La Junta de Control de Juegos (JCJ) está en desacato por no cumplir con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró ilegal la apertura de 12 salas de máquinas tragamonedas tipo A, operadas por la empresa Gaming & Services de Panamá bajo el nombre comercial Fantastic Casino.
Así consta en un informe de 13 páginas enviado por el procurador de la Administración, Rigoberto González, al presidente de la Sala Tercera de la CSJ, Carlos Vásquez, quien es el ponente del fallo que declaró ilegal una “adenda complementaria” al contrato suscrito entre la JCJ y Gaming & Services el 19 de diciembre de 1997, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).
Dicha adenda, pactada el 12 de noviembre de 2009 durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), infringe el artículo 46 del Decreto Ley 2 de 1998, que establece que no se otorgarán nuevas concesiones para la instalación de más máquinas tragamonedas tipo A. Además, establece un acuerdo de exclusividad a favor de Gaming & Services, lo que, según los magistrados de la Sala Tercera, perjudica la libre competencia y crea una situación desfavorable para otros operadores de juegos de azar.
El fallo de los magistrados Vásquez y María Cristina Chen Stanziola (Cecilio Cedalise salvó el voto) fue dictado el 16 de agosto de 2023; nueve meses después, las 12 salas autorizadas en aquella adenda ilegal de 2009 han seguido operando, razón por la cual Herbert Young, el abogado que promovió las acciones judiciales en nombre de la empresa Hípica de Panamá, S.A., presentó un incidente de nulidad contra la JCJ.
“Es evidente que existen pruebas concretas del incumplimiento por parte de la JCJ del Ministerio de Economía y Finanzas, al contrariar y no acatar lo decidido en la sentencia del 16 de agosto de 2023, emitida por la Sala Tercera”, señala el procurador González en su nota al magistrado Vásquez.
Cabe destacar que, en lugar de atender el mandato de la Corte, el pleno de la JCJ autorizó la apertura de 23 salas de máquinas tipo A, a través de la Resolución 51 del 23 de noviembre de 2023.
“Al emitir la Resolución 51 de 2023, la citada junta directiva de la entidad supervisora de juegos de azar contravino de manera directa lo dispuesto en el fallo del 16 de agosto de 2023″, anotó el procurador.
El pleno de la JCJ está integrado por el viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor (presidente), el contralor Gerardo Solís y el diputado Raúl Pineda.
“Son los que emitieron una resolución regulando el número de salas de máquinas tipo A en el área designada, en abierta violación al fallo”, señaló Young.
El secretario general de la JCJ es Manuel Sánchez Ortega, quien también firmó la Resolución 51.
Quienes adoptaron la referida resolución obviaron además el orden jerárquico de las normas involucradas, como la Constitución (que declara que las decisiones de la Corte son finales, definitivas y obligatorias), el Código Judicial (que dicta que las sentencias de la Sala Tercera no admiten recurso alguno) y el Decreto Ley 2 de 1998; los tres tienen una prevalencia jurídica superior a la de la resolución emitida por la JCJ.
Las 12 salas de juego autorizadas en la adenda ilegal son adicionales a las 14 que Gaming & Services ya maneja por el contrato de concesión que ganó en 1997.
En 2009, por exigencias de la JCJ, la empresa Cirsa reconoció que era la titular del 71% de las acciones de Gaming & Services y de otra sociedad denominada Lucky Games. El 29% restante pertenecía, en aquella época, al exministro de Vivienda, Roosevelt Thayer, y a Enrique Pretelt, yerno de Pérez Balladares.
