aumento del costo de la mano de obra, luego de rechazar dos de estos reclamos en su totalidad, el tribunal hizo lo que denominó una “declaración limitada”, con respecto a uno de los reclamos.
Se indicó que GUPC podría tener derecho a un monto aproximado de hasta $34.9 millones, sujeto a que el tribunal arbitral determine en el pleito de las perturbaciones -que está en curso- que sus reclamaciones sobre la extensión de tiempo sean admisibles.
También se ordenó a los demandantes pagar a la ACP $20.6 millones.
El último de estos arbitrajes, el de las perturbaciones en el cual los demandantes reclaman el pago de $3,567 millones, sigue abierto.
Ahora que el consorcio ha aterrizado sus expectativas, reduciendo lo que espera recuperar, se ha conocido que a lo interno de la ACP se sigue pensando es un monto injustificado.
“La ACP considera que cuenta con defensas meritorias en todos estos reclamos y se defenderá enérgicamente”, indica su reporte financiero al cierre del año fiscal 2023.
