Desde que se aprobó en la Asamblea el proyecto de ley 697, que regula la actividad de criptomonedas, se ha generado un debate con reacciones a favor y en contra de la norma.
La semana pasada, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, apuntó que con la información que manejaba no firmaría la ley y dejó entrever que la podría vetar parcialmente.
Tanto la Superintendencia de Bancos de Panamá como la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) están solicitando el veto del proyecto de ley, según confirmaron tanto el regulador bancario, Amauri Castillo, como el presidente de la ABP, Otto Wolfschoon, mientras que los promotores del proyecto, como el diputado Gabriel Silva señalan que el veto total enviaría un mensaje negativo sobre el interés del país de avanzar en materia de innovación financiera.
El proyecto tiene entre sus objetivos principales, según comentó el diputado, dar claridad y certeza jurídica al uso de criptoactivos en Panamá, es decir, que se reconozca que se pueden utilizar como métodos de pago de manera opcional; pretende atraer a empresas, tanto locales como extranjeras, que se desempeñen en el sector de los criptoactivos y las tecnologías de información financiera o fintech; y que el blockchain, la tecnología que está detrás de los criptoactivos, sea implementada en la agenda digital del gobierno para acelerar y facilitar los trámites.
Las preocupaciones del sector bancario estriban principalmente en los eventuales riesgos asociados al blanqueo de capitales que se pueden generar alrededor de la actividad de los criptoactivos.
Castillo dijo que el proyecto podría afectar a los avances que Panamá ha logrado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), ya que introducir la figura sin un análisis de los riesgos inherentes que los activos virtuales pueden representar en materia de blanqueo de capitales reflejaría falta de análisis y abordaje que la jurisdicción debería darle a la introducción de un nuevo medio de pago.
El regulador explicó que en el pasado el país ha tenido que hacer análisis para entender los riesgos vinculados al financiamiento del terrorismo, así como de las estructuras jurídicas. “Si nosotros, como país, estamos pensando introducir nuevas tecnologías, nuevos productos, en este caso criptoactivos y comercializar con ellos, la pregunta es si hemos hecho un análisis de riesgo de blanqueo de capitales asociado a ese producto. La respuesta es no”.
En un sentido similar, Wolfschoon dijo que Panamá está en un proceso encaminado a salir de la lista gris del GAFI, en la que el país está desde junio de 2019 y que pretende corregir una serie de deficiencias en el régimen de prevención de blanqueo de capitales detectadas desde hace años. “Estamos abriendo una nueva dimensión de temas a discutir -en referencia a las criptomonedas- cuando no hemos cerrado el capítulo anterior”, sostuvo.
El debate ha ganado voltaje en las últimas semanas y se ha trasladado a las redes sociales. Una de las personas más activas en la defensa del proyecto de ley es el emprendedor digital Felipe Echandi, que a su vez es director de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Echandi dijo a este diario que los argumentos del regulador y del gremio bancario parten de una premisa que él considera equivocada y es suponer que la actividad se va a dar porque se regularice. Al contrario, Echandi asegura que ya en Panamá y en América Latina se produce intercambio de criptoactivos de persona a persona de manera importante y se hace sin mitigar los riesgos y sin hacer tareas como conocer al cliente.
Señaló, a su vez, que las recomendaciones de GAFI apuntan a la regulación de los proveedores de activos virtuales para mitigar los riesgos y compartió que los países más avanzados del mundo han tomado medidas para reglamentar aspectos fiscales y de prevención de blanqueo de capitales vinculados a los criptoactivos.
En el texto aprobado se señala que la Superintendencia de Bancos velará por que la reglamentación aplicable tome en cuenta los criterios recomendados por el GAFI con relación a los riesgos de blanqueo de capitales.
La supervisión de prevención recaería sobre la Superintendencia de Bancos, mientras que sería el Ministerio de Comercio e Industrias el encargado de emitir las licencias.
El regulador bancario advierte de que esa dualidad representa desafíos para las autoridades y que la experiencia demuestra que no es la mejor fórmula para una supervisión eficaz de una actividad.
El texto concede distintos plazos a las autoridades para reglamentar varios aspectos de la ley, que en algunos casos son de tres meses. En este sentido, el regulador apunta que los tiempos son exiguos y que no existe capacidad en las autoridades, por tratarse de temas muy complejos y relativamente novedosos.
Al respecto, tanto Echandi como Silva apuntan que precisamente se debe construir esa capacidad y que quedarse cruzados de brazos sin hacer nada no debe ser la opción más recomendable para abordar la situación y mitigar eventuales riesgos, ya que hay otros países que están tomando la delantera para sacar provecho a la innovación y la captación de inversiones que puede generar esta actividad.
Aunque las posiciones son contrarias y los reproches se cruzan cuando se aborda cómo fue el proceso parlamentario, ambos lados coinciden en que es positivo que el tema se aborde y se debata públicamente.
