Hace unos días, el presidente electo José Raúl Mulino señaló que, tras participar en la reunión de transición en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pudo comprobar que “no hay número que no esté en rojo”, refiriéndose al estado de las finanzas públicas.
Agregó que, una vez asuma el poder el primero de julio, “tendrá una temporada difícil”.
El tamaño y peso de la deuda pública jugarán un papel importante en la capacidad de maniobra de la administración Mulino frente a los obstáculos que enfrentará durante su gestión.
Faltan menos de 15 días para que el presidente electo y su equipo de gabinete empiecen su administración. Entre los funcionarios llamados a cumplir un rol se encuentra Felipe Chapman, quien será responsable del MEF.
Ahora se conoce que el saldo de la deuda acumulada en los primeros cinco meses del año es de $49,737 millones al 31 de mayo. La disminución contra el mes anterior fue producto del pago de $1,042 millones en concepto de vencimiento de deuda interna, específicamente de bonos colocados en el mercado local por $1,088 millones.
Adicionalmente, el mes pasado se recibieron fondos por $239 millones de parte de organismos multilaterales. Al sumar y restar lo que ingresó y salió de la deuda, el saldo total disminuyó en $804 millones, al compararse con los $50,541 millones que alcanzó durante el mes de abril.
A pesar del pago de los $1,088 millones realizado en mayo, en los últimos 12 meses el saldo de la deuda es superior en $4,355 millones al monto registrado en mayo de 2023.
Cuando la administración del presidente Laurentino Cortizo asumió las riendas del país, el 1 de julio de 2019, el saldo de la deuda total alcanzaba los $28,585 millones.
En febrero de este año, el Gobierno colocó tres emisiones de bonos por un total de $3,100 millones con vencimientos en 2031, 2038 y 2057, a una tasa cupón promedio ponderada de 7.79%.
Estos fondos serán utilizados para financiar inversiones del Estado y el pago de amortizaciones, informó el MEF al anunciar el cierre de la transacción.
Del monto adeudado por Panamá en el mercado internacional, $33,187 millones corresponden a bonos emitidos a largo plazo, $9,604 millones a préstamos y créditos otorgados por entidades multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), entre otros.
Actualmente, Panamá tiene vigentes 22 emisiones de bonos, de las cuales 11 tienen fecha de vencimiento dentro de la próxima década.
También hay $382 millones que han sido otorgados por entidades bilaterales y $82 millones desembolsados por bancos privados.
En cuanto a la deuda interna, $3,084 millones son bonos internos, $2,622 millones son Notas del Tesoro, $203 millones son Letras del Tesoro y $267 millones son préstamos privados.
Antes del 1 de julio, el Gobierno colocará otros $30 millones en Letras del Tesoro para seguir financiando la ejecución del presupuesto de este año.
Panorama complicado
El economista y asesor financiero Carlos Araúz señala que el panorama es complejo, ya que al próximo gobierno no le queda otra opción que seguir pidiendo deuda para cubrir gastos operativos.
“El tema no es la capacidad de endeudamiento, sino la liquidez y la capacidad del Estado para generar el flujo de caja para cumplir con sus obligaciones”, comentó.
También señala que el abuso y el despilfarro han llevado al país a esta consecuencia nefasta.
“Debemos replantear la forma en que presupuestamos, apagar exoneraciones, mejorar la tributación y manejar con prudencia en el futuro el manejo de la deuda, porque las tasas de interés seguirán altas y nos tenemos que preparar para tiempos desafiantes”, acotó.
De acuerdo con la agencia de riesgo Fitch Ratings, el pronunciado deterioro del perfil fiscal del país en los últimos cinco años fue un factor importante para retirar el grado de inversión a Panamá en marzo pasado.
“El estrecho espacio fiscal plantea una vulnerabilidad particular para Panamá, dada la dolarización y la fuerte dependencia del financiamiento externo, lo que limita su capacidad para manejar shocks futuros”, advirtió la compañía, que vislumbra un camino complicado para Mulino durante los primeros años de gestión, tal como lo manifestó el presidente electo hace unos días.
Temístocles Rosas, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, dijo a La Prensa que para el próximo quinquenio presidencial, el manejo de la deuda pública deberá ser racional y puntual.
“Con esto, lo que queremos indicar es que no debe contratarse deuda para el pago de gasto corriente, mantenerse el déficit dentro de lo que estipula la Ley de Responsabilidad Fiscal y generar la mayor cantidad de ahorro corriente posible, para que la deuda que se necesite sea exclusivamente para inversión pública”.
Agrega que, “si bien dentro de este periodo hay vencimientos de deuda y finalización de periodos de gracia, la renegociación deberá estar en términos convenientes para el país y procurando que no se incremente significativamente el pago de intereses. El ahorro corriente es primordial para que este se traduzca en más inversión pública y así se dinamice la economía y se puedan generar más impuestos”.
El ministro designado del MEF, Felipe Chapman, ha señalado que su gestión se enfocará en reducir los costos de financiamiento del país, así como en un plan quinquenal que estará enfocado en una estrategia fiscal que sea sostenible y creíble.
Por su parte, el economista Ernesto Bazán comenta que mientras exista déficit, el país seguirá dependiendo de la deuda y considera que uno de los principales retos de la próxima administración será hacer los cambios necesarios para reducir los gastos radicalmente y aumentar los ingresos sustancialmente.
Indica que los cambios que pretende hacer el próximo gobierno deben realizarse lo antes posible, porque de dilatarse, se dificultaría la estabilización del país al seguir aumentando la deuda, sumado al riesgo de que Panamá siga perdiendo niveles en la calificación de riesgo.
Araúz señala que el crecimiento del país continuará, porque es una bondad que tiene el país, pero considera que está lejos del potencial del país. En su opinión, hay que atraer más inversiones potenciando las Asociaciones Público-Privadas, así como mejorar la recaudación de impuestos, entre otros.
