El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) falló a favor del Ministerio de Gobierno (Mingob) en la disputa legal con la empresa IBT Group Panamá por la construcción de la nueva cárcel de mujeres en Pacora, Panamá este, a un costo de $26.7 millones.
Luego de tres meses de batalla legal, IBT Group Panamá quedó inhabilitada para suscribir contratos con el Estado por un periodo de tres años. Esta sanción equivale a la cuantía de 4.2 millones de dólares por perjuicio económico ocasionado al Estado panameño en “su desinterés” en finalizar el proyecto que se adjudicó el 29 de marzo de 2017, detalla la Resolución Nª074-2020 del 7 de abril de 2020 emitida por el TACP.
El consorcio Cefere Panamá, integrado por las empresas IBT Group e International Business and Trade, LLC. (ahora denominada IBT, LLC) firmó en junio de 2017 un contrato con el Mingob para el estudio, diseño, construcción y equipamiento del nuevo Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere), en Pacora Panamá Este.
Han pasado tres años de la firma de ese contrato y la obra solo registra un avance del 35% y de conformidad con el último cronograma de ejecución, el proyecto debería contar con un 78% de avance, según inspecciones de campo del Mingob.
Durante los 25 meses de ejecución del proyecto, contados a partir del 8 de junio de 2017, “IBT no ha presentado un cronograma de ejecución de la obra en debida forma, es decir, de manera correcta, coherente y en los tiempos establecidos”, alegó la entidad estatal para tomar la decisión de rescindir el contrato con el consorcio Cefere.
La entidad también hace referencia a que IBT Group abandonó la obra el 5 de julio de 2019, sin su autorización.
La empresa alega que los incumplimientos en el Cefere “se deben a la falta de recursos económicos del Ministerio de Gobierno”.
Según representantes de IBT Group Panamá, el Mingob les debe $1.2 millones en trabajos que no estaban en el contrato y $1.8 millones en facturas presentadas, para un total de $3 millones.
Aunque IBT Group, apeló y presentó un expediente con 25 “pruebas” en las que sustenta los retrasos que provocaron los “incumplimiento”, el TACP le dio la razón al Mingob.
“Mal puede entrar este Tribunal a ponderar si la actuación del Ministerio de Gobierno conlleva a un feliz término del contrato, cuando el contratista ha fallado en aportar en debida forma el endoso de la fianza, enarbolando con ello su propio desinterés en cumplir con los términos del contrato de obra...”, sustenta la resolución del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas publicado en el portal Panamá Compras.
Según el veredicto del Tribunal, en el contrato y previamente en el pliego se establecieron cláusulas que debían ser cumplidas por quien ejecutaría la obra y no se cumplieron. Es por ellos, que consideran que no es responsabilidad de la entidad estatal, sino de la empresa IBT Group el incumplimiento en la culminación de la nueva cárcel de mujeres.
El veredicto de Tribunal estuvo a cargo de Diógenes De La Rosa Cisnero, magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
