Panamá avanza de manera gradual en la corrección de los desequilibrios fiscales que han estado acumulándose durante años, según un reciente informe de JP Morgan en el que se analizan las últimas medidas como la propuesta de reforma de la ley 163 que plantea cambios en la Caja del Seguro Social.
El banco estadounidense indica que aunque en el pasado estos desbalances fueron enmascarados por un robusto crecimiento del producto interno bruto (PIB), el panorama actual comienza a reflejar la necesidad de ajustes estructurales.
La economía panameña creció en 2023 en 7.3%, pero este año la ausencia de los ingresos de la mina, sumado al ambiente electoral, le restaron dinamismo al producto interno bruto que cerró en 2.2% en el acumulado de enero a junio, en contraste con el 8.8% de PIB registrado en el mismo período de 2023.
JP Morgan indica que se espera que el crecimiento del PIB supere el 5% interanual al cierre del tercer trimestre, aunque los retos fiscales permanecen.
El país enfrenta actualmente un déficit de ingresos por el orden de los 1,456 millones de dólares al cierre de octubre, según lo presupuestado.
El informe de JP Morgan menciona que la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto nacional para 2025 por $30,111 millones, que junto con la Ley de Responsabilidad Fiscal, establece un camino hacia la consolidación fiscal.
Precisa que el objetivo del gobierno es reducir el déficit fiscal al 3.8% el próximo año, en una transición gradual hacia una meta a mediano plazo del 2% para el año 2027. Sin embargo en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que finalmente fue sancionada por el Gobierno, se estableció un límite de 4% en el déficit para 2025.
JP Morgan reconoce que esta estrategia busca equilibrar las necesidades de gasto social, mantener el crecimiento económico y corregir las cuentas públicas.
En tal sentido, precisa que un componente clave de la sostenibilidad fiscal a mediano plazo es la propuesta de reforma al sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social (CSS), presentada recientemente.
El informe describe que esta reforma contempla un aumento en la edad de jubilación de tres años y un incremento en la contribución obligatoria de los empleadores, que pasaría del 4.25% al 7.25%.
“Estos cambios, aunque implican un costo fiscal anual superior a los $1,000 millones (equivalente a más del 1% del PIB), ofrecerán mayor estabilidad al sistema en el futuro”.
Indica que la propuesta también aborda temas como la gobernanza del CSS, su régimen de inversiones, las pensiones mínimas universales garantizadas y los mecanismos de financiamiento.
Aunque aún falta que sea aprobada, JP Morgan considera que la propuesta inicial es integral y representa un sólido punto de partida.
Por otro lado, el informe advierte que, a corto plazo, será necesario implementar mecanismos que alineen las reservas del CSS con las obligaciones más inmediatas.
Considera el banco de inversión que la gradualidad de estos ajustes refleja la intención del gobierno de balancear la urgencia fiscal con los objetivos de desarrollo social y económico del país.
Con una economía que aún muestra signos de resiliencia, Panamá enfrenta el desafío de avanzar en reformas clave que aseguren la sostenibilidad de sus finanzas públicas en el mediano y largo plazo.
