Los diputados se aprestan a iniciar este lunes la discusión del nuevo contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, filial local de la canadiense First Quantum. Este nuevo contrato busca resolver el vacío legal en el cual ha operado la empresa desde que fue declarada inconstitucional la Ley 9 de 1997, misma que le dio sustento jurídico en su momento.
Paralelamente, varios recursos legales que intentan poner freno al futuro contrato ley esperan pronunciamiento en la Corte Suprema de Justicia. El más reciente es una demanda de nulidad contra la resolución del Consejo de Gabinete que aprueba dicho contrato de concesión. El mismo fue presentado hace unos días por el abogado Roberto Ruiz Díaz ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, donde quedó inicialmente bajo la ponencia del magistrado Carlos Alberto Vásquez.
Ruiz Díaz dijo a La Prensa que Vásquez se declaró impedido para conocer la demanda y que la misma pasó al despacho del magistrado Cecilio Cedalise.
La resolución demandada es la número 54 del 14 de junio de 2023, a través de la cual el Gabinete autorizó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) a suscribir un contrato con Minera Panamá para explotar, extraer, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar cobre y minerales asociados en cuatro zonas ubicadas dentro de los corregimientos de Coclé del Norte, en el distrito de Donoso, y en los corregimientos San Juan de Turbe y Nueva Esperanza, en el distrito de Omar Torrijos, ambos en la provincia de Colón. La concesión totaliza inicialmente 12,995.1 hectáreas.
El abogado Ruiz Díaz alega en la demanda que en la Gaceta Oficial en la que se publicó la resolución -la número 29806- no se incluyó el texto del contrato, lo que según la ley, deja por fuera el acto administrativo completo que debe ser sometido a firma y aprobación.
Además, la demanda plantea que ni el MICI ni el Ejecutivo cumplieron con el Capítulo VII de la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, cuyas líneas rezan que no se puede firmar un contrato sin pasar por licitación pública o bien cumpliendo con el procedimiento excepcional para contratación directa, que de acuerdo al demandante, hubiese requerido un informe técnico fundado por parte del MICI con las razones por las cuales no hubiese podido hacerse una licitación.
“Se observan errores de forma que, si no son corregidos, dan paso a violaciones al debido proceso”, dijo Ruiz a este medio. En consecuencia, “el texto completo del contrato violenta varias normas constitucionales que, en derecho, deberían acarrear la declaratoria de inconstitucional”, añadió.
Incluso, opina que la empresa debería aportar nuevos estudios de factibilidad, impacto ambiental y financiero, entre otros, por ser otra empresa la concesionaria.
Esta demanda se suma a un amparo de garantías que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) el pasado 17 de julio contra la misma resolución de Gabinete. Este amparo también pidió suspender provisionalmente el acto y se sustentó en la premisa de que la consulta pública no se ajustó a los parámetros del Acuerdo de Escazú, que condensa la base de los derechos de acceso en materia ambiental. La ponencia de esta demanda quedó en el despacho del magistrado Cedalise, quien llegó a la Corte en 2016 tras haber sido asesor del exministro de Trabajo y hoy diputado del Partido Panameñista, Luis Ernesto Carles, quien a su vez se ha manifestado a favor del nuevo contrato con la empresa.
De acuerdo al análisis de Ruiz Díaz, esa sola relación de Cedalise con el exministro Carles no sería razón para recusarse, sin embargo, de él dependerá ahora el futuro -cercano o lejano- de ambos recursos, tanto el de nulidad como el amparo de garantías, que quedaron los dos en su despacho.
Por otra parte, frentes de la sociedad civil también han presentado iniciativas ciudadanas que pondrían el jaque la aprobación del dicho contrato ante la Asamblea Nacional. Las iniciativas van en dos vías: una por la de la moratoria, que prohibiría la expedición de nuevos permisos de exploración y extracción de minerales a cielo abierto -esta presentada por el CIAM-, y la otra vía a través de la prohibición total de la minería metálica a cielo abierto en el país -esta presentada por la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (Fedap)-. Ambas iniciativas esperan prohijamiento.
Donaldo Sousa, quien preside la Fedap, piensa la minería a cielo abierto en Panamá viola los convenios garantes de la biodiversidad, de reducción del cambio climático, de protección de las aguas y protección laboral y aspira a que la propuesta para su prohibición tenga asidero en la Asamblea, haciendo un paralelismo con otros países como Honduras, El Salvador y Costa Rica, donde se aprobaron leyes similares.
Ruiz Díaz espera que el pronunciamiento de la Corte sea expedito dada la importancia de la coyuntura, pero basado en el precedente de la demanda de inconstitucionalidad anterior, “que estuvo 10 años engavetada”, no es muy optimista. “Si se despojan de la designación política pueden darle esperanza a la justicia”, increpó.
El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, presentó el nuevo contrato ley entre el Estado y Minera Panamá ante la Asamblea a inicios de agosto.
El presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea, el diputado oficialista Roberto Ábrego, convocó a los diputados de dicha comisión para iniciar su discusión este lunes 21 de agosto, a las 2 de la tarde.
