El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Carlos Berguido, tildó de populista la propuesta de sancionar a las entidades financieras y empresas que se nieguen a tener como clientes a personas o empresas que estén siendo investigadas por algún delito o que hayan sido mencionadas en algún medio de comunicación o incluso hasta en redes sociales.
Berguido se refirió así al proyecto de ley 7065, presentado por el diputado oficialista Raúl Pineda el pasado 1 de agosto, que busca “proteger el derecho fundamental de la presunción de inocencia del sistema financiero”, según reza la exposición de motivos del proyecto, con el fin -dijo Pineda- de ”evitar prácticas arbitrarias e inquisitivas de nuestras autoridades” para con los acusados, investigados o siquiera mencionados por algún delito.
El diputado perredista sostiene que no permitir el acceso a productos financieros es una “sanción de facto”, ajeno a la pena que limita “el derecho al trabajo y el libre desarrollo de la personalidad”.
La iniciativa impediría a cualquier empresa financiera, bancaria, de leasing, venta, transporte, factoring, administradores de inversiones y de fondos, compañías de seguros y reaseguros, comercializadoras, cooperativas, envío de remesas, zona libres, casas de valore y de empeño, casino y joyerías, entre otras, desvincular a un cliente que esté siendo investigado penal o administrativamente, “bajo cualquier concepto, razón o circunstancia”, o que sea mencionado en alguna investigación periodística o en redes sociales.
Berguido resaltó que muchos escándalos de corrupción que han llegado a la palestra se han podido judicializar precisamente por la información aportada por los bancos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que proveyó la inteligencia financiera inicial para que las autoridades siguieran con los casos.
Es por esto que Berguido rechaza que se le atribuya a los bancos la condición de cómplices o partícipes, al tiempo que negó que los bancos cierren cuentas sin estar “totalmente seguros” de la información que maneja y tras un análisis exhaustivo de que esa relación conllevaría consecuencias reputacionales o legales con sus bancos corresponsales, por ejemplo.
El proyecto de Pineda es “populista, altamente inconveniente y peligroso” en palabras de Berguido. Considera además “altamente inapropiado” la presentación del proyecto, con la próxima visita del Grupo de Acción Financiera (GAFI) a Panamá.
Pineda propone multar a los bancos e instituciones financieras que unilateralmente cierren las cuentas de los clientes en estas condiciones, además de obligar a los bancos estales a entablar la nueva relación con los clientes desvinculados, aceptando la transferencia de todos los compromisos, cuentas y deudas que haya tenido la persona afectada.
