La Caja de Seguro Social (CSS) suspendió el acto público para la contratación de los servicios de almacenamiento y distribución de medicamentos, por $168 millones, a favor del Consorcio Salud en Control.
Así lo comunicó el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, en la conferencia de prensa que diariamente celebran las autoridades de salud, para informar a la población sobre los avances del coronavirus en el país y las medidas adoptadas.
Poco antes, el presidente Laurentino Cortizo informó en Twitter que había instruido a la CSS para que se suspendiera la contratación, “después de analizar los informes recibidos”.
Por su parte, la CSS -a través de su cuenta de Twitter- publicó un comunicado con varios puntos sobre por qué suspende la contratación. Tanto Cortizo como las declaraciones oficiales de la Caja mencionan que la suspensión es hasta que se supere la crisis del Covid-19 en el país. De parte de la CSS, además, mencionan que encomendaron a la Directora Nacional de Compras y a los abogados de la institución a “investigar la veracidad, o no, de las denuncias hechas en los medios".
El consorcio beneficiado con el millonario contrato está integrado por dos sociedades: una panameña, llamada PMG Logistics Corp., y otra mexicana, denominada Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., también conocida como Intermed. Esta última es investigada en su país de origen por supuestos actos de corrupción.
A la empresa mexicana se le ha acusado de una supuesta distribución de medicamentos “piratas” desde 2013. Pero también ha sido investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México por presunta defraudación fiscal y operaciones simuladas.
A pesar de estas acusaciones –todas publicadas en internet por medios mexicanos–, la resolución de adjudicación por la millonaria cantidad fue firmada por Lau Cortés.
En el pliego de cargos, se detalla que el contratista deberá “poner a disposición de la CSS”, sin costo adicional, unidades de transporte que “fortalezcan el parque vehicular de la CSS” y que el proveedor deberá hacer un análisis de la flota existente (de la CSS) y, en caso de que la institución no cuente con vehículos con las condiciones o dimensiones necesarias, el proveedor estará obligado a suministrar nuevos vehículos.
Una condición similar se le plantea al contratista en cuanto a las bodegas de almacenamiento de los medicamentos. El contratista deberá “analizar” lo que hay disponible actualmente para la CSS y, de notar que no cumple con lo que la empresa necesita, será responsabilidad del contratista poner más espacio e infraestructura a disposición.
En otras palabras, si el consorcio no necesita alquilar más espacio de almacenamiento o suministrar más vehículos, el pago a la empresa sería el mismo que si llegara a tener que incurrir en dichos gastos para cumplir con el contrato.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en una conferencia de prensa matutina el pasado 4 de marzo, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso información acerca de esta y otras empresas del sistema de salud a las que se les han identificado irregularidades.
Nieto Castillo reveló que, en total, Intermed ha sido beneficiada con contratos que suman más de 290 millones de dólares –entre 2012 y 2019– por distintas dependencias estatales mexicanas. Y, a pesar de ello, sus informes financieros reflejan pérdidas fiscales por unos 18 millones de dólares.
“Esto no resulta compatible con ningún sistema financiero”, dijo el titular de la UIF mexicana. Significa una defraudación de naturaleza fiscal, operaciones simuladas a partir de facturación falsa y falta de compromiso con el sector salud, dijo Nieto Castillo. Agregó que se han presentado las denuncias correspondientes en las instancias competentes.
Sobre Intercontinental de Medicamentos pesan más denuncias. Esta habría entregado, junto a otras dos compañías, insulinas que “no cumplen” con los estándares necesarios para los tratamientos médicos, denunciaron diputados de Guanajuato (México), en febrero de 2017, reportó el medio mexicano Plano Informativo.
El diario Panamá América, controlado por el expresidente Ricardo Martinelli, defendió en dos publicaciones la adjudicación del millonario contrato de la CSS al Consorcio Salud en Control.
