El nuevo presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Temístocles Rosas, advirtió de que se están viendo amenazadas la libre empresa y la estabilidad social del país.
Lo dijo en su primer discurso como presidente del gremio, al tomar posesión del cargo en relevo de Elisa Suárez, en un acto celebrado ayer martes.
Con sus palabras, Rosas hacía referencia al tono de las discusiones en la mesa única del diálogo y a las medidas adoptadas por el Gobierno en virtud de los acuerdos alcanzados con los grupos que lideraron las protestas, que se basan en fijar precios tope de productos, establecer márgenes de comercialización y más subsidios, además de asumir el Estado un rol protagonista en la cadena de distribución.
“Cuando hablamos de fijación de precios, de ganancias, de intromisión en el comercio de las empresas, definitivamente estamos viendo afectada la libre empresa”, comentó a este diario al término del acto de toma de posesión.
Rosas lamentó que decisiones de este tipo se estén dejando en manos de personas “que no tienen claro cómo es el manejo de las empresas”, además de señalar que de esta manera no se logrará una solución. “Puede ser un paliativo de unos cuantos días, pero a la larga no vamos a resolver el problema”, sostuvo.
En ese sentido, advirtió de que hay “movimientos radicales” que pretenden hacer cambios estructurales en el modelo económico, que “serán más perjudiciales que lo que se pretende resolver”.
Reconoció que existe inequidad en el país y que se requieren cambios para que el acceso a alimentos y medicamentos sea más conveniente para todos. No obstante, puntualizó que “este interés no debe ser fundamentado en el control de precios y en el perjuicio a la empresa privada”.
Como han hecho otros líderes de gremios empresariales, reclamó un espacio en la mesa de diálogo para el sector productivo. “Las medidas deben discutirse y revisarse con la participación de todos. Deploramos en este momento que el diálogo nacional que se lleva a cabo en Coclé sea un diálogo excluyente y por ello insistimos que, sin la participación del sector productivo, lo que ahí se acuerde carecerá de validez”.
Licenciado en finanzas, contabilidad y administración bancaria, Rosas se ha desempeñado en el sector público, como vicepresidente de Administración y Finanzas de Tocumen, S.A, y en el privado, como socio fundador de la firma Consulting Plus, entre otros cargos.
En su discurso, reclamó mayor transparencia y un mejor uso de los fondos públicos. “La percepción de corrupción y el inadecuado manejo de los recursos del Estado está minando las condiciones de nuestro país”. Dijo que la corrupción se siente en las actividades que se hacen diariamente, además de reseñar la “molestia” que causa el abuso de los recursos del Estado.
Se refirió al incremento de la planilla estatal, producto de una contratación de carácter político y clientelista, que “lacera las finanzas del Estado”.
Dijo no encontrar explicación para que la Asamblea Nacional tenga elevados presupuestos. “No se entiende en qué se va a gastar $200 millones un órgano del Estado que está para legislar y no para nombrar funcionarios. Ahí tiene que haber un cambio de actitud”.
Reclamó, por tanto, un manejo más austero de las cuentas públicas y que los planes de contención anunciados por el Gobierno sean medibles, de manera que se puedan verificar los eventuales ahorros.
De manera paralela, mostró preocupación por el incremento de la deuda pública, particularmente notable durante esta administración. Reconoció que para atenuar los efectos de la pandemia era necesaria la contratación de deuda y que el país tenía las condiciones para acceder a fondos en términos convenientes.
Sin embargo, cuestionó el uso que se hizo de la misma: “Debió ser utilizada para el impulso de las actividades económicas, la ejecución de proyectos gubernamentales y el fortalecimiento del empleo en el país. Hoy día la contratación de deuda está compensando gastos de funcionamiento, pago de planillas y subsidios... Es un grave error que la deuda se esté utilizando para gasto corriente”.
Sobre el gasto en subsidios, que se disparó a consecuencia de la pandemia y ante la ausencia histórica de políticas de revisión y priorización, Rosas dijo que aquellos programas que surgieron para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria deben tener una fecha de finalización.
Si a los subsidios existentes se suman los que se están aprobando a raíz de la mesa de diálogo se puede llegar a una situación de insostenibilidad, sostuvo.
También advirtió de los riesgos para las finanzas públicas y la economía de no tomar decisiones respecto al programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguros Social (CSS), del que se nutren las pensiones de los jubilados.
Dijo que la institución “no debe verse como el espacio personal de nadie” y que la difícil situación financiera que atraviesa requiere que no se deje pasar más tiempo para encontrar una solución que garantice la sostenibilidad del programa de pensiones, cuyas reservas se agotarían en los próximos años si no se toman medidas al respecto. “Si no hacemos nada, cuando se presente la crisis de pago de las pensiones, lo vamos a lamentar”, vaticinó.
