Luego de anunciar el inicio de un arbitraje internacional contra Panamá luego de quedarse sin contrato de concesión para seguir operando en Donoso, el director ejecutivo de First Quantum Minerals Ltd., Tristan Pascall, habló en exclusiva con La Prensa.
¿Qué pensó cuando conoció el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, el pasado 28 de noviembre?
Aceptamos el fallo con humildad, pero surgen muchas preguntas que han quedado sin respuesta. Uno, las operaciones están detenidas y hay 7 mil colaboradores directos y 33 mil indirectos a los que estamos apoyando, pero a ellos nadie les está hablando ni diciendo qué va a pasar. Dos, ambiente: no se puede cerrar la mina en un día. Estamos cerrando una en Finlandia que tenía 60 años operando y el cierre toma de 15 a 20 años.
¿Qué pasa si se cierra hoy la mina de Panamá?
En las próximas semanas bajará el PH, se afectará el ambiente, la fauna y la flora, morirán peces y los metales quedarán finalmente en el agua contaminándola. Irónicamente, paran la mina por “daños ambientales” y si la cierras así, causas daños ambientales. La presa de relave se construyó con altos estándares de seguridad y ambiental. Si no le das mantenimiento, la lluvia debilita las paredes y eventualmente podría haber una ruptura. Eso sería catastrófico.
¿Cuánto cuesta, actualmente, el mantenimiento de la presa?
$160 millones a 200 millones anual. Solo en la presa.
¿Pensó que el fallo sería constitucional o inconstitucional parcial?
Suponíamos que sería inconstitucional o al menos parcial. La Corte fue muy enfática, pero las respuestas deben darlas, porque queremos ser parte de la solución, pero en este momento ya la responsabilidad es de todos.
En 2013, FQML adquirió la concesión sabiendo que su mayor riesgo era que existían dos demandas de inconstitucionalidad pendientes… ¿Qué puede decir al respecto?
Lo evaluamos seriamente, pero llegamos a la conclusión de que teníamos un contrato con el gobierno y Panamá había sido clara en que siguiéramos con el desarrollo. Desde 1997, que se firmó el primer contrato, en 2011 cuando se hizo el estudio de impacto ambiental, en 2017 cuando se renovó… En 2017, aun con el fallo de inconstitucionalidad, nos dijeron que continuáramos. Teníamos una inversión de $10 mil millones y siempre nos habían dicho que siguiéramos invirtiendo. Pero ahora nos dicen que 25 años fueron ilegales y que paremos.
¿Algo similar a esto les había pasado en otro país?
Una vez en Congo, de donde nos expulsaron porque pedían coimas… y nosotros no pagamos coimas. Ahí hubo un arbitraje y la compañía que tomó la concesión llegó con nosotros a un acuerdo extrajudicial y nos pagaron una suma millonaria. Uno de nuestros socios en esa mina fue el IFC del Banco Mundial. Fue la primera vez que el Banco Mundial propuso un arbitraje a un país. Normalmente, tienes una concesión regida bajo el código minero del país y operas bajo ella. En Panamá, hay un estándar más alto y debes tener un contrato ley.
¿Y la demanda de Zambia billonaria por falta de pago de impuestos?
La demanda no tenía sustento. Pusieron un número alto para llegar a un número más bajo, y llegamos a un acuerdo. Pero llevamos más de 20 años en Zambia, tenemos una buena relación con el gobierno y somos parte del desarrollo del país.
Hablando de coimas, ¿alguien les pidió coima en Panamá para la aprobación del contrato?
Desde el principio pusimos sobre la mesa que eso no era una política aceptada por la empresa.
¿Hay riesgo de quiebra para First Quantum, tomando en cuenta que la de Panamá era la mina más rentable?
Es, en efecto, la mayor inversión que tenemos. Tenemos finanzas fuertes a corto y mediano plazo, pero sí, tenemos que ver cómo las sostenemos a largo plazo.
¿Qué le han dicho los compradores de los minerales extraídos en Panamá?
Les dijimos que no podremos cumplirles con lo acordado por motivos de fuerza mayor. Todos preguntan qué paso. Nadie lo entiende.
¿Qué pensó cuando vio la magnitud de las protestas en contra de la minería, incluso en la sede de la empresa en Toronto?
Aceptamos con humildad que la gente levantó firmemente su voz en contra. Reconozco que hay un tema anti minero, pero también hay otros aspectos que motivaron esas manifestaciones.
¿Como cuáles?
Impopularidad del gobierno y temas electorales.
La minera siempre resaltaba su buena relación con las comunidades aledañas a la mina. ¿Se sorprendieron de que las comunidades vecinas de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada dijeran no a la mina?
Había gente a favor y en contra. Pero tenemos que reconocer que los que hablaron mayormente estaban en contra. Los que estaban a favor no lo hicieron por temor ante la crispación generalizada que se formó.
Su opinión de las principales causales de la inconstitucionalidad del contrato, varias repetidas en el fallo anterior, como la falta de licitación, por ejemplo.
