Entre los nuevos artículos propuestos la noche del viernes 17 de enero, en el primer bloque de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), está uno relacionado con la fianza de impugnación para evitar perjuicios en las contrataciones de la entidad y que fue presentado en consenso por los diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.
En total, los comisionados lograron consenso en 39 artículos del primer bloque, enfocados en temas de transparencia y gobernanza. Sin embargo, en esta sesión se incluyeron siete artículos nuevos, destacando uno relacionado con el incremento de las fianzas de impugnación de los contratos de la CSS, que pasaría de un 15% a un 30%.
Este nuevo artículo propuesto establece que “cuando un interesado solicite la suspensión de los efectos de un acto relacionado con la contratación pública en la CSS, deberá presentar una fianza de impugnación equivalente al 30% del precio oficial estimado del acto”.
Según la nueva medida introducida en la reforma de la CSS, “esta busca garantizar que cualquier impugnación no cause perjuicios al interés público, además de estipular que, en caso de una decisión desfavorable por parte de la Corte Suprema de Justicia, el monto de la fianza ingresará al patrimonio de la Caja del Seguro Social”.
Precisamente, el artículo 116 de la Ley No. 22 de 2006, que regula la Contratación Pública y crea la Dirección General de Contrataciones Públicas, establece una fianza de recurso de impugnación por un monto equivalente al 10% del precio de referencia.
Para Gina Herrero, expresidenta de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), gerente general de Aliado Seguros y especialista en fianzas, el monto del 30% de fianza de impugnación para los actos de la CSS, establecido en el nuevo artículo, no es un porcentaje realmente alto, “si consideramos la sensibilidad de los actos públicos que lleva a cabo el Seguro Social, sobre todo con los medicamentos”.
Herrero manifestó que se causa mucho daño cuando estos actos se impugnan sin motivo formal. De esta manera, se asegura que los proponentes tengan un sustento muy fuerte, porque, de no ser así, perderían el monto de la fianza.
La expresidenta de Apadea destacó que, actualmente, la Ley 22 de 2006 contempla estas medidas, con porcentajes de un 10% para bienes y servicios y un 15% para obras. Mientras tanto, “ellos (CSS) están estableciendo un 30% para las licitaciones del Seguro Social debido a la sensibilidad del tema”.
Por su parte, Emma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd), dijo estar de acuerdo con la medida, sobre todo porque ese tipo de impugnaciones muchas veces dilatan actos públicos que son tan importantes para los pacientes.
No obstante, Pinzón también considera que es importante que los pacientes organizados puedan tener derecho a impugnar, pero sin el pago de la fianza del 30%, aspecto que no está incluido en la nueva propuesta.
“También es importante que nosotros, los pacientes, tengamos el derecho a poder impugnar sin pago de fianza y con la presentación de pruebas debidas, en los casos en que se esté lesionando la calidad de lo que se está comprando, lo que al final perjudicará la salud del paciente”, afirmó.
Es importante destacar que todos estos procesos y licitaciones sean realizados de forma transparente y sin favoritismos. De lo contrario, se estaría limitando la competencia con las reglas originales y en el proceso de reclamo.
El debate de las reformas a la CSS será retomado en la Comisión de Trabajo este lunes 20 de enero, para aprobar en primer debate el primer bloque de las reformas.
De igual forma, se pasaron al segundo bloque cuatro artículos para su revisión, relacionados con temas como la cotización mínima y el pago de cuotas para los trabajadores independientes.
