Después de estar durante el último mes al frente de la toma de control de Digicel Panamá, el interventor Alex Anel Arroyo reveló que han establecido una especie de acuerdo temporal con los proveedores de la telefónica con los que se tienen deudas atrasadas.
Explicó que, por ahora, se les ha garantizado el pago de las cuentas corrientes para que la deuda no aumente.
“Se les pagará mes a mes y no se dará espacio a mayor deuda, mientras se determine qué pasará con la operación a futuro”, dijo.
Una vez el interventor tenga un informe final sobre la realidad de la empresa y su viabilidad para seguir operando, entonces se definirá una solución final para determinar el manejo de los pagos morosos de vieja data.
Este proceso es parte de la estrategia que se ha tejido para garantizar la continuidad del servicio, considerando que los clientes estaban enfrentando problemas para el suministro de recarga de los minutos y servicios en los centros de atención al cliente de la empresa.
“El trabajo más relevante es garantizar que siga activo el servicio que brinda la empresa”, dijo Arroyo, quien reconoce que a su llegada como interventor pudo detectar síntomas de deterioro.
Los clientes percibían que la empresa dejaría de funcionar, por lo que no estaban haciendo sus recargas.
Incluso, algunos se habrían cambiado a otro proveedor para recibir los servicios de comunicaciones, lo que estaría afectando los ingresos de la compañía.
Además, los comercios y abarroterías en donde se vendían tarjetas de recarga tenían temor de quedarse con esa mercancía, ante lo que creían sería el cierre inminente de la empresa, por lo que dejaron de ofrecerlas.
Arroyo expresó que se ha logrado restablecer la línea de suministro de recarga y se han recuperado los puntos de atención, tanto en los call centers, como en las tiendas.
Al mismo tiempo, y con la idea de motivar la llegada de más ingresos, Digicel está haciendo promociones, teniendo como enganche data ilimitada a precios bajos.
A finales del mes de abril el Consejo de Gabinete aprobó tomar el control de la concesionaria a través de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) , “con la finalidad de garantizar la continuidad de los trabajadores y del servicio de comunicaciones personales”, según informó el Gobierno.
Este anuncio se dio luego que el pasado 6 de abril Digicel Panamá solicitara la liquidación voluntaria de sus operaciones ante los Tribunales de Justicia Civiles, siendo la primera empresa de telecomunicaciones que da un servicio público y que toma una decisión como esta.
En ese momento, Digicel Panamá comunicó que había decidido salir del país ante lo que denominó un mercado que no garantiza la sana competencia y un ente regulador que no hizo los ajustes que necesitaba un tercer y más pequeño competidor, tras la aprobación de la fusión de Cable & Wireless Panamá (CWP) y Claro Panamá.
Con la compra de Claro y la salida que planeaba Digicel, de un mercado de cuatro competidores, Panamá se quedaría con dos grandes emporios dominando la plaza: CWP y Tigo.
A raíz de esta situación fue que el Gobierno intervino, para garantizar que siguieran operando tres concesionarios, tal como lo estipula la norma que establece disposiciones de concentración de mercado.
La intervención está amparada en el artículo 51 de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996 y la cláusula 73.9 del Contrato de Concesión No.10-2008 de 27 de mayo de 2008, suscrito entre la empresa concesionaria Digicel y el Estado panameño.
Como interventor, Arroyo está facultado para realizar las diligencias tendientes a investigar y emitir un informe sobre la realidad financiera y operativa de Digicel.
Por ahora, Arroyo prefiere no revelar el monto al que ascienden las deudas de la empresa, ni el perfil de los acreedores.
Antes, Digicel había adelantado a este diario que no tenía deudas con bancos, pero sí con proveedores de servicios, empresas de mercadeo y compañías encargadas de la red y las torres, lo que podía representar un problema con el servicio en caso de que no se pagaran las facturas.
