El descuento en comercios, transporte y medicamentos es una de esas pocas conquistas que trae el peso de los años. Mi madre tiene 69 años y no hay algo que exija con más vehemencia que su descuento en cada una de las reservas hoteleras a su nombre. La historia se repite en los restaurantes y en las farmacias. Se lo merece. Suele decir que trabajó 40 años y que esa es la compensación.
Para aquellos que han entrado en la edad de jubilación, están pensionados o ya se encuentran en la llamada tercera edad, la reducción de los precios va desde el 15% hasta el 50% en cines, teatros, espectáculos públicos, transporte, hoteles, restaurantes, hospitales, farmacias, servicios médicos, préstamos bancarios y la cuenta de la energía eléctrica.
Estos descuentos ofrecen, para algunos jubilados, acceso a experiencias y servicios que de otra manera podrían resultar inaccesibles. Cuando se retiran de la vida productiva, la gran mayoría puede recibir, como pensionados, entre el 40% y el 60% de sus ingresos previos, mientras que aumenta el costo de la vida.
Sin embargo, la generosidad de los descuentos, establecidos en la Ley N°6 de 1987, plantea interrogantes sobre su impacto a largo plazo en la economía de algunos sectores productivos.
Se supone que, por ley, los descuentos aplicados a los jubilados son deducibles al 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los comercios, pero dicho reconocimiento en la práctica no se cumple y las empresas terminan asumiendo lo que prometió el Estado.
Tanto es así que, para los restaurantes se emitió la Ley 192 de 23 de diciembre de 2020, en la que expresamente se indica que los descuentos serán deducibles al 100% como crédito fiscal al impuesto sobre la renta, aunque tampoco se aplica la norma de forma oportuna.
En medio de estas distorsiones, un anteproyecto admitido en la Asamblea Nacional plantea mayores descuentos a los que se aplican actualmente e incluye nuevos renglones con dicho beneficio. En los hospitales, por ejemplo, se propone que el descuento varié del 15% al 25%.
En el anteproyecto de ley -en espera del primer debate- se indica que todos los descuentos son de carácter tributario y se aplica como deducción de impuestos sobre la renta, es decir, que al final lo paga el Estado. Asumen, con esta teoría, que los comercios son compensados, pero esto no ocurre de forma eficiente.
El abogado tributarista Javier Mitre, indica que la ley de 1987 no se ha querido aplicar, porque en esta solo se indicaba que los descuentos aplicados a los jubilados serían deducibles del ISR, pero no se mencionaba que sería bajo la figura de los créditos fiscales. Esto ha generado reclamos, interpretaciones diversas y posturas de choque.
En el caso de los restaurantes, actualmente el descuento para los jubilados es del 25% del valor del consumo individual de comida, salvo aquellos considerados como fondas.
Por otro lado, se aplica un descuento del 15% en los establecimientos de expendio de comidas rápidas con franquicias nacionales e internacionales.
En tanto, en el anteproyecto de ley 146, pendiente del primer debate, se indica que tanto los restaurantes y las franquicias de comida rápida tendrían que aplicar una rebaja del 35%.
Para el sector turístico también habría un impacto, ya que hasta la fecha se aplica un descuento del 50% en la tarifa hotelera de lunes a jueves, y del 30% los viernes, sábados y domingos.
La aspiración es que la tarifa sea del 50% todos los días de la semana para los jubilados.
La norma actual estipula que se aplicará un descuento del 15% de la cuenta total por servicios de hospitales y clínicas privadas, mientras que en el proyecto de ley se establece una rebaja del 25% en este segmento.
Para las consultas médicas, se propone que la rebaja debería cambiar de un 20% a un 30%.
También se recomienda un descuento del 40% del valor de los medicamentos, cuando la ley vigente indica una reducción en las farmacias del 20% del valor.
En el ámbito de los servicios públicos, se propone que el descuento en la facturación del consumo mensual de energía eléctrica pase de un 25% a un 30%. Y se agrega un descuento del 30% por servicio telefónico móvil, cuando el monto de la factura no sea superior a $50.
Además, se sugiere un descuento del 30% en la compra de vestimentas, ropa interior, calzados de uso normal y calzados ortopédicos. Otro descuento del 40% en productos para el aseo personal e insumos médicos para higiene. Y el pago de solo el 50% del servicio de internet, suministrado por entidad pública o privada.
A medida que estos descuentos son mayores, surge la preocupación de que las empresas puedan lidiar con la dinámica.
Como ha ocurrido con otras leyes, las distorsiones podrían producir una alza generalizada de precios para compensar los descuentos que ahora plantea el proyecto de ley presentado por los diputados Javier Sucre, Zulay Rodríguez y Abel Beker, todos del gobernante Partido Revolucionario Democrático.
Los tres buscan la reelección como diputados, entendiendo que entre dentro del electorado del país hay 445 mil 376 personas entre los 51 y 60 años de edad. Otros 309 mil 316 en la franja etaria de los 61 y 70 años.
Mientras que entre los 71 y 80 años hay 186 mil 58 electores y 18 mil 777 entre 91 y 100 años.