Te doy un ejemplo. Si te dan una licencia para investigar para elaborar una nueva medicina, después tienes esa licencia para poder comercializarla. Si no tienes esa garantía, ¿para qué vas a invertir en investigar? En la minería es igual. Cuando te dan la concesión para explorar, debes tener una garantía de que vas a poder explorar, explotar y comercializar. Si no, ¿qué sentido hace? Ya habíamos hecho una inversión. Por eso no procedía una licitación.
Su versión de la causal de la falta de consulta pública.
No sé por qué decidieron eso, porque sí hubo consulta pública. Todas las que se solicitaron se hicieron. Más allá, eso era responsabilidad del gobierno. Pero la consulta pública más importante es durante la elaboración del estudio de impacto ambiental. Y constantemente hubo auditorias estatales e independientes en las que nos midieron e incluyeron consultas públicas en las comunidades.
Su lectura de la causal de la falta de un estudio de impacto ambiental actualizado.
Constantemente actualizábamos los estándares ambientales y el estudio de impacto ambiental fue modificado varias veces. No era un documento muerto el de 2011; fue modificándose.
Uno de los cuestionamientos en Panamá era lo poco que pagaba la mina al Estado, tomando en cuenta que era la mina más grande y rentable de First Quantum. ¿Cuál es su opinión de que en Panamá pagaran menos que en cada una de las minas de Zambia?
La inversión acá fue muy alta. Teníamos que encontrar un balance, porque en Zambia pagamos menos porque ya se había recuperado esa inversión. Pero aceptamos que podíamos pagar más y por eso negociamos este acuerdo que le iba a pagar mucho más a Panamá.
¿Hay algún político o funcionario panameño que tenga acciones de First Quantum o de Minera Panamá?
No que yo sepa. Pero First Quantum es una empresa pública en la que cualquiera puede invertir.
¿Han hecho donaciones electorales en Panamá?
En el pasado sí, pero no interferimos en procesos electorales. Y cuando lo hemos hecho han sido montos pequeños y a todos los candidatos por igual para promover la democracia. Pero en este momento no podemos donar porque la ley panameña no lo permite.
¿En qué año donaron y a quién?
Se ha hecho en general, en otros países…
¿Por qué en el contrato se estableció como legal ocultar la identidad de los accionistas con menos del 10% de las acciones?
Es lo que aplica para todos los contratistas de Panamá. En nuestro caso, hubiéramos tenido que publicar la lista completa, que incluye a más de 60 millones de personas. Fuera del volumen de la información, cambia todo el tiempo.
¿Cuántas acciones tiene el gobierno o empresas estatales de China en First Quantum y de Corea del Sur en Minera Panamá?
Hay una empresa china asociada al gobierno que tiene alrededor del 18% en First Quantum. En Minera Panamá, es una empresa privada asociada al gobierno de Corea del Sur la que tiene el 10%.
Su respuesta a quienes alegan que eso violaba el artículo 290 de la Constitución panameña.
Hay una ley que reformó el Código Minero, que sí lo permitía.
¿Cuánto toma cerrar una mina de manera responsable y cuánto cuesta eso?
De 15 a 20 años, y cuesta alrededor de $20 millones a $50 millones por cada uno de esos años. En un proceso normal generas el dinero y con ese dinero vas pagando el cierre. Y abrimos un hueco: hay que procesar para poder sacar material para cubrirlo. Si no, tendrías que abrir una enorme cantera para tapar el hueco de la mina. Aquí hay un cierre abrupto que no contempla ninguno de esos factores. Además, no hemos terminado de pagar la inversión inicial. ¿De dónde va a salir esa plata para cerrar la mina?
En el caso de Panamá, ¿quién debería asumir ese costo?
No está claro y es una de las preguntas sin respuesta. Sería ilegal hacerlo nosotros, porque, según el fallo, no tenemos concesión.
¿Les interesaría hacerlo? De ser afirmativa su respuesta, ¿en qué condiciones lo harían?
Queremos ser parte de la solución, sí. Sabemos que tenemos una responsabilidad, pero necesitamos que Panamá también entienda que tiene una responsabilidad. Entendemos que es difícil que lo permitan, pero la manera más sensata sería si nos dejan operar la mina para poder generar los ingresos y el material para poder cerrar la mina.
Su opinión de los abogados particulares del Estado que participaron en la negociación.
Fue una negociación robusta de dos años. El gobierno tuvo un equipo informado que nos presionó… Estuvimos cerrados dos semanas en febrero de 2023. Y luego llegamos a un acuerdo beneficioso para ambos. Pero durante la negociación nunca vinieron a la mina a entender la operación.
Su opinión de la renuncia del ministro Federico Alfaro.
Tenemos muchas preguntas que necesitan respuesta, sobre los trabajadores y el ambiente, sobre todo. Tenemos que buscarlas en el nuevo ministro.
¿No hay conflicto de intereses con los ministros que han hecho negocios con la minera y uno de ellos haya firmado el contrato que llegó a la Asamblea?
