Los ingresos corrientes del gobierno central registraron un crecimiento de $531.4 millones o 18.9% en el primer semestre del año, impulsados por la reactivación de la economía tras el fuerte parón ocasionado por las restricciones impuestas por el Ejecutivo durante la pandemia.
La recaudación, no obstante, no llega a la meta prevista en el presupuesto, un reflejo de los elevados niveles de recaudación a los que aspira el Gobierno este año, que debe reducir el déficit fiscal hasta un 4% del producto interno bruto, desde el 6.7% de 2021.
Los ingresos corrientes totalizaron $3,344 millones en los seis primeros meses del año, informó la Dirección General de Ingresos (DGI). La cantidad se acerca, aunque no llega, a los $3,385 millones recaudados en el mismo periodo de 2019, el ejercicio anterior a la pandemia.
El abogado tributarista Javier Mitre explicó que el mejor resultado respecto a 2021 refleja el incremento que ha conllevado la apertura de las actividades.
La mayor parte de la recaudación procede de los ingresos tributarios, que totalizaron $2,689.9 millones, un aumento del 25.8% en comparación con el ejercicio anterior, con alzas tanto en los impuestos directos como en los indirectos.
El tributo que marca mayor ritmo de crecimiento es el impuesto sobre la renta que pagan las empresas, con un aumento del 80.7%.
Mitre explicó que el impuesto sobre la renta que se paga en un ejercicio refleja la actividad del anterior. Así, en 2021 la contribución de las empresas se vio reducida tras un año 2020 muy afectado por la pandemia. Este 2022, en cambio, la recaudación recoge la mayor actividad registrada en 2021, con la reapertura de actividades.
Completada la primera mitad del año, los ingresos crecen, pero no lo suficiente para alcanzar las metas presupuestarias.
Para el periodo, se había previsto la recaudación de $3,497.8 millones, de manera que se registró un déficit de $153.6 millones o 4.4% respecto al presupuesto.
Un ejemplo claro de esta tendencia se observa en el comportamiento del impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms), considerado un termómetro del consumo.
En la primera mitad del año, la recaudación del Itbms sobre las ventas fue de $417.3 millones, cifra que refleja un aumento del 36.4% cuando se compara con el mismo periodo del año anterior, pero que se queda corta en 16.6% respecto a lo presupuestado.
El economista Ernesto Bazán señala que el rebote de la economía en 2021, que terminó creciendo a una tasa del 15.3%, pudo llevar a que el Gobierno hiciera una estimación muy elevada de los ingresos para este ejercicio.
Punto de inflexión
Los resultados registrados hasta junio se produjeron en una economía en recuperación y operando en una situación de cada vez mayor normalidad, una tendencia que se truncó en julio y que hace que el mayor desafío para el cumplimiento de las metas de ingresos y el resto de métricas fiscales se presente en la segunda mitad del año.
Bazán dijo que “se produjo un punto de inflexión que ha tenido un impacto en el comercio, en los negocios y en la actividad productiva”, lo que incidirá en el desempeño del producto interno bruto.
El comentario hace referencia a la ola de protestas que protagonizaron distintos grupos sociales reclamando el abaratamiento del costo de la vida y un mejor manejo de los fondos públicos, con el cierre de calles y de las principales arterias de comunicación del país, lo que paralizó la cadena de suministro, generando desabastecimiento y pérdidas millonarias a la economía.
Esa merma en la actividad se termina traduciendo en los ingresos que recibe el fisco. Mitre explica que en el caso del Itbms habrá un efecto inmediato. Dijo que las empresas que se vieron afectadas por el cierre de calles en julio reportarán menos Itbms en agosto.
Bazán dijo, además, que la eliminación de aranceles de importación a determinados productos, como aprobó el Gobierno tras los acuerdos alcanzados en la mesa del diálogo, tendrá también un efecto negativo en la recaudación.
Mientras, en el lado del gasto, hay mayores compromisos de gasto por parte del Gobierno, a través de subsidios para abaratar el precio de los combustibles y alimentos.
Bazán habla además de un clima de inversión enrarecido por los cierres, las protestas y las decisiones aprobadas que extienden medidas hacia los controles de precios y de márgenes de comercialización.
Estos factores ponen presión sobre las cuentas del Gobierno para lograr ceñirse este año al 4% de déficit fiscal previsto en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, como ya han advertido las agencias de calificación de riesgo.
El déficit surge cuando los gastos del sector público superan los ingresos, y la diferencia se debe financiar con deuda.
Tras los últimos movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos, las tasas de interés están subiendo y se prevé que lo sigan haciendo en los próximos meses. De manera que mayor déficit supondría mayor contratación de deuda. De una deuda que sería, además, más costosa.
