La Caja de Seguro Social (CSS) intentó contratar plantas de oxígeno por $101.2 millones como si se comerciara a través de un proceso fast track: por la vía rápida.
El llamado a participar a las empresas a través de una licitación pública se hizo en febrero pasado, y se pretendía que los interesados entregaran sus propuestas en abril. Es decir, apenas dos meses después de la convocatoria, a pesar de que se trataba de una actividad industrial en instalaciones médicas y con componentes altamente técnicos.
Esta fue la primera bandera roja que se levantó entorno al proceso. Y una vez se analizaron las condiciones del futuro contrato, para el cual ya se habían gestionado las partidas presupuestarias, se encendieron más alertas.
La justificación de la CSS era reducir la factura que se paga por el oxígeno médico y lograr autosuficiencia. Sin embargo, en una primera reunión con representantes de las empresas interesadas en la licitación, se aclaró que las plantas de oxígeno solo estarían en 16 de las 71 unidades ejecutoras repartidas en hospitales, centros de salud y policlínicas administradas por la CSS.
Además, se reconoció que el oxígeno que eventualmente se produciría en las plantas no se utilizaría para atender a los pacientes ambulatorios ni a los de urgencia y tampoco los que son transportados en ambulancias.
Por tanto, la CSS sí seguiría dependiendo de empresas externas para darle soporte a los pacientes que necesitaran oxígeno médico de forma ambulatoria.
Un dato fundamental del proceso fue la calidad del oxígeno que se requería según el pliego de condiciones. En los requisitos de la contratación se precisa que el concentrador de oxígeno debe proporcionar una pureza de oxígeno estable mínima del 99%, pero con opción de ajustar dicha pureza hasta 95%.
La laxitud automáticamente preocupó desde el punto de vista médico, cuando la FDA de Estados Unidos y la norma DGNTI-COPANIT 15-77-99, del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá indican que el oxígeno médico debe tener de forma constante 99% de pureza.
Fue así, como la CSS no tuvo más remedio que ir posponiendo el acto público, con la promesa que llenaría los vacíos que se habían descubierto. Al menos cinco veces se cambiaron las fechas de la homologación del pliego de condiciones y la convocatoria, pero los cambios que se prometieron nunca llegaron.
Como último recurso, Enrique Lau, director de la CSS, se ha visto obligado a cancelar el acto público que tenía como fecha de entrega de propuestas el próximo 4 de agosto, prometiendo, ahora “realizar una revisión integral del pliego de cargos, en atención a consultas y observaciones planteadas por los interesados en participar en el mismo”. Ese paso no sería espontáneo.
Presión externa
La cancelación del proceso de licitación se dio el 14 de julio, dos días después que la Corte Suprema de Justicia ordenó a la CSS que entregara información sobre el proyecto para la instalación de plantas de oxígeno.
Así se resolvió un recurso de habeas data presentado por la firma de abogados Caicedo y Asociados.
Ya cancelado el acto público, el 18 de julio Lau entregó el informe técnico y de factibilidad que solicitó la firma de abogados.
La justificación de la CSS en ese documento es que dependen de un solo proveedor del suministro de oxígeno y que resulta costoso. En el país hay tres empresas en el negocio, pero solo una produce el oxígeno localmente.
Aceti-Oxígeno es el productor local, con más de 70 años en el mercado, pero también participan con importaciones otras dos empresas: Linde y Gaspro.
La CSS alega que el precio por metro cúbico de oxígeno se disparó en los últimos años, con lo cual resulta más económico instalar plantas de oxígeno que seguir comprando el medicamento a un proveedor.
En este caso, hacen una proyección de gasto que resulta en $439.8 millones en la compra de oxígeno a un proveedor durante 15 años, mientras que la entidad se estaría gastando $258 millones en igual periodo con las plantas que pretende montar.
No se entiende en el estudio de factibilidad si los cálculos se hacen sobre la totalidad de las compras a los proveedores que suplen a 71 hospitales y a los pacientes ambulatorios, comparado con el costo estimado únicamente en las 16 unidades ejecutoras en donde operarían las plantas. Una diferencia de este tipo cambiaría por completo los cálculos. Además, los que están en la industria alegan que los cálculos se están haciendo sobre la base de un precio por metro cúbico que les resulta exagerado e irreal.
De hecho, alegan que el precio actual ni siquiera es el que se indica en el estudio de factibilidad, que en 2023 se situó en $5.03 por metro cúbico, cuando en realidad el promedio es de $4.03. Varias ordenes de compra a las que tuvo acceso este diario corroboran compras hasta en $3.85.
Además, se advierte que el precio actual podría ser más bajo si la CSS adoptara las prácticas de los hospitales privados, al tratarse de contratos por 5 o 10 años.
En el caso de la CSS, cada hospital o policlínica estaría haciendo las compras de forma individual por cortos periodos. Además, la entidad paga tardíamente, por lo que el precio del medicamento tiene un costo de financiación.
Por otro lado, en el estudio de factibilidad se advierte que la vida útil de los equipos que se instalarán será de 15 años, mientras que la garantía de tan solo 5 años.
Al sexto año, cuando se termine de pagar la instalación y puesta en marcha de las plantas de oxígeno, éstas quedan bajo la responsabilidad absoluta de la CSS.
Los entendidos alegan que el tamiz molecular es la pieza más importante de los equipos. Mientras más contaminantes se encuentren en el aire, más corta es su vida útil. En Panamá, apenas dura 5 años.
En medio de las dudas del proceso, la CSS calcula que una vez se termina de pagar la inversión a, el valor del metro cúbico de oxígeno caerá a $3.26, lo que representa un ahorro, comprado con que la tarifa de $5.72 que calculan según el servicio que brindaría un tercero.
