La Cámara Panameña de Energía Solar expresó su preocupación ante la propuesta presentada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que introduciría cambios regulatorios para los usuarios residenciales y comerciales que generan energía con paneles solares, lo que podría interpretarse como un “impuesto al Sol”.
En una carta enviada a la ASEP, y a la cual tuvo acceso La Prensa, la Cámara advierte que la medida plantea riesgos económicos, sociales y ambientales para el desarrollo de las energías renovables en Panamá.
Sostienen que con el nuevo esquema que se intenta aplicar se desincentiva el uso de paneles solares a los clientes directos, que están conectados a la red de distribución eléctrica de Ensa o Naturgy, y que han podido instalar paneles solares en los techos de sus residencias o establecimientos.
El consultor debería incluir en la evaluación los puntos positivos de la generación distribuida, cosa que, en mi opinión, no está haciendo. Y esto sería la reducción a las inversiones en transmisión y distribución, la reducción en pérdidas del sistema por la utilización de energía solar distribuida en sitio, en la ciudad de Panamá y en otras ciudades”.
“
Nanik Singh Castillero, consultor y especialista en energías renovables.
“El esquema de facturación neta propuesto, combinado con una tarifa binómica, incrementará significativamente los costos fijos para los usuarios que han invertido en sistemas de generación distribuida”, señala la nota, firmada por Juan Andrés Navarro, presidente de la Cámara de Energía Solar.
Se trata de un cambio en el mecanismo de facturación de la energía que se produce con los paneles del cliente versus la tarifa que reconocería la empresa distribuidora al cliente. Actualmente, las empresas acreditan por igual el kilovatio hora de energía generado con los paneles de los clientes, versus el que consumen de la red.
El modelo propuesto, añade la Cámara, “reduce los incentivos económicos para el autoconsumo, alargando los períodos de recuperación de inversión y desincentivando nuevas instalaciones”.
En los últimos 10 años ha habido un aumento de la cantidad de clientes de autoconsumo o que generan con paneles solares en Panamá. De 13 clientes de autoconsumo en 2014 ha subido a 3,325 este año; y la capacidad instalada se ubicó en 102,268 kilovatios (KW). La regulación actual permite un tope de generación por autoconsumo de hasta el 3% del total del sistema.
Con el sistema vigente, los clientes tienen un medidor bidireccional, instalado por Ensa o Naturgy, que registra la energía que los paneles solares inyectan al sistema, y también mide la energía que consume el cliente de la red. Para hacer la facturación mensual, las empresas distribuidoras descuentan los kilovatios hora generados de la cantidad de kilovatios consumidos. El cliente solo paga los kilovatios adicionales que consumió de la red. Si la generación con los paneles fue mayor, la empresa distribuidora reconoce solo hasta el 25% de la producción adicional.
El pronunciamiento del gremio de empresas solares surge tras la presentación de una consultoría realizada por la ASEP para la determinación del porcentaje aceptable para la penetración de energía limpia en Panamá, particularmente la solar. Esta consultoría se desarrolla a través de tres foros presentados al regulador y los agentes del sistema. Está pendiente la presentación de un tercer capítulo sobre los cálculos, hallazgos y recomendaciones, programado para enero de 2025.
“El esquema actual de medición neta ha demostrado ser un instrumento eficiente y equitativo para incentivar la generación distribuida en Panamá. Sin embargo, resulta contradictorio que se planteen cambios regulatorios cuando las condiciones actuales ya enfrentan múltiples barreras que dificultan el desarrollo de este sector”, señala la nota.
Críticas al proceso regulatorio
La Cámara Solar cuestionó la falta de participación inclusiva en la elaboración de la propuesta de cambios, alegando que el análisis se basó exclusivamente en insumos de las empresas distribuidoras, dejando fuera a usuarios y empresas instaladoras. También denunció retrasos en la divulgación de los informes preliminares y un calendario de consulta pública que limita las oportunidades de participación.
“Cambiar las reglas actuales sin una transición adecuada limita el acceso a tecnologías limpias para hogares y comunidades, afectando especialmente a aquellos en sectores rurales o de bajos ingresos”, añadió Navarro.
Impactos potenciales y antecedentes
La organización destacó que las modificaciones no solo desincentivarían el uso de paneles solares, sino que también aumentarían la dependencia de la generación de otras fuentes, lo que podría traducirse en mayores costos para todos los usuarios del sistema eléctrico. Además, advirtió sobre posibles retrocesos en los compromisos climáticos de Panamá y una pérdida de confianza por parte de inversionistas en el sector energético.
Medidas similares aplicadas en otros países, como el denominado “impuesto al sol” implementado en España, generaron un rechazo masivo por parte de la población. Durante años, esta regulación provocó protestas y desincentivó la adopción de energías renovables, lo que llevó al gobierno español a eliminar la medida debido a su impacto negativo en el desarrollo sostenible y la percepción pública.
Llamado a la ASEP
La Cámara Solar solicitó a la ASEP reconsiderar las medidas y mantener el esquema de medición neta, que incentiva el autoconsumo energético. También pidió establecer un proceso de consulta pública que incluya a todos los actores del sector y diseñar un plan de transición que minimice los impactos para los usuarios actuales y futuros.
Hasta el momento, la ASEP no ha emitido comentarios oficiales sobre las inquietudes planteadas, pero la discusión sigue generando controversia en el sector energético. La Cámara Solar y otros actores esperan que las autoridades prioricen un enfoque inclusivo y sostenible para garantizar un desarrollo equitativo de las energías renovables en el país.
La propuesta presentada el 22 de noviembre, finaliza la nota de la Cámara Solar, “no solo pone en riesgo el desarrollo de la Generación Distribuida en Panamá, sino que también afecta la confianza en el regulador y compromete los compromisos climáticos y energéticos del país”.
