Una mayor priorización del gasto, para darle mayor peso a las inversiones y reducir el gasto operativo, es la receta en la que coinciden economistas consultados para robustecer la economía y las finanzas públicas, en momentos en que crece la deuda pública.
El economista Luis Alberto Morán se refirió a la posibilidad, como están anticipando los mercados bursátiles -según varios análisis- de que haya una fuerte ralentización o incluso una recesión en las economías avanzadas.
Ante este escenario, dijo, los países se tienen que preparar con inversión para que el impacto no sea tan fuerte. “Panamá debería optar por mejorar los niveles de inversión público-privada para tener capacidad de hacerle frente cuando el ciclo económico que se avecine sea una recesión”, sostuvo.
De manera paralela, planteó que “es importante reducir el gasto del Estado, para que los recursos que se pidan tengan una mayor rentabilidad en proyectos que realmente se necesitan”.
El economista conversó con este diario tras conocerse los últimos datos de la deuda pública panameña. Al cierre de abril, el saldo de la deuda del sector público no financiero se ubicó en $42,939.9 millones, encaminándose por tanto a los $43,000 millones, un nivel que nunca se ha alcanzado.
El el último mes, el saldo de la deuda aumentó $127.1 millones, tras recibir desembolsos de organismos multilaterales ($148.1 millones) y fondos por subastas de Letras del Tesoro ($36.6 millones), según figura en un reciente reporte de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Por su parte, en el servicio de la deuda destacan $32.7 millones destinados a pagos de capital de préstamos con organismos multilaterales y bilaterales, y $104.7 millones en concepto de pagos de intereses de la deuda externa, que corresponden principalmente a bonos globales.
El MEF salió en enero a los mercados y captó una porción importante de las necesidades de financiamiento para todo el año. En lo que resta de ejercicio, las amortizaciones de deuda que se hagan causarán un efecto a la baja en el saldo de la deuda, mientras que las eventuales nuevas emisiones o préstamos que se contraten, lo harían al alza.
Evolución
La deuda se ha elevado sustancialmente en los últimos años, especialmente desde que comenzó la pandemia. Las restricciones impuestas por el Gobierno para contener las distintas olas de contagios, con cierres de negocios y confinamientos, impactaron los ingresos públicos, mientras que el gasto se elevó para atender las necesidades generadas por la pandemia y como una estrategia del Gobierno para evitar una mayor caída de la economía.
En abril de 2020, justo cuando iniciaba la pandemia y ya se habían recibido los fondos de la primera gran emisión de deuda para enfrentar la crisis, el saldo de la deuda era de $32,310.5 millones. Un año después, en abril de 2021, la cifra había crecido a $38,394 millones.
El aumento del saldo de la deuda y la contracción de la economía se tradujeron en un deterioro de la relación entre deuda y producto interno bruto (PIB). Al cierre de 2019, este indicador era de 46.3%; al cierre de 2020 saltó a 68.5%; y el año pasado se redujo a 63.7%. La caída en el último año se explica porque la economía creció a un ritmo más elevado que el saldo de la deuda.
El expresidente del Colegio de Economistas, Olmedo Estrada, explicó que el incremento de la deuda se debe a los déficits fiscales, es decir, el desbalance entre ingresos y gastos, especialmente pronunciado en 2020, el primer año de la pandemia.
En 2021, pese a la recuperación de un 15.3% de la economía, todavía había sectores rezagados y los ingresos corrientes no se recuperaron totalmente. Por lo tanto, “hubo que conseguir financiamiento para cubrir el déficit que se generó ese año también”.
Para este año, el Gobierno tiene previsto reducir el déficit -el límite legal es de 4% sobre el PIB- de la mano de una mayor recaudación de ingresos en medio de una recuperación más robusta de la economía.
Además, se proyecta generar ahorro corriente, lo que quiere decir que los ingresos cubrirán los gastos operativos y quedará parte para costear inversiones. En 2020 y 2021, la caída de ingresos fue tal que hubo que contratar deuda para pagar gasto operativo.
En el primer trimestre de este año, según el balance fiscal del sector público no financiero, el déficit fue de $1,082 millones, es decir, $35.3 millones menos que el año anterior. El total de gastos fue de $4,015.4 millones, de los que 2,897.6 millones fueron a operaciones y $1,117.8 millones a gasto de capital.
Se aprecia un aumento en la inversión, pero el peso del gasto operativo sigue siendo mayor. Estrada dijo que debe haber una contención en planilla y burocracia, gastos que calificó como “improductivos” y que habría que revisar para tener un mejor manejo de las finanzas públicas.
De igual forma, apuntó a la necesidad de revisar los subsidios, que solo en 2021 generaron una factura de $2,945 millones.
En ese sentido, Morán dijo que parte del incremento de la deuda ha estado vinculado a los programas de ayuda por la pandemia, además de los que existían anteriormente. Sin embargo, planteó, ese esfuerzo no estaría siendo eficiente, porque pese a existir estos programas las demandas de la población no están siendo satisfechas, lo que a su juicio se refleja en las protestas y cierres de calles.
