Más de 30 empresas listadas para los créditos fiscales turísticos

Más de 30 empresas listadas para los créditos fiscales turísticos
Vista panorámica de la Ciudad de Panamá. Archivo


Unas 34 empresas han sido autorizadas entre 2020 y 2022 para beneficiarse con los créditos fiscales producto de la Ley 122 del 31 de diciembre de 2019, que amplió los incentivos turísticos a los inversionistas que comprasen bonos emitidos por dichos proyectos turísticos, o inmobiliarios, en algunos casos.

De acuerdo con datos de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), los proyectos beneficiados hasta 2022 están ubicados en distintos puntos del país. Vea detalles a continuación.

Más de 30 empresas listadas para los créditos fiscales turísticos
Los proyectos en curso añadirán un poco más de 6,900 habitaciones nuevas al inventario nacional.

Entre los proyectos suman 6,900 habitaciones o unidades nuevas que se agregarían en los próximos años al inventario hotelero del país, cuya demanda ha venido decayendo en los últimos años, tras la pandemia de la covid-19, con una ocupación por debajo del 50% durante largas temporadas.

Según dijo a La Prensa el director de legal de la Dirección General de Ingresos (DGI), Gerardo Herrera, hasta ahora se han reconocido como créditos fiscales alrededor de $36 millones producto de la Ley 122 de 2019 y su posterior modificación (Ley 888 de 2022). Además, la institución recordó que solo se pueden reconocer estos créditos a los primeros adquirientes de los bonos y por un tiempo determinado: “tiene que haberse empezado a construir la obra y el inversionista ha tenido que haber depositado el valor facial del título que está presentando para reconocimiento”.

Polémica

Como se recordará, esta polémica ley fue aprobada el 31 de diciembre de 2019, en plena víspera de la celebración del año nuevo. No fue hasta unos días después que se conoció la magnitud del sacrificio fiscal que estos beneficios representan: según la primera versión, quienes invirtieran en los proyectos aprobados tenían derecho al 100% de créditos fiscales -que a su vez son transferibles y/o vendibles- sobre el monto invertido. En pocas palabras, el gobierno reembolsaría el 100% de su inversión vía créditos fiscales a quienes invirtieran en estos proyectos a través de la Bolsa de Valores.

Seis empresas se anotaron para los incentivos y fueron aprobadas con la Ley 122 de 2019. Tras críticas y varias demandas por los beneficios que creaba, el gobierno solicitó a la Asamblea su derogación. Pero la Asamblea rechazó hacerlo y en cambio modificó el artículo permitiendo ahora un crédito fiscal de un máximo de 60% de la inversión. Es decir, que del 100% del crédito fiscal se bajó a 60%.

Pero ahí no terminó, la nueva Ley 888 incluyó un parágrafo que excluyó de la nueva proporción a quienes ya hubiesen iniciado el trámite. Este parágrafo fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

Más de 30 empresas listadas para los créditos fiscales turísticos

Sobre este fallo, el director del departamento Legal de la DGI, Gerardo Herrera Martínez, justificó que cuando el fallo de la corte salió, ya “el parágrafo no tenía validez”, que ese parágrafo “tenía un periodo de vida, y que técnicamente, ya había sustracción de la materia”.

“La norma que sigue (Ley 888) reconoce el 60%. Por trámite la ley decía que tenía que tener más allá del reconocimiento de la ATP, la autorización de emisión de la Superintendencia del Mercado de Valores y llevar a cabo la colocación y la administración tributaria. Quienes hubiesen iniciado tendrán el derecho, obviamente”, dijo Herrara.

De acuerdo con investigaciones de este diario, unas seis empresas obtendrían el 100% de créditos fiscales si llegan a vender todos los bonos que coloquen en el mercado de valores. Estas son: DB Hotel & Residence, Inmobiliaria Palma Bonita, Ocean Hills Pearl Island, Playa Escondida Beach Front, Fideicomiso de Fomento Turístico e Inv. Chiricanas de Hotelería. Hasta abril del 2022, el total de créditos fiscales “en trámite” para estas empresas en su conjunto sumó un poco más de $466.6 millones.

Es así que entre la emisión en trámite hasta inicios del año pasado ($466.6 millones) y el reconocimiento del crédito efectivamente otorgado por la DGI hasta ahora ($36 millones), este gobierno estaría dejando más de $400 millones pendientes por reconocer en créditos fiscales, algo que presiona aún más la ya baja recaudación fiscal, incluso por niveles más bajos de los requeridos para el funcionamiento gubernamental solamente.


LAS MÁS LEÍDAS