La Corte de Apelaciones del undécimo circuito de Estados Unidos se negó el pasado viernes a anular dos laudos arbitrales que solicitó Grupo Unidos por el Canal, S.A. (GUPC) y que le habían obligado a pagar $285 millones a la Autoridad del Canal de Panamá.
Se trata del reclamo sobre concreto y basalto para construir el tercer juego de esclusas que el Tribunal Arbitral había fallado a favor del Canal de Panamá, pero que GUPC pidió a la Corte que los laudos fueran anulados. Aunque el Tribunal Arbitral era la última instancia, GUPC apeló alegando que algunos de los árbitros habían coincidido en otros casos anteriormente y no lo habían declarado.
La información aparece en un registro de la Corte y se reporta en algunos medios periodísticos internacionales. Este caso es parte del grupo de reclamos que el consorcio ha llevado a arbitraje, casi desde que comenzó la construcción del tercer juego de esclusas, tal como lo permitía el contrato que se adjudicó luego de la licitación convocada por la Autoridad del Canal de Panamá.
En 2009 GUPC, liderado por la española Sacyr S.A. en conjunto con Webuild, S.P.A. (hoy Salini Impregilo), la belga Jan de Nul, N.V. y la panameña Cusa, fue contratado por 3 mil 118 millones de dólares por la Autoridad del Canal de Panamá para diseñar y construir el tercer juego de esclusas, trabajo que debió concluir en octubre de 2014. Este contrato fue el de mayor cuantía del proyecto de ampliación del Canal, que además de las nuevas esclusas incluía otros trabajos para los cuales se contrató a otras empresas. El proyecto de ampliación del Canal se presupuestó en $5 mil 250 millones.
El consorcio GUPC entregó el tercer juego de esclusas en operación el 26 de junio de 2016, con algunos acabados pendientes que completó posteriormente.
El sitio web Halcones y Palomas, que reporta noticias bursátiles de Colombia, Brasil, Perú, México y Chile, al referirse a la decisión de la Corte de rechazar la anulación de los laudos que pidió GUPC, describe que el arbitraje se llevó a cabo durante cinco años. El proceso incluyó más de 3,500 páginas de alegatos, 78 testigos de hecho, 63 peritos, más de 3,500 exhibiciones, una audiencia de méritos de 20 días, y alrededor de 1,290 páginas de escritos posteriores a la audiencia. El 21 de septiembre de 2020, el Tribunal emitió un laudo parcial, que abordó la responsabilidad y las principales determinaciones de daños.
Argumentos
El caso en que el consorcio pedía la anulación de dos laudos de la Corte Internacional de Arbitraje de la International Cámara de Comercio pasó entonces a la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito. GUPC comenzó por cuestionar la imparcialidad de los árbitros, “por primera vez desde que comenzó el arbitraje cinco años antes” y solicitó divulgaciones adicionales de cada uno de los árbitros de “cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la independencia [de los árbitros] a los ojos de cualquiera de las partes o que pudiera dar lugar a dudas razonables sobre su imparcialidad”, cita Halcones y Palomas.
Señala que el consorció impugnó su imparcialidad ante la Corte Internacional de Arbitraje que no encontró ninguna base para la remoción y rechazó las objeciones. “El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida concluyó que Grupo Unidos confirmó la denegación y decidió la confirmación de los laudos”, indica la publicación.
Indica que el tribunal escribió que “no hay indicios en este expediente de que Grupo Unidos no haya tenido una oportunidad sólida de presentar pruebas y confrontar las pruebas de la otra parte”.
Ahora, añade, en esta apelación la parte perdedora del arbitraje internacional tampoco pudo obtener la anulación, después de que Grupo Unidos por el Canal, S.A., recibiera dos laudos opuestos que ascienden a más de 250 millones de dólares por sus trabajos de construcción en el Canal de Panamá.
