Los ingresos corrientes del gobierno central sumaron $4,933.4 millones entre enero y septiembre, cifra que representa un aumento de $662.6 millones o 15.5% sobre los $4,270.8 millones que se recaudaron en el mismo periodo del año anterior, según figura en un informe de la Dirección General de Ingresos (DGI).
El incremento, sin embargo, es insuficiente para alcanzar la cifra que el propio Ejecutivo había previsto para este periodo.
En concreto, el déficit respecto del presupuesto es de $395 millones, es decir, un 7.4% menos que los $5,328.4 millones que se habían estimado.
La brecha entre lo presupuestado y lo recaudado se ha ido ampliando en los últimos meses, lo que refleja lo ambiciosas que eran las expectativas establecidas por el Gobierno en su planificación financiera.
En comparación con el año pasado, el crecimiento es elevado, lo que se explica por los mayores niveles de actividad económica tras el impacto provocado por las restricciones impuestas por el Gobierno durante la pandemia.
En 2021, la recaudación aún estaba afectada por dos vías: por las restricciones a los negocios y a la movilidad, principalmente en la primera fase del año, y por el hecho de que hay impuestos que se pagan en virtud de la actividad de las empresas durante el ejercicio anterior.
Por lo tanto, en la recaudación de 2021 se sintieron los efectos de los prolongados cierres de negocios ordenados en 2020, cuando se originó la pandemia.
De los distintos tipos de ingresos, los tributarios representan la principal fuente de recursos para el gobierno central, con una recaudación total hasta septiembre de $3,930.6 millones, un aumento de 22.3% cuando se compara con el mismo periodo del año anterior.
Los impuestos a la renta, los que más recaudación generan, totalizaron $1,929.8 millones, un aumento de 27.7% cuando se compara con el ejercicio anterior y en línea con lo que se había presupuestado.
El incremento viene dado por el pago del impuesto de la renta que efectúan las empresas, en un entorno de mayor actividad, mientras que el impuesto sobre la renta que pagan las personas naturales crece, pero a un ritmo más moderado.
Aunque su peso específico es menor, el impuesto de inmuebles también refleja este año un comportamiento positivo, con una recaudación de $116.6 millones, un 11.9% más que el año pasado y un 41.1% por encima de lo presupuestado.
En los impuestos indirectos, por su parte, se presenta un amplio espacio entre lo recaudado y lo presupuestado.
Las cifras de la DGI reflejan que hasta septiembre se generaron $1,669.6 millones, casi $225 millones menos de lo previsto.
Dentro de los indirectos el principal tributo es el impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms), que generó una recaudación de $606.7 millones hasta septiembre, una cifra que supera en $106.7 millones o 21.4% el resultado del ejercicio anterior, pero se queda corta por $172.6 millones o 22.1% en comparación al presupuesto.
Un comportamiento similar registran el impuesto selectivo al consumo, que mejora el resultado del año anterior, pero no cubre el presupuesto, mientras que la recaudación del impuesto al combustible fue inferior al año pasado y tampoco alcanzó las cifras previstas.
Los impuestos indirectos son un reflejo del comportamiento del consumo, y una primera lectura que se puede hacer de los mismos es que la recaudación vinculada al consumo crece al compararse con el año anterior, pero no lo suficiente para cubrir las expectativas iniciales del Gobierno.
El abogado tributarista Javier Mitre se refirió además a la posibilidad de que haya casos de retención indebida, es decir, que algunos establecimientos cobren el Itbms a los consumidores y luego no lo reporten a la autoridad.
La DGI ha efectuado a lo largo del año varios operativos en comercios para fiscalizar el cumplimiento de las exigencias tributarias.
También ha avanzado la implementación de la factura electrónica, sistema que facilita la fiscalización del cumplimiento tributario.
Por su parte, los ingresos no tributarios registran una caída de 3.9% o $38.2 millones en comparación al ejercicio anterior y de 13.1% o $142.4 millones respecto al presupuesto.
En este grupo la recaudación se elevará sustancialmente en la última parte del año, cuando el Gobierno reciba los dividendos del Canal de Panamá.
Consultado sobre las expectativas para lo que resta del año, Mitre señaló que habitualmente los meses de noviembre y diciembre generan un mayor movimiento económico y eso debe animar la recaudación tributaria, pero vaticina que no sería suficiente para cerrar la brecha en relación al presupuesto.
En su última acción de calificación, la agencia Moody’s Investors Service se refirió a la ausencia de un plan integral para apuntalar los ingresos del gobierno, situación que podría hacer más difícil en los próximos años el cumplimiento de los objetivos de déficit marcados en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Renzo Merino, vicepresidente y analista senior del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, comentó que en los últimos años los ingresos tributarios han ido cayendo en comparación con el producto interno bruto (PIB) y que también han observado que en la mayoría de los ejercicios los ingresos corrientes no han alcanzado las expectativas plasmadas en los presupuestos.
Merino observa que la estructura tributaria de Panamá está muy vinculada a los vaivenes de la economía. Hacia adelante, si esa situación se mantiene y el ritmo de crecimiento económico es menor al esperado, se va a seguir repitiendo la condición de que los ingresos no crecen tanto como se presupuesta.
Para este año, el límite de déficit fiscal plasmado en la ley es de 4% del PIB, lo que supone un margen menor desde el 6.7% del ejercicio anterior. Las agencias han señalado que existen retos para el cumplimiento de la meta fiscal este año, por una creciente presión en el gasto público, por ejemplo, a través del aumento de subsidios a raíz de las protestas de julio.
Los ingresos, mientras tanto, crecen pero no lo hacen al ritmo que esperaba el Gobierno, aunque también es cierto que habitualmente el presupuesto no se ejecuta por completo.
El grueso de los aportes del Canal de Panamá al Tesoro Nacional debe ayudar a reducir el desbalance de unas cuentas públicas que serán nuevamente deficitarias este año.
Merino dijo que el Gobierno tendría además espacio para hacer ajustes en el gasto de capital en caso de ser necesario, aunque también recordó que la reducción de ese tipo de gasto podría afectar al crecimiento económico.
