La crisis social que atravesó el país, con el cierre de calles y de las arterias de comunicación más importantes, y las decisiones adoptadas a raíz de los acuerdos alcanzados en la mesa única de diálogo tendrían un efecto secundario con incidencia tanto a corto como a largo plazo: un impacto al clima de inversión en el país.
La noticia de los cierres de vías, las protestas y el desabastecimiento de productos fue reportada por los noticieros internacionales, enviando un mensaje que lastra la imagen tradicional de estabilidad de la que ha hecho gala Panamá.
El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Luis Frauca, se refirió a una sensación de falta de gobernabilidad por no haber garantizado el libre tránsito, pero también por el hecho de que un Gobierno no supla necesidades básicas, como educación, infraestructuras, salud o agua, que son necesarias para la población y para la operación de las inversiones.
A juicio del empresario, lo que se debe hacer es mejorar la imagen del país y los sistemas que permitan que la inversión llegue con seguridad. “La seguridad jurídica tiene que ver también con un desempeño del Estado eficiente”, que dé seguridad sobre todos los pasos para concretar una inversión.
Otra fuente de preocupación surge de las medidas adoptadas por el Gobierno a raíz de los acuerdos alcanzados en la mesa única de diálogo.
En un intento por lograr el abaratamiento del costo de la vida, las respuestas han pasado por la aprobación de más subsidios, de controles sobre los precios, los márgenes de comercialización y de un rol del Estado como intermediario en la cadena productiva. Mientras, los grupos que lideraron las protestas reclaman controles sobre las ganancias de las empresas. Todo se resume en una mayor intervención del Estado en la economía.
El economista Luis Alberto Morán señaló a este diario que las medidas entrañan ciertos riesgos “ya que en economía existe una alta correlación entre libertad económica y mejora de indicadores sociales, porque para fomentar el crecimiento se necesitan mercados libres y no regulados”.
El economista añadió que en el índice de libertad económica 2022 de Heritage Foundation, Panamá se encuentra en el puesto 56 de 161 economías, después de Costa Rica, Perú, Uruguay y Chile, en una hipotética clasificación regional.
“Estas medidas anunciadas pueden incidir en una baja, lo cual no son buenas señales a los inversionistas y multinacionales, como destino atractivo y seguro para las inversiones”, sostuvo Morán, que añadió que en la medida que se reducen las oportunidades o los incentivos para que el sector privado invierta, se afectarán el crecimiento económico y la generación de empleo.
El presidente del Centro Nacional de Competitividad (CNC), Irvin Halman, se refirió a la celeridad con que se adoptaron acuerdos y se plasmaron en medidas en decretos ejecutivos. Dijo que se trata de temas muy técnicos que requieren de estudios amplios para cada segmento, teniendo cada uno sus particularidades, y que de lo contrario los efectos pueden ser contraproducentes al objetivo deseado para el mercado.
Precisamente el CNC publicó recientemente un análisis en el que señala que para lograr un desarrollo sostenible se requieren variables como empresas responsables, trabajadores productivos y un “Estado facilitador y eficiente que propicia reglas claras, fortaleza institucional, agilidad en los procesos y condiciones”.
El reporte concluye que “la experiencia de cientos de años y con múltiples fallidos intentos de controlar variables de la economía sustenta que, aquella fundamentada en el libre mercado (libre competencia, libertad de empresa y menor intervención), con sus mecanismos propios de corrección, representan el modelo económico óptimo, que no debe cambiar, para lograr el impulso de la prosperidad en el país con la disminución de la pobreza, la informalidad y la inequidad que afectan a la sociedad”.
Frauca comentó que con las medidas aprobadas han surgido dudas de inversionistas sobre proyectos que ya están en ejecución, aunque no especificó cuáles, porque no había forma de proyectar anteriormente las nuevas condiciones que tendrán que enfrentar a raíz de la crisis.
El empresario explicó que normalmente la proyección de inversión se hace con base a variables que se mueven de acuerdo a las reglas del libre mercado, como los costos, el precio o el consumo.
Pero cuando hay fijación de precios y de márgenes, “ya eso no es libre mercado”, porque hay variables que pasan a ser controladas por el Estado, mientras otras, como el costo de materias primas o los fletes, siguen fluctuando. “No hay forma de poder sentir seguridad a la hora de hacer una inversión bajo esa condición. No son las condiciones propicias para la inversión”, aseguró.
Mientras tanto, a juicio de Frauca, no se ven señales positivas como podría ser una eventual reducción del gasto corriente estatal que permita ahorrar para tener luego capacidad de inversión pública y así mover la economía y generar empleo.
También señaló que los programas de subsidios deberían ir acompañados de planes que fomenten el empleo formal a través de la inversión y con indicadores con los que se pueda ir definiendo una ruta de finalización de los mismos, porque de lo contrario empeorará la situación de las finanzas del Estado.
