El gasto público en servicios personales, por $6 mil 915 millones para el próximo año, retrata el intervencionismo del Estado en el mercado laboral y su peso cuando se analizan las cifras de empleo del país.
En la última década (2013-2023) se crearon 266 mil 264 empleos, pero al día de hoy el país tiene 25 mil 705 asalariados menos en el sector privado y 77 mil 234 funcionarios más, al tiempo que se agregaron 214 mil 735 nuevos informales a la economía en los últimos 10 años.
“Somos una economía de informales y funcionarios financiada con dinero prestado”, dijo el consultor empresarial René Quevedo, refiriéndose a la composición del mercado laboral con referencia a los ingresos del Estado y cómo se continúa agrandando una planilla sin ningún control de productividad.
De acuerdo con el presupuesto que se discute en la Asamblea Nacional para el año 2024, los ingresos corrientes del gobierno central están calculados en $11,834 millones, mientras que hay otros $7,586 millones previstos como ingresos de capital, que no es más que fondos que se buscarían para financiamiento.
Si se hace una comparación lineal de lo que el Gobierno necesita financiar y lo que se destinará al pago de los servicios personales, 91% de los ingresos de capital tendrían que ser utilizados para el pago de salarios, gastos de representación, decimotercer mes y las contribuciones correspondientes a la Caja de Seguro Social (CSS).
Pero de acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el próximo año el Gobierno no utilizará deuda para financiar el gasto corriente, tal como lo hizo en los años de pandemia.
Dicho esto, los gastos vinculados con la planilla absorberían el 58.4% de los ingresos corrientes.
La comparación sigue reflejando un desbalance enorme y la erosión de los ingresos corrientes, que es lo que al final del día provoca que se siga pidiendo más dinero prestado.
$47,299 millones
El sado de la deuda a noviembre de este año, lo que representa un aumento interanual de $2,163 millones o 4.79%, de acuerdo con información de la Dirección de Crédito Público del MEF.
En síntesis, los gastos ligados a la planilla, directa o indirectamente, provocan mayor endeudamiento.
“En los últimos 10 años, cada trabajador formal del sector privado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 8 informales”, dijo Quevedo, en tono de advertencia respecto a la necesidad de cambiar la tendencia para no seguir alimentando la “severa precarización y estatización laboral” ocasionada por dos factores fundamentales:
1. El fuerte deterioro de la confianza dificulta la inversión privada en sectores claves.
2. Y el intervencionismo estatal a través de contrataciones en la planilla y subsidios (financiados con deuda), lo cual está “enmascarando” la pérdida de capacidad de la economía para generar empleos de calidad.
A casi cuatro años de la irrupción de la pandemia, los mercados de trabajo de América Latina y el Caribe, presentan una recuperación plena de sus tasas de ocupación, de acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo (OIT).
Sin embargo, estos aún se caracterizan por la persistencia de brechas de género, desocupación juvenil, informalidad y pérdida de poder adquisitivo de los salarios, dijo el organismo en su informe Panorama Laboral 2023. Panamá no escapa de esta realidad.
El misterio de la planilla
El tamaño exacto de la planilla estatal es un enigma, ya que la Contraloría General de la República emite informes con fechas coincidentes pero cifras dispares.
El Informe de la Planilla del Sector Público al 31 de agosto 2023 dice que hay 252 mil 282 funcionarios.
Pero la Encuesta de Mercado Laboral, a agosto 2023, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) dice que hay 329 mil 880 empleados en el Gobierno. Es decir, que existe una diferencia de 77 mil 598 funcionarios.
Parte de las discrepancia podría tener su origen en la muestra que considera el Informe de la Planilla del Sector Público. Este cuenta con información de 94 instituciones, distribuidas en 28 para el gobierno central, 41 en las instituciones descentralizadas, 16 empresas públicas y 8 intermediarios financieros. Pero se excluye a la Autoridad del Canal de Panamá, patronatos y los municipios.
Descifrar la dimensión real de la planilla estatal se vuelve desafiante debido a estas diferencia, no justificadas, en los informes oficiales.
