Las personas naturales o jurídicas que tributan en la República de Panamá y tienen un ingreso igual o superior a los 20 millones de dólares, y los que tengan un patrimonio de ese mismo valor, serán atendidos por un despacho especializado en la Dirección General de Ingresos (DGI), para realizar todo lo relativo con sus trámites, declaraciones de rentas, y medidas de fiscalización.
Según la resolución 201-3346 del 13 de abril de 2023, la DGI tendrá la “Oficina Adjunta de Grandes Contribuyentes”, la cual estará adscrita al despacho superior de la entidad. Entre las atribuciones más relevantes de esta oficina están las de elaborar el listado de contribuyentes que serán sujetos de su accionar, e igualmente atender todo lo relativo a la tramitación tributaria de estos contribuyentes. La oficina deberá publicar en cada período fiscal un listado de personas naturales o jurídicas, identificadas como Grandes Contribuyentes. Estas personas podrán solicitar su retiro de esta lista por causa justificada.
De acuerdo con la propia resolución, el propósito de esta medida es: “...optimizar los medios de fiscalización y canales de atención para cubrir la necesidad de un segmento relevante de obligados tributarios, así como contribuir al fortalecimiento del modelo operativo de la Dirección General de Ingresos como entidad recaudadora, se hace necesaria la creación de un equipo de trabajo especializado en promover el cumplimiento fiscal de los grandes contribuyentes”.
Opinan los tributaristas
La jurista Martha Luna Véliz especialista en Derecho Tributario, afirmó que esta iniciativa ya se había realizado durante la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), pero que en gobiernos posteriores se fue abandonando. La abogada considera que: “Sí es necesario establecer un Despacho especial para grandes contribuyentes, tomando en cuenta, que bajo este criterio se clasifican a aquellas personas naturales o jurídicas… que representan un 67% de las recaudaciones los principales tributos de la República de Panamá, …por lo que su trato debe ser diferenciado, con la finalidad de promover el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias.”.
De acuerdo con el consultor internacional en materia tributaria José Galíndez. desde una perspectiva comparada se puede entender esta medida así: “Las administraciones tributarias modernas implementan el control sobre los contribuyentes especiales debido a que 80% de su recaudación proviene de esos contribuyentes”.
La especialista Luna Véliz opina que los beneficios para las personas que sean incluidas como Grandes Contribuyentes son: “...que la Dirección General de Ingresos les brindará y podrá optimizar mejor los medios de análisis, fiscalización, cobranza, información, control, así como mejorar los canales de atención de estos Grandes Contribuyentes, dándoles un trato diferenciado, en cuanto a los trámites, asistencias, consultas, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones y garantizando sus derechos como contribuyentes, por ser un segmento relevante dado que al cumplir sus obligaciones tributarias, le permite al Estado el cumplimiento de sus fines públicos”.
Por su parte, Galíndez indica que entre los beneficios de la Oficina Adjunta de Grandes Contribuyentes está: “El establecimiento de la relación de confianza que se puede generar entre esos contribuyentes y el fisco. En muchos países se disminuyen las controversias fiscales y aumenta el cumplimiento tributario, y acelera los mecanismos de reintegro tributario”.
Los riesgos
Acerca de que la publicación de la lista de Grandes Contribuyentes sea un riesgo para las personas incluidas, la abogada Martha Luna Véliz explica que: “No, porque esta figura no es nueva en nuestro país, anteriormente se han publicado listas de grandes contribuyentes. Lo que sí se debe tomar en cuenta es la reciente Ley de protección de datos, así como el respeto a la confidencialidad y reserva de datos que son parte de las normas del Código Fiscal y del Código de Procedimiento Tributario.”.
Por su parte, el consultor José Galíndez destacó otro aspecto del riesgo cuando afirmó: “En muchos países existen esas calificaciones de esos sujetos pasivos en función de su capacidad contributiva, los riesgos dependerán del establecimiento de sanciones, en los casos de la responsabilidad solidaria del impuesto, en su calidad de contribuyente o responsable de la obligación tributaria.”.
La jurista Luna Véliz considera que la DGI podría adoptar otras medidas para mejorar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes: “Las medidas estarían vinculadas al aumento de fiscalizadores o auditores, el hacer un mejor análisis de la data y de los cruces de información, volver a la práctica de citar a los contribuyentes de determinados sectores, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones, y establecer despachos especiales donde profesionales (abogados y contadores públicos autorizados), puedan tener contacto con los funcionarios y encuentren el apoyo necesario para resolver los casos que a través de la plataforma E-tax 2 o en la sección de plataforma de la institución no se pueden resolver”.
José Galíndez identificó una amplia agenda temática en materia tributaria como los pasos siguientes que debería realizar Panamá: “La promoción de los programas de cumplimiento tributario en Pymes y Grandes Contribuyentes, contrarrestar los mecanismos del Itbms carrusel (evasión en la facturación), adaptar el sistema tributario panameño a la economía digital, suprimir el CAIR, modernizar la legislación del Impuesto sobre la Renta y el IVA (Itbms), proponer al órgano ejecutivo la nivelación de las tasas efectivas en los regímenes preferenciales y por último, plantear la autonomía financiera y administrativa del ente recaudador”.
La perspectiva de las finanzas públicas panameñas constituye un desafío significativo para el Estado. La creación de la Oficina Adjunta de Grandes Contribuyentes es un indicio de que el gobierno nacional está buscando más ingresos. El tamaño de los retos del financiamiento del déficit de la Caja de Seguro Social, así como la amortización de la deuda externa de Panamá, sugiere que esta medida es solo el comienzo de iniciativas tributarias que deberán ser acompañadas por una reducción del gasto público y una lucha frontal contra la evasión fiscal.
