El gobierno del presidente Laurentino Cortizo continúa con el ritmo creciente de la planilla. Cada mes hay más funcionarios y más pagos en salarios. Un informe de la Contraloría General de la República visibiliza el tamaño aproximado del Estado. De enero a julio de este año se han desembolsado $2,871 millones en salarios a 256,024 funcionarios.
El pago en salarios equivale a construir dos ciudades de la salud, tres terminales de pasajeros como la ampliación de Tocumen o más de cuatro centros de atención de salud como el Hospital del Niño.
Cuando se comparan los desembolsos hechos hace un año, se observa un alza de $57 millones. Y cuando se evalúa la cantidad de funcionarios en comparación a julio de 2022, el incremento es de 616 empleados públicos.
Cortizo empezó su gestión, en julio de 2019, con la planilla del sector público compuesta por 238,248 mil personas. Esto significa que en cuatro años de gestión se han agregado 17,776 funcionarios.
Llama la atención la composición de contratos que han estado aumentando. El desglose muestra un aumento de 2,376 funcionarios permanentes, mientras que los funcionarios eventuales disminuyeron en 1,760, que en pleno periodo electoral, lo que es considerado por algunos analistas como un blindaje a futuro para los copartidarios políticos que trabajan para el Estado.
Esto refleja, en gran medida, la estrategia sistemática de resguardar las plazas de empleo para allegados partidistas.
Cuando todo un país estaba atento a lo que pasaría con el contrato entre el Estado y Minera Panamá, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el pasado 16 de octubre, en tercer debate, el proyecto que reformó la Ley 12 de 10 de octubre de 1998, que desarrolla la carrera del servicio legislativo.
Los diputados relajaron aún más el ingreso de funcionarios a la carrera legislativa y activaron hasta por seis meses, el procedimiento especial de ingreso. Este mecanismo permitirá que los servidores públicos que solo tienen dos años en la entidad se sumen al sistema.
El proyecto también modifica la Ley 12 para que en el mes de diciembre de cada año, el legislativo pueda entregar un bono de Navidad a los funcionarios permanentes. El monto de este gasto, que no está ligado a la producción y eficiencia en la Asamblea, estaría a discreción de lo que decida la junta directiva del momento. Otro gasto.
Históricamente, la información de salarios y empleados que se ha decidido reportar y compartir incluye la información de 93 entidades en la planilla del sector público, distribuidas en 28 para el gobierno central, 41 en las instituciones descentralizadas, 16 de empresas públicas y 8 en los intermediarios financieros. La misma excluye a la Autoridad del Canal de Panamá, patronatos y los municipios con excepción del pago a los representantes de corregimiento.
Igualmente se excluyen los pagos por horas extras, vigencias expiradas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y funcionarios eventuales de proyectos de inversión. Es decir, que nadie sabe realmente cuánto le cuestan al país los empleados estatales.
El vacío plan de austeridad
¿Dónde quedó el plan de austeridad anunciado por el Gobierno en medio de la pandemia, un periodo en el que todo el país se sacrificó debido a la paralización de la economía?
El Gobierno había prometido la reducción de la plantilla laboral pero no cumplió su promesa. Justifica el alza de las partidas en el hecho de que existen regulaciones especiales que periódicamente incrementan los salarios de algunos funcionarios cada dos años, y por otro lado, la necesidad de funcionarios clave en áreas como justicia y salud.
Sin embargo, la planilla no productiva tampoco baja, ya sea en esas mismas áreas o en otros ministerios.
En julio de 2023, el sector público tenía un total de 256,024 funcionarios que devengaron un sueldo bruto de $421.9 millones en un mes.
De este total de funcionarios, el gobierno central registró un total de 166,477 funcionarios en julio, de los cuales 149,815 eran permanentes y 16,662 son eventuales.
Son estos funcionarios permanentes los que concentran la mayor cantidad del gastos, del total de la partida: representan el 62.5% del total de $2,871 millones.
Las instituciones que aumentaron el número total de funcionarios en julio de 2023 con respecto a julio de 2022 son: el Ministerio de Educación, con 954; el Tribunal Electoral, con 906; el Ministerio de Seguridad Pública, con 740; el Órgano Judicial, con 345 y la Procuraduría General de la Nación, con 259.
En cuanto a la cuestión de prioridades, resulta evidente que existen discrepancias notables en el gasto público.
Tomemos como ejemplo al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), cuya responsabilidad es proteger los recursos naturales del país. Encargado de supervisar la compleja y conflictiva actividad minera, esta entidad destinó a su planilla la suma de $18.3 millones en siete meses, mientras que la Asamblea Nacional, caracterizada por ser un fortín de los diputados y partidos políticos, desembolsó $49.7 millones.
Si se hace un paralelismo de lo que la Asamblea Nacional destina a su planilla, versus el Ministerio de Economía y Finanzas, una entidad con altos estándares técnicos, la institución controlada por los diputados dispone y desembolsa un 55.3% para el pago de salarios.
El consultor Domingo Latorraca recordó que una de las formas en que a través del tiempo las autoridades intentan mantenerse en el poder es a través del abultamiento de la planilla en el sector público.
“Esto no solo ha probado ser inútil en ese intento, sino que tiene efectos negativos en varios contextos”, dijo Latorraca.
Cada dólar que se malgasta en elevar el número de funcionarios innecesariamente, es un dólar menos de inversión. “La inversión pública es vital como elemento para promover el desarrollo humano y la productividad de los países”, insistió Latorraca.
Existe la tecnología suficiente para digitalizar un alto porcentaje de los procesos involucrados en los servicios públicos, mejorando la calidad de los mismos. Pero mayor burocracia, usualmente involucra más procesos manuales y más personas, menos eficiencia y menos nivel de servicio para los ciudadanos.
“Para lograr transformar el crecimiento de Panamá en progreso y desarrollo humano, el Estado debe brindarle a sus ciudadanos servicios de primer mundo: Educación, salud, manejo de desperdicios, y otros. Mientras el Estado fracase en reorganizar estos servicios, continuaremos creciendo en términos económicos, pero fallando en proveerle a los ciudadanos las herramientas para valerse por sí solos—y no depender de subsidios”, puntualizó el consultor.
