La junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) todavía no ha enviado a la Procuraduría de la Administración, la información requerida sobre el viaje que tres de sus miembros realizaron a México en noviembre pasado, supuestamente para conocer el sistema de almacenamiento y distribución de medicamentos en instituciones de salud pública de ese país.
La Procuraduría de la Administración informó este viernes 8 de mayo que la junta directiva de la CSS les comunicó que se encuentra en la “etapa de recopilación de la información”.
El 20 de abril pasado, el procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitó información sobre el viaje que realizaron tres miembros de la junta directiva de la CSS, para precisar quién lo pagó y cuál fue el motivo real de la gira. La solicitud fue reiterada el 30 de abril.
“Desde el 21 de abril del 2020, cuando es recibida la precitada [nota] a nuestro despacho, la misma fue remitida a nuestros asesores para efectos de responder cada una de las interrogantes que desarrolla. Sin embargo, como usted comprenderá, para absolver algunos de los cuestionamientos necesitamos que la Administración de la institución nos suministre información”, señala la nota que Miguel Ángel Edwards, presidente de la junta directiva de la CSS, envió a González el pasado 4 de mayo, según informa la Procuraduría de la Administración en una nota de prensa divulgada este viernes.
Edwards, precisamente, es uno de los miembros que viajó a México. El resto de la delegación la conforman la representante de la Asociación de Enfermeras, Esmeralda Bachanan, y el delegado suplente de los servidores públicos, José Alba.
El viaje no habría tenido mayor trascendencia, de no ser porque un mes después la CSS iniciaría un proceso de licitación para, precisamente, otorgar a una empresa privada el almacenamiento y distribución de medicamentos a pacientes de la institución.
Eventualmente, el consorcio denominado Salud en Control –integrado por la panameña PMG Logistics Corp. y la mexicana Intercontinental de Medicamentos, S.A de C.V.– fue beneficiada con este contrato, por $168 millones y vigencia de cuatro años.
Después que este diario revelara los cuestionamientos e investigaciones que Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V. tenía en su país, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, colgó en su cuenta de Twitter que había instruido a la CSS para suspender la contratación.