Las elecciones pasadas produjeron lecciones interesantes. Entre estas podemos señalar el despertar abrupto a una realidad que muchos pretendieron ignorar: la ciudadanía tiene una mayor demanda por la rendición de cuentas por parte de las autoridades públicas, quienes en rol fiduciario deben administrar eficientemente los recursos que le pertenecen a la Nación.
Otra lección, las nuevas formas de participación ciudadana superaron las arcaicas estructuras diseñadas para operar eficientemente en el siglo XX, pero no en plena revolución industrial 4.0, en donde la creación y distribución de la información es mucho más democrática.
Además, esta elección evidenció como ninguna otra en la era democrática, la importancia de los retos económicos que debe asumir la nueva administración: enfrentar la crisis del programa IVM de la Caja del Seguro Social, controlar las cuentas fiscales, abordar la situación de la mina de cobre, colaborar con la solución al problema de abastecimiento hídrico en la cuenca del Canal y sobre todo generar confianza en el sector empresarial para elevar los niveles de inversión privada que permita retomar la senda del crecimiento económico y generar empleos. Esto en medio de la pérdida del grado de inversión de los instrumentos de la República.
Esta pérdida, no sólo generó pesimismo en el ánimo de los inversionistas, sino que creará presión en las finanzas públicas, ya que entre 2025 y 2029 se vencen deudas por $12,500 millones, cuyo refinanciamiento, asumiendo que se mantiene el escenario actual, demandaría cerca de $450 millones adicionales en pago de intereses durante ese periodo.
El incremento potencial del servicio de la deuda complicaría aún más el complicado panorama fiscal, teniendo en cuenta la baja capacidad de generar ingresos fiscales, pues en los últimos 30 años, por cada millón de dólares que crece el PIB, nuestros ingresos fiscales crecen $190 mil y, por otro lado, tenemos un aumento continuo del gasto público que puede producir un déficit de 3.5% con respecto al PIB para el 2024. Esta situación ha derivado que la proyección de endeudamiento con respecto al PIB sea 54% en el 2024 y 50% en el 2029, muy por encima del promedio de 36% de los años 2010-2019, cuando teníamos grado de inversión.
Sin embargo, ante este panorama complejo, la expectativa de que sea superado es alta, no solo porque Panamá ha demostrado históricamente resiliencia y capacidad de innovación para superar cualquiera situación adversa y salir fortalecida, desde la recuperación post guerra de los mil días, vaivenes políticos del siglo XX, disputas con los Estados Unidos por el área canalera, conflicto político y económico de finales de la década de los ochenta y posterior invasión, sino también por el hecho que los análisis indican que nuestros fundamentos económicos siguen sólidos.
Lo que debemos recordar es que la recuperación en cada etapa de nuestra historia ha sido posible gracias a la unión como país y por el resultado del trabajo individual de cada uno, sin distingo de nivel económico o educativo y nunca confiados en la llegada de un mesías.
El autor es financista.
