Los ingresos del gobierno central iniciaron el año 2023 con números negativos. En el periodo entre enero y abril, los ingresos corrientes en efectivo totalizaron $1,908.3 millones, cifra que representa un déficit de $363.7 millones o 16% cuando se compara con lo que se había presupuestado para el mismo periodo del año, según se puede apreciar en un reporte de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Mientras, la recaudación de 2023 supone una caída de $295.9 millones o 13.4% cuando se compara con el mismo periodo del ejercicio anterior.
Los ingresos tributarios representan la mayor parte de las entradas del gobierno central, aportando el 83% del total de los ingresos corrientes. En los cuatro primeros meses del año, la suma de los ingresos tributarios fue de $1,575.9 millones, cifra que está por debajo del ejercicio anterior y de lo presupuestado.
El director general de Ingresos, Publio de Gracia, explicó que el principal motivo de la caída se debe a la extensión hasta el 13 de enero de 2023 del plazo para la cancelación de obligaciones tributarias ante la DGI, que fue aprobado a inicios de año de la mano del proceso de regularización tributaria.
La medida tuvo como consecuencia que los ingresos recibidos en ese periodo de extensión se computaron en el ejercicio fiscal 2022, sacrificando por lo tanto la recaudación de 2023.
Según análisis efectuados por la DGI, la recaudación entre enero y abril incluyendo documentos fiscales estaría por encima del presupuesto.
De Gracia señaló, además, que la economía está creciendo y que el nivel de cumplimiento en el periodo de declaración de rentas de este año ha sido superior al ejercicio anterior.
En lo que resta del año la DGI tiene por tanto el reto de cerrar la brecha de los ingresos, en un ejercicio que tiene una ambiciosa meta de ingresos corrientes de $10,902 millones, de los que $6,538 millones serían tributarios.
Entre las medidas que podrían contribuir a mejorar la recaudación está la implementación de la factura electrónica, que a inicios de mayo contaba con 37,500 usuarios.
La adopción de la factura electrónica se ha ido ejecutando de manera gradual y el pasado 30 de abril comenzó la primera fase de adopción para bancos y otras instituciones financieras.
Para el abogado tributarista Javier Mitre, la implementación de la factura electrónica se debería traducir en un aumento en la recaudación de ingresos, como ha sucedido en otros países que adoptaron la medida anteriormente.
No obstante, el especialista observa retos importantes para la recaudación durante este ejercicio. Dijo que habitualmente en los años preelectorales se reduce la recaudación, en un ambiente de menor presión por parte autoridades fiscales y de expectativa del resultado electoral por parte de los contribuyentes, en un entorno económico que viene recuperándose de la crisis provocada por la gestión de la pandemia.
Esto, mientras las necesidades de ingresos públicos son mayores. Este año, el Gobierno debe reducir el nivel de déficit fiscal para cumplir con los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que baja el techo de déficit del 4% de 2022 a un 3%.
Un mejor comportamiento de los ingresos será clave para cumplir este objetivo sin tener que recurrir a mecanismos como solicitar dispensas a la Asamblea Nacional o diferir compromisos hacia futuros años, como sucedió con el pago de intereses en 2022.
El débil comportamiento de los ingresos ha sido destacado por las agencias de calificación de riesgo en sus últimos comentarios sobre Panamá.
En octubre de 2022, cuando la agencia Moody´s Investors Service cambió la perspectiva de la calificación soberana de Panamá de estable a negativa se refirió a presiones adicionales en el gasto, pero también a la necesidad de apuntalar los ingresos. En concreto, la agencia ha señalado que en los últimos años los ingresos tributarios se han venido reduciendo como proporción del producto interno bruto (PIB), lo que eleva la dependencia de los ingresos aportados por el Canal de Panamá.
Del reducido nivel de ingresos tributarios respecto al tamaño de la economía da cuenta un reciente informe elaborado en conjunto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y el Banco Interamericano de Desarrollo.
En concreto, según los datos de 2021, Panamá es el país de la región con una menor recaudación de ingresos tributarios en relación al tamaño de la economía.
El informe señala que en 2021, el promedio de recaudación tributaria como proporción del PIB en América Latina y el Caribe se situó en el 21.7%, con variaciones considerables entre los países, siendo los porcentajes más bajos los de Panamá (12.7%), Paraguay (14%) y Guatemala (14.2%) y los más altos los de Brasil (33.5%), Barbados (31.9%) y Argentina.
Para Mitre, esta realidad se explica por la existencia en Panamá de una tasa baja en el impuesto a la transferencia de bienes y servicios (7%), a las exenciones y regímenes especiales que existen y a la territorialidad del sistema panameño, que no grava los ingresos generados fuera de Panamá.
Por el contrario, señaló que en el caso del impuesto sobre la renta a las empresas, la tarifa de 25% está en el rango de la región y que esquemas como el Cálculo Alterno al Impuesto sobre la Renta (CAIR) distan mucho de un sistema de baja carga tributaria. Además, dijo que la carga tributaria recae principalmente sobre los asalariados, que además de impuesto sobre la renta pagan seguro educativo y las contribuciones correspondientes a la Caja de Seguro Social.
