Después de tres años de haber sancionado un primer proyecto de ley para financiar estructuras hoteleras a punta de créditos fiscales y haber discutido otras dos iniciativas legislativas, en las que supuestamente se intentó reducir los beneficios que se otorgaban, la Asamblea Nacional quedó nuevamente en el mismo lugar en el que empezó.
Los diputados han revivido el privilegio de otorgarle a los empresarios entre el 60% y el 100% del monto invertido en la construcción de hoteles fuera de los límites de la ciudad de Panamá.
El lunes 6 de febrero la Asamblea Nacional aprobó por insistencia el proyecto de ley que blinda los cuestionados créditos fiscales en las inversiones turísticas.
Se aprobó por insistencia habiendo transcurrido poco más de un mes del veto del presidente Laurentino Cortizo, cuando el pasado 29 de diciembre de 2022 la Asamblea recibió una correspondencia en la que el mandatario advertía que había encontrado “razones de inconveniencia que me permiten objetarlo en su conjunto”, refiriéndose al proyecto 888.
A través de dicho proyecto se permite que las sociedades o personas naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas con proyectos fuera del distrito de Panamá, reciban un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas. Veamos cómo y porqué.
Este último proyecto intentó disfrazar el mencionado alcance del incentivo fiscal, al indicarse que con el fin de incentivar la inversión y el financiamiento para el desarrollo de nuevos establecimientos de hospedaje público turístico o ampliaciones, se reconocerá como crédito fiscal el 60 % del valor total del proyecto declarado ante la Autoridad de Turismo de Panamá, excluyendo el valor de la finca y la infraestructura del plan maestro, más un 5% del valor a reconocer de la infraestructura del plan maestro, declarada ante la Autoridad de Turismo de Panamá.
Pero al mismo tiempo se advierte que aquellas empresas turísticas o de inversión que se presentaron ante la Superintendencia el Mercado de Valores antes del 30 de julio de 2022, se les concederá el crédito tal cual indica el parágrafo transitorio del artículo 9 de la Ley 80 de 2012, modificado por la Ley 314 de 2022.
Esto no quiere decir otra cosa que se les reconocerá un crédito fiscal por el 100% del valor total del proyecto declarado a quienes cuenten con el respectivo estudio de impacto ambiental y la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores para el registro de la oferta pública de los bonos, acciones y demás instrumentos financieros, sean emitidos por la empresa turística o por una sociedad de inversión inmobiliaria.
Tendrán igual trato quienes ya cuenten con la resolución de reconocimiento de crédito fiscal emitida por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
En el caso de que haya una resolución de reconocimiento del crédito, hay quienes opinan que no habría forma de ignorar el mencionado beneficio apelando a la seguridad jurídica, pero sería una situación muy distinta para quienes apenas inician un trámite que no da derecho a nada.
Hasta octubre de 2022 había 39 proyectos certificados por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) por un total de $2,967 millones. Habría que ver cuántos finalmente se consolidan y terminan presentándose en el mercado de valores, dado que el Estado asume el sacrificio fiscal de la inversión que se realiza.
Antes de pasar por el veto presidencial y la insistencia de la Asamblea, el abogado Carlos Barsallo había indicado a este diario que el proyecto de ley 888 estaba reproduciendo el efecto íntegro de dos leyes anteriores.
Ahora precisa que “estamos donde comenzamos. Ejecutivo sin votos en Asamblea para derogar incentivos y una Asamblea con votos para aprobar por insistencia”.
Le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia tener la última palabra en este tema.
Podría declarar el proyecto inconstitucional en su totalidad o los artículos que le parezcan, según la mirada del jurista Rodrigo Noriega, quien advierte que no hay un tiempo determinado en el que deba tomar su decisión.
En el terreno legal, los créditos fiscales a las inversiones turísticas tienen una historia reciente.
El abogado Ramón Ricardo Arias demandó la Ley 80 de 2012, pero como la Asamblea derogó la norma, tras aprobar la Ley 314 de 2022, la Corte no entró en el fondo y reinó la sustracción de materia.
Arias, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y presentó una nueva acción de inconstitucionalidad, con el objetivo de que se derogue el artículo 1 de la Ley 314 de 2022, que modificó los incentivos fiscales al turismo.
El argumento en ambas demandas ha sido el mismo: los incentivos fiscales al turismo violan la Constitución porque afectan el presupuesto del Estado, sin establecer rentas sustitutivas y sin contar con un informe previo favorable de la Contraloría General, como exige el artículo 276 de la Carta Magna.
Barsallo, por su lado, recordó que la Ley 314 está vigente hasta tanto no se sancione y promulgue como lo dispone el artículo 170 de la Constitución, el proyecto de ley 888.
Dijo que la Corte no debería declarar nuevamente sustracción de materia en la segunda demanda presentada por Arias, por lo que - de haber voluntad- podría esperarse un fallo en el fondo, si es que fallase antes de la promulgación de la nueva ley.
La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) y la Cámara Panameña de Turismo (Camtur) mantienen su posición de que la ley de incentivos turísticos no atiende las necesidades del sector.
Raúl Jiménez, presidente de Apatel, comentó que el gremio mantiene la misma postura desde julio del año pasado, cuando se solicitó al presidente Cortizo que derogara la iniciativa aprobada por los diputados.
En esa ocasión el gremio hotelero indicó que la legislación fue aprobada sin contar con el consenso del sector turístico, además que nunca se presentó la justificación económica requerida constitucionalmente para reemplazar los ingresos futuros comprometidos por esta ley.
“La mencionada ley es resultado de una motivación apresurada y, que frente al delicado momento actual que vive el país, constituye un obstáculo para la concordia nacional”, sostiene el gremio.
Por su parte, el presidente de Camtur, Ovidio Díaz, dijo que “el sector turístico sí necesita incentivos, se necesitan más habitaciones en el interior del país, pero la ley tal como fue aprobada por la Asamblea solo beneficia a un solo segmento”, comentó.
Se intentó obtener reacciones del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen, sobre la insistencia de los diputados, pese al vetó de Cortizo, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta del funcionario.
