El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, propuso a la Asamblea Nacional una serie de reformas a la Ley 34 del 5 de junio de 2008, referida a la Responsabilidad Social Fiscal que deja un espacio de maniobra al Ejecutivo para manejar con más holgura las finanzas públicas.
Para algunos economistas, la propuesta de eliminar o subrogar los límites de las metas financieras que colocaban un tope de déficit fiscal cada año y que debía ser aprobado por la Asamblea Nacional es una medida cuestionable. Otros consideran que la decisión es realista pues en los últimos años no se ha cumplido con esas metas fiscales y se tenía que acudir cada año a modificarlas.
Raúl Moreira, profesor de Economía y Finanzas y expresidente del Colegio de Economistas, indica que la propuesta no hace referencia a ningún tope de déficit fiscal ni en el año 2025 ni en el año 2026, solo hacia el 2027.
“Esas referencias en las cuales el órgano ejecutivo está eliminando funciones del órgano legislativo, augura que esta reforma, en esos puntos, no va a pasar en la Asamblea Nacional. La Asamblea no va a permitir que las funciones que están establecidas actualmente en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal sean eliminadas para que se deje a criterio del Gobierno Nacional, exclusivamente la determinación de los límites de responsabilidad fiscal”, advirtió Moreira.
Recalcó que en la ley vigente la determinación de los topes de déficit fiscal se presentaba en el Consejo de Gabinete y posteriormente era llevado a la Asamblea Nacional a través de la modificación, pero ahora se propone eliminar ese paso y se deja solo a la potestad del Ejecutivo el establecimiento y el cambio de esos límites.
Moreira entiende que se quiera flexibilizar la norma fiscal, pero advierte que es contraproducente que se le de toda esa potestad al Ejecutivo sin pasar por el legislativo.
Igualmente considera que la meta para pasar del 60% al 40% la proporción de la deuda pública con respecto al producto interno bruto en alrededor de 15 años, es demasiado extensa.
El economista Ernesto Bazán, indica que la propuesta planteada por el ministro de Economía y Finanzas, que pide no limitar el déficit fiscal anual hasta el año 2027, puede ser peligroso para la confianza que se refleje del manejo de las finanzas públicas hacia el mercado internacional y las calificadoras de riesgo.
“Ese límite para el año 2027 de 2.5% es incluso superior al que fijaba la ley vigente para el año 2025 del 1.5%. Esto no me parece que sea un buen mensaje para mantener la sostenibilidad fiscal”.
Indica que esta modificación puede ser contraproducente y se puede caer en un sobreendeudamiento en los próximos años.
“El mensaje que pienso yo debería dar el ministro Chapman es, este año, permítanme una excepción, tiene que dar un límite, 4%, 4.5%, el porcentaje que considere, pero a partir del año siguiente tiene que tener límites, y ese límite a partir del año siguiente, que debería ser 1.5%, ya es una responsabilidad de la administración actual”, plantea Bazán.
En contraste el economista Eric Molino Ferrer, indica que la reforma planteada por el ministro Felipe Chapman, es muy realista a la situación actual de las finanzas públicas.
Considera que aunque no se fijaron los topes anuales, si existe la intención del ejecutivo de ser conservador e ir bajando el déficit fiscal para llegar a la meta de 2.5% para el año 2027.
Sostiene que hay varias modificaciones que se incorporan algunas de carácter institucional, como la creación de una unidad de control y monitoreo del gasto público lo cual califica de positivo para llevar una evaluación constante de las finanzas públicas.
“También me parece importante que se obligue por ley que siempre se mantenga un balance primario en superávit, es decir, que siempre tengamos que el ingreso corriente sea superior al gasto corriente, algo que no se había estado dando en los últimos años. De esa manera estás obligando a que solamente se pueda financiar con deuda las inversiones o el gasto de capital”, planteó Molino Ferrer.
El economista Molino considera que establecer una reducción de la proporción de la deuda frente al tamaño de la economía del 40% a largo plazo es una meta positiva y una señal conveniente para los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo sobre la disciplina que se quiere administrar en el gasto público.
