Entre las alternativas más viables que se estudian para la construcción de la línea de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia se analiza la que incluye un tramo de cable marino que conectaría los dos países.
La aprobación de esta ruta la debe validar el Ministerio de Ambiente de Panamá (antes Autoridad Nacional del Ambiente), que en estos momentos evalúa los estudios de soporte hechos para el proyecto.
La interconexión es un proyecto que tiene un costo aproximado de $450 millones, impulsado por la empresa binacional Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá (ICP) que integran la panameña Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) (50%) y la colombiana Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) (50%). Los representantes de la empresa se reúnen por lo menos una vez al mes.
Según la última ruta propuesta para el proyecto, el recorrido de la línea tendrá una longitud aproximada de 500 kilómetros, de los cuales 130 kilómetros corresponderían al tramo marino, pero esto también está sujeto a la aprobación del Ministerio de Ambiente.
Las autoridades de Colombia ya dieron luz verde al corredor marino, desde un punto del golfo de Urabá hasta la frontera con Panamá, informó el subgerente de Etesa, Gustavo Bernal. Del lado de Colombia llevaría entre 35 kilómetros y 50 kilómetros de cable marino.
La ruta terrestre proponía minimizar el impacto ambiental en el área boscosa, pero ahora los expertos aseguran que la alternativa marítima es más amigable con la naturaleza.
Sin embargo, en términos de costo la inversión podría representar hasta $100 millones adicionales.
De acuerdo con los planes del proyecto, una vez se cuente con la aprobación del corredor ambiental en Panamá, se iniciará la ejecución del estudio de impacto ambiental (EIA) y del diseño detallado de la línea entre los dos países.
Para esta obra se requiere un EIA aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de Colombia y por el Ministerio de Ambiente de Panamá. El Ministerio de Ambiente contrató una consultoría internacional para elaborar un análisis de riesgo y costos de la alternativa que propone ICP, y comparar contra otras alternativas que involucran escenarios terrestres y marinos.
Andrés Villegas, director de ICP, añadió que se podrá definir las implicaciones en términos de tiempo, costo y desarrollo del proyecto una vez la ruta esté decidida, aprobada y formalizada por el Ministerio de Ambiente.
“Se trata de tener una respuesta en las próximas semanas para comenzar el estudio de impacto ambiental”, agregó Bernal.
La ruta en estudio pasaría por las comarcas Guna Yala y Guarwandí y se necesita la aprobación de estos grupos indígenas de Panamá.
Con el trayecto propuesto hay unos 43 kilómetros de bosque primario que no se tocarían en el área de Darién, añadió Bernal.
Etesa debe aportar aproximadamente $100 millones como inversión inicial, e ISA otra cantidad igual.
El resto del dinero necesario para construir el proyecto se conseguirá con financiamiento. Existen ofrecimientos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
“La ruta marina soluciona muchos aspectos, por ejemplo, el tema de seguridad de la infraestructura y el posible paso de personas de un país al otro”, añadió Bernal.
El proyecto utilizará el sistema de corriente directa (HVDC), entre las subestaciones Cerromatoso en Colombia y Panamá II, en Panamá, con capacidad de transportar hasta 400 megavatios (MW).
Este mecanismo tiene la ventaja de que reduce la pérdida de energía eléctrica en la línea durante el transporte de un punto a otro, situación que sí ocurre en las líneas de transmisión tradicionales.
Sin embargo, según ISA uno de los principales beneficios para Panamá y Centroamérica será “la seguridad del suministro y el acceso a energía de menor costo para los agentes de los dos países (Panamá-Colombia), y la optimización de los recursos disponibles en toda la región”.
