La opacidad en la que se mueve Rapid Money

La opacidad en la que se mueve Rapid Money


Las empresas de remesas deben dar seguimiento a todas las transacciones realizadas por sus clientes a fin de identificar movimientos no usuales y tomar las medidas necesarias para prevenir que sus operaciones se lleven a cabo con fondos o sobre fondos provenientes de actividades relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo.

Así lo especifican los acuerdos emitidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), una de las entidades reguladoras de la actividad.

Siendo así, con todas las disposiciones que hay en esta materia, nadie esperaría que una empresa de remesas maneje sus fondos como si fuesen producto de una actividad no regulada, con lo cual, sus transacciones quedarían fuera del tamiz de la inspección y el reporte de posibles actividades sospechosas.

Desde 2019, Inversiones Rapid Money, S.A. deposita sus fondos en la cuenta bancaria de Importadora Ricamar, S.A., imputada en el caso Odebrecht de lavado de activos.

Se estaría realizando esta triangulación luego de que a Inversiones Rapid Money, S.A. le fuera cerrada su cuenta en Capital Bank, a finales de septiembre de 2019.

Desde entonces, depósitos de la empresa se hacen en la cuenta de Ricamar en Bac Credomatic, sin que esta última tenga licencia de la SBP para el negocio de remesas.

Rapid Money, S.A. –que sí está registrada en la SBP para ejercer este negocio– ha tenido que estar bajo la inspección de la SBP. Pero se desconoce si el regulador ha encontrado hallazgos o irregularidades que hayan sido reportados, por ejemplo, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Desde el pasado 2 de junio, este diario envió un cuestionario a la SBP, en el que se intentó obtener respuesta sobre el marco legal en el que se sustenta una empresa con licencia para ejercer al negocio de remesas de dinero que deposita fondos en una cuenta bancaria que no sea la suya.

También se preguntó si por un caso de este tipo habría una investigación en curso.

El regulador no contestó las preguntas específicas, que se hicieron vinculadas al tema.

A cambio, indicó que dentro del contexto de las interrogantes, en términos generales, cada entidad bancaria se encuentra obligada a implementar todos los procedimientos y políticas, así como todas las medidas necesarias, tendientes a prevenir que sus operaciones y/o transacciones sean llevadas a cabo con fondos provenientes de actividades relacionadas con el delito de blanqueo de capitales, procedimientos estos que son debidamente verificados por esta Superintendencia como organismo regulador y supervisor del negocio bancario en nuestro país.

En lo que respecta a casas de remesas, la SBP indicó que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) es quien otorga la licencia para operar y es responsable de los aspectos prudenciales y operativos de la actividad de remesas de dinero.

“En lo que nos corresponde, la Superintendencia de Bancos realiza igualmente la supervisión de estas, con el fin de verificar que cuenten con políticas, procedimientos y controles adecuados para prevenir que sus operaciones y/o transacciones se lleven a cabo con fondos provenientes de actividades relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (...)”.

Como parte de esa supervisión, la SBP recibe información de las casas de remesas registradas en forma periódica, lo que permite darle seguimiento a la gestión que realiza cada sujeto obligado financiero, sustentaron.

La SBP no suele dar información detallada de sus inspecciones, ya que la ley le exige el resguardo de la misma.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley No. 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capital y el financiamiento del terrorismo, modificado por el artículo 123 de la Ley 21 de 2017, corresponde a esta entidad supervisar a los sujetos obligados financieros, únicamente, en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre los que se encuentran las empresas de remesas de dinero.

En tanto, el acuerdo de prevención para otros sujetos obligados financieros N°. 004-2018 (de 23 de octubre de 2018) indica que la SBP notificará a la UAF las operaciones sospechosas de que tenga conocimiento en el curso de las inspecciones a las empresas de remesas de dinero sin que ello exima a la entidad de la obligación de hacerlo.

Por otro lado, la norma establece que la gestión del riesgo de blanqueo de capitales deberá ser parte integral del proceso de la metodología de evaluación de la empresa de remesas de dinero.

Dicha metodología deberá ser realizada por el área asignada por la junta directiva o el apoderado legal de quien ostente el registro ante esta Superintendencia, con la participación del área de prevención de blanqueo de capitales y ser aprobado por la junta directiva de la entidad, o bien por el apoderado legal.

Inversiones Rapid Money está presidida por Alejandro Garúz Adames, el también actual gerente general de Importadora Ricamar, S.A., compañía propietaria de los Súper 99.

Hace un año, el 8 de junio de 2021, Garúz Adames envió una carta a la empresa EPago International, Inc., en la que decía que “Inversiones Rapid Money, S.A., al día de hoy no tiene cuenta bancaria habilitada (por discreción del banco Capital Bank y sus políticas internas…)”.

¿Puede una empresa de remesas operar sin cuenta bancaria?

La respuesta de personas vinculadas a la industria es que no es posible hacer negocios en tales circunstancias, por lo que, de ser así, un hecho de este tipo debería ser advertido por el regulador y los auditores externos.

Otros advierten que hay que observar el ecosistema completo y bajo el cual opera la empresa de remesas, pues también se dedica a recibir por parte de su clientes de los pagos de sus servicios, lo que hipotéticamente podría tener otro manejo bancario.

Este medio le envió ayer lunes, por tercera vez, un cuestionario al gerente general de Importadora Ricamar, que es, a la vez, presidente de Inversiones Rapid Money, S. A., Alejandro Garúz Adames, pero al cierre de esta edición no había respondido.

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