De eso último no sé, pero eso fue antes de que fueran ministros.
Su opinión de los servicios legales de los abogados que en seis años le han producido tres fallos de inconstitucionalidad.
Nuestros abogados negociaron el contrato para que de nuestro lado estuviera todo en orden. Nosotros no éramos los expertos en la Constitución panameña.
¿Van a seguir con los mismos abogados para el arbitraje?
Son jurisdicciones distintas. Preferimos, aun habiéndolo presentado, no ir al arbitraje y seguir con una relación a largo plazo con el país, pero el arbitraje es necesario para salvaguardar los intereses de los accionistas. Yo tengo una obligación fiduciaria con los accionistas y los inversionistas.
¿Qué tiene que pasar para que retiren la demanda de arbitraje?
Que se nos garantice que la inversión no está en riesgo.
Si les pagan su inversión inicial, ¿se van del país y retiran el arbitraje?
Además de la inversión inicial, sería el valor del activo. Estamos dispuestos a conversar y explicarle al país nuestra contribución en un diálogo amplio, donde participen el gobierno y otros grupos.
Gastaron millones de dólares en publicidad para eso y el país no compró sus argumentos…
Sí, es cierto. El mensaje tiene que ser distinto para que sea exitoso.
¿Qué opina de que el proceso de aprobación, sanción y promulgación del contrato ley haya sido tan expedito?
Eso nos sorprendió. No podíamos creerlo, porque el proceso demoró años.
¿Por cuánto van a demandar al Estado panameño?
No hemos llegado a eso aún. Solo vamos en el primer paso, que es la notificación. Pero para eso se toma en cuenta la inversión inicial y el valor del mercado del activo, las ganancias a futuro, los impuestos pagados y otros aspectos.
Responda a los ciudadanos panameños que piensan que era exorbitante que la empresa pudiera pedir la prohibición permanente de sobrevuelos.
Fue por un tema de seguridad, para que no hubiera sobrevuelos mientras había voladuras. No estábamos cuestionando la soberanía del espacio aéreo de Panamá.
A los que alegan que era injusto tener que pagar tan poco por los minerales asociados, plata, oro, molibdeno.
Pagamos lo que estaba establecido en el contrato… y estuvimos siempre dispuestos a negociarlo.
A los que apuntan a los daños ambientales causados.
Reconocemos los impactos ambientales, pero hemos tenido impacto en 3 mil hectáreas. Eso es menos del 0.1% del territorio nacional. De eso se generan $800 mil por hectárea por año en producto interno bruto. Desde el año 2000, Panamá ha talado 490 mil hectáreas de árboles. Nosotros ya hemos reforestado 4 mil 200 hectáreas: más de lo que se deforestado. Y el compromiso era reforestar 11 mil 125 hectáreas.
Su respuesta a los que afirman que la mina le quitó al Canal el agua que necesitaba para su futuro.
Es físicamente imposible que el agua se mezcle, porque son cuencas distintas. Si construyéramos una tubería podríamos proveerles agua al Canal, pero toda el agua del proyecto por un año duraría una semana en el agua del Canal. Y uno de los cambios que se hizo en el contrato fue incluir que el agua del Canal siempre tendría prioridad sobre nuestra agua, y lo aceptamos inmediatamente y sin cuestionamientos.
Su respuesta a los que alegan que lo que extraían en Panamá se lo vendían a una filial en Suiza.
Eso es falso. El precio lo determina el mercado internacional.
A los que alegan que era arrogante incluir en el contrato que el gobierno debía acatar inmediatamente los pedidos de la mina.
No vemos una preferencia con nosotros. Si no, no estaríamos en esta posición.
¿Hasta cuándo van a poder mantener en planilla a los colaboradores que no han sido suspendidos?
Todos están en suspensión ahora mismo. Tomaron una decisión y nadie los tomó en cuenta. Quisiéramos seguir manteniéndolos en planilla, pero si no estamos operando no podemos hacerlo.
¿Cuántos de esos colaboradores son panameños?
El 90%.
¿Qué pudo haber hecho mejor la empresa? ¿Qué aprenden de esto?
Tenemos mucho que aprender. Sobre todo, mucho trabajo que hacer para mejorar la confianza de los panameños en nosotros.
¿Ya para qué, si ya se tienen que ir?
No queremos dejarle el problema solo a Panamá. Queremos participar en la solución. Si lo hacemos operaríamos de forma ilegal, pero si no lo hacemos es inmoral e irresponsable. Por eso es importante que conversemos.
¿Y? ¿Se han reunido?
Hemos tratado varias veces de reunirnos con el gobierno para entender sus planes y la transición, pero seguimos trabajando en ello.
Su valoración de la seguridad jurídica de Panamá.
El fallo de la Corte deja muchas preguntas alrededor de eso. Esto sienta un precedente que aplicará para cualquier futura y actual concesión en Panamá. Al final, los países reciben a los inversionistas que se merecen.
