En la discusión sobre la derogatoria de la Ley 314 de 21 de junio de 2022 de incentivos al turismo, sus defensores han enfatizado el derrame económico de las inversiones y que el Estado recuperará el sacrificio fiscal efectuado a corto plazo, a cambio de mejores ingresos tributarios en el tiempo. Se ha estimado que los montos de créditos fiscales amparados por la Ley 314, podrían alcanzar los mil 500 millones de dólares.
Según un documento de la Autoridad de Turismo de Panamá, potencialmente unos 39 proyectos se podrían hacer beneficiarios del incentivo fiscal al turismo. Aunque algunos de estos proyectos tienen las siglas de “PH”, por buena fe se puede suponer que son turísticos. El total de habitaciones que aportarían estos proyectos a la oferta de hospedaje del país, es de 8 mil 720 nuevos “cuartos”.
Es cierto que cualquier proyecto de construcción genera empleos directos e indirectos, y por supuesto aumenta el consumo en el entorno del proyecto. Con el marco de incentivos al turismo anteriores a la Ley 314, la industria hotelera quedó exenta de numerosos impuestos y tasas por periodos prolongados, lo que significa en la práctica que sus aportes al fisco son los impuestos indirectos que pagan su personal, sus contratistas, y sus proveedores, más el impuesto del 10% por habitación cuando estas son ocupadas.
En el año 2019, los hoteles de la ciudad de Panamá reportaron que un total de un millón 432 mil 261 turistas ingresaron a sus recintos capitalinos, para un total de 6 millones 139 mil 178 pernoctaciones, es decir, días de hotel contratados. El porcentaje de ocupación fue de 45.5%. Por su parte, los 39 proyectos de la Ley 314 adicionarían en teoría, otros 3 millones 182 mil 800 pernoctaciones al año, fuera de la ciudad capital, si tuvieran una ocupación del 100%.
Como se explicó con anterioridad, esencialmente el fisco estaría cobrando el 10% del importe de cada una de esas pernoctaciones. Suponiendo que cada pernoctación tuviera un precio de 200 dólares diarios, el Estado cobraría 20 dólares. Esto significa que si la ocupación fuera el 100% todo el año, el Estado estaría percibiendo 63 millones 656 mil dólares. En un escenario en el que la ocupación fuera la misma que en la ciudad capital, es decir 45.5%, esto produciría 28 millones 963 mil 480 dólares al año. Esto significaría que el crédito fiscal de 1,500 millones de dólares se “recuperaría” en 51.79 años. Es decir, un crédito fiscal otorgado en el 2022 se recuperaría en el año 2073.
Por supuesto que con el transcurso de los años el Estado empezaría a cobrar los impuestos exonerados y otros tributos, lo que contribuiría a disminuir en algo el periodo de recuperación del crédito fiscal. Sin embargo, los supuestos de este análisis presumen muchos factores implícitos que deben funcionar óptimamente para el sector hotelero beneficiado por la Ley 314.
Aun así, el larguísimo horizonte de recuperación del sacrificio fiscal de todos los panameños, y las numerosas otras prioridades que podrían ser atendidas, reclaman que la Ley 314 sea derogada retroactivamente.
Especial para la prensa.
