Panamá enfrenta este año el reto de tener menores ingresos con una deuda que supera los $51,812 millones y la necesidad de reducir el gasto público para cumplir con la meta de 2% del déficit fiscal del producto interno bruto, fijada en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Pero a su vez, debe mantener el dinamismo económico para evitar una desaceleración y un aumento abrupto del desempleo, mientras el sector privado aún no termina de recuperarse.
Un escenario económico que los analistas perciben como complicado y difícil de cumplir en los cinco meses que faltan del 2024 y de hecho el MEF estaría analizando subir ese techo de déficit fiscal a 3% o 4% en lugar del 2% fijado en la ley.
“Hay una seria intención de identificar ahorros potenciales y racionalizar el gasto general. Esto representaría un gran primer paso para compensar la pérdida de ingresos. Sin embargo, todavía no ha habido ninguna referencia a la reforma fiscal. Los recortes del gasto solo pretenden compensar la pérdida de ingresos en lugar de reducir el déficit fiscal estructural de más de 4% del producto interno bruto a cerca del 2% del PIB”, advierte un informe publicado este mes de agosto por Santander US Capital Markets LLC..
La semana pasada el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció la aprobación del plan de contención del gasto por $1,387 millones. Según la explicación del Ejecutivo este plan buscaría compensar la caída de los ingresos presupuestados para este año.
En medio de ese anunció, los analistas de Santander indican que el déficit fiscal estructural del 4% del PIB está aumentando debido a la desaceleración estructural de los ingresos por el menor crecimiento de la tendencia de la economía y el impacto del cierre de la mina.
El que el gobierno de José Raúl Mulino, tenga en sus planes abrir la mina para cerrarla, aunque aún no es una medida efectiva en el corto plazo, es vista por los analistas como una decisión que podría minimizar una parte de las perdidas para las arcas públicas.
Aunque por otra parte, esta acción no reemplazará el 0.5% del PIB en regalías anuales para el presupuesto que proporcionaba esta actividad minera.
Impacto en el empleo
El economista Raúl Moreira, indicó que efectivamente el gobierno de Mulino se enfrenta a una disminución de los ingresos que lo lleva a aplicar el plan de contención del gasto, aunque advierte que esta medida puede también generar un costo político y social preocupante, principalmente en materia de la cantidad de empleos que se perderán.
Señala que para el mes de junio la recaudación estaba en $3,400 millones, que representa alrededor de $500 millones menos de lo presupuestado. Por lo que considera que el recorte de gastos aunque es necesario, debe aplicarse con cuidado y no de forma abrupta o generará un desequilibrio en la economía.
“Hay que recordar que el Estado es el máximo demandante de bienes y servicios de la economía y si se sustraen esos recursos, en un momento en el que el sector privado no está preparado para absorber a los proveedores que le daban ese servicio al Estado y tampoco está en capacidad de incorporar a los trabajadores que se van a desvincular del sector público, hay que decir que la medicina será peor que la enfermedad”, advirtió Moreira.
El economista indicó que estas medidas generarán una desaceleración adicional a la economía panameña que este año se espera que solo crezca 2.5% y puede poner en riesgo la meta de 3% para 2025.
“Hay que medir las consecuencias que tendrá sobre la economía disminuir de forma abrupta el tamaño del Estado. El mismo ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que había que ser prudente en cuanto a la separación de las personas de la planilla estatal, pero en la práctica vemos que no está sucediendo de esa manera”, señaló Raúl Moreira al indicar que hay ministerios que han sacado hasta 60% de los empleados.
Insistió en que antes de hacer estos recortes, se debe asegurar que la empresa privada va a tomar el dinamismo de la economía con mayor inversión y generación de empleo.
“Además, es vital conocer qué sectores van a aportar más en la reducción del gasto. Se debe conocer en qué áreas estará gastando menos el Estado”, agregó.
El economista además considera que se debe explicar de dónde provendrán los recursos para pagar a los proveedores del Estado los $877 millones que se adeudan a estas empresas.
Adicional a esto, Moreira precisa que cumplir con la meta de 2% de déficit fiscal establecido, no pareciera ser realista, cuando al cierre de marzo se ubicaba en $1,600 millones, que es casi 60% del déficit que se registró el año pasado, y estaba en promedio en 1.88% del PIB.
“Ahora pareciera que el MEF tendrá que revisar el techo de ese déficit fiscal que estaba en 2% para ponerlo en 3% o 4%”. Este miércoles, el Ministerio de Economía y Finanzas podría dar detalles de estas medidas de contención del gasto y además de revisión de las metas fiscales.
Moreira detalló que el déficit alcanza un monto de 3,438.6 millones lo que representa un -3.96 del PIB. Además explicó que con este monto para el cierre de junio, el déficit es mayor que el 2% que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para este año o sea, $1,700 millones por encima de lo que se espera sea el déficit al mes de diciembre.
