¿Qué tan falaz o factible es que una farmacia pueda comprar medicamentos de forma directa a los laboratorios para así abaratar los costos a los consumidores finales?
¿El control de precio en 170 medicamentos será la solución para disminuir el precio de los fármacos en el país?
Panamá tiene costos prohibitivos en los medicamentos, como han denunciado sectores sociales y pacientes con enfermedades crónicas.
Este fue uno de los motivos de las masivas protestas del pasado mes de julio y el detonante para que el gobierno de Laurentino Cortizo tomara medidas para calmar los reclamos.
Fue así como se terminó autorizando la rebaja temporal del 30% en el precio de 170 medicamentos y, por otro lado, permitir a las farmacias importar medicinas de forma directa.
Para los entendidos y participantes en esta industria, todavía queda mucha tela que cortar para observar reales y eficientes bajas de precios. Va más allá de medidas temporales, que no extrañaría se extiendan en la víspera de 2023, en pleno periodo preelectoral.
Lo cierto es que para que una farmacia importe de forma directa medicamentos, evitando pasar por un distribuidor, se necesita capital de trabajo, conocimiento del mercado, contactos con proveedores e infraestructura física. Ninguno de estos elementos se consolidan de forma mágica.
Por ejemplo; solo en la India hay 65 mil fabricantes de genéricos puros, lo cual evidencia el enorme mundo en el que se estrenarían muchas farmacias.
Los desafíos
Por otro lado, se supone que es poco probable que un fabricante, que actualmente tiene a varios distribuidores locales, a los cuales les han transferido la responsabilidad de colocar sus productos bajo los parámetros exigidos, vaya a saltarse ese eslabón y darle la distribución directamente a una farmacia que no tiene experiencia.
Pero en todo caso, las farmacias tendrían la alternativa de montar una empresa distribuidora que deberá venderse no solamente a sí misma, sino a las más de mil 200 farmacias del país; “y esto [en teoría] siempre han podido hacerlo”, explicó Lucas Verzbolovskis, de la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, quien reiteró a este medio que es el fabricante el que determina el precio de los medicamentos y no los distribuidores.
Teniendo este último punto sobre la mesa fue que el gobierno finalmente decidió que la reducción del 30% en el precio de los medicamentos será asumida por las farmacéuticas.
La lista de los 170 medicamentos se elaboró en base a los fármacos más utilizados en las patologías crónicas, respiratorias, infecciosas y hormonales, según información de la Caja de Seguro Social (CSS). Además, se incluyeron productos de uso corriente como analgésicos, antiinflamatorios y antigripales.
Fue en la Mesa Técnica de Medicamentos que se tomó tal decisión, pero en esa reunión no estuvieron presentes los fabricantes que no son parte de la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma).
Fedefarma aglutina a cerca de 20 empresas farmacéuticas que, ciertamente, son las más grandes empresas del sector.
Pero en el país hay representatividad de aproximadamente 100 empresas farmacéuticas que no están en dicha agrupación, por lo que la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias y los distribuidores deberán acercarse y confirmar con este grupo de fabricantes que la venta de sus productos tendrá un 30% de descuento, que deben asumir.
El aparente problema es que algunos no estarían dispuestos a aceptar ese descuento, y encontrarían como una salida dejar de comercializar sus medicamentos en Panamá.
Para las farmacéuticas y los distribuidores de medicamentos habría que analizar otras salidas para reducir el precio final de los medicamentos sin generar distorsiones.
Por ejemplo, los pacientes que siempre han comprado sus medicamentos en las farmacias privadas [porque la CSS no cuenta con sus prescripciones] no experimentarán la reducción de precios anunciada, ya que sus fármacos no figuran entre los más demandados dentro del sistema público.
En la desmitificación de la industria, Verzbolovskis insistió en que una desinformación frecuente, que muchos repiten, es que el distribuidor es quien pone el precio. “Falso, es el fabricante”.
Afirmó que el distribuidor es solo el representante y no el intermediario; y en ese sentido, los precios que se observan en Panamá son los mismos que se dan en la región de Centroamérica, con márgenes modestos y una competencia muy fuerte.
A su juicio, muy probablemente el comentario de los márgenes altos que se obtienen en la cadena de comercialización se debe a que la gente confunde el precio de un producto innovador en una farmacia privada con el precio que la CSS paga cuando convoca una licitación y el renglón lo gana un producto genérico.
“Es como comparar el precio de una camisa de marca comprada en un almacén exclusivo, con una camisa comprada en baratillo en la Avenida Central en $0.79″.
Pero la verdadera molestia para las personas que necesitan medicamentos constantemente es que el mismo producto, de la misma marca, comprado en farmacias privadas en Panamá es cinco veces mas costoso que en una farmacia privada en Colombia.
En el país vecino hay una industria nacional farmacéutica que ha estimulado los precios a la baja y por otro lado existe una regulación de los precios basada en referencias internacionales, donde el precio de un medicamento se define luego de promediar el valor que tiene en varios países.
Según el Gobierno colombiano, en ocho años de implementación han logrado una reducción aproximada del 48% en el precio de los medicamentos.
Posibles salidas
Al ser consultada sobre lo que está ocurriendo en Panamá, Victoria Brenes, directora ejecutiva de Fedefarma, explicó que el precio de los medicamentos no se establece de forma arbitraria: responde a la dinámica del mercado y a la interacción de diferentes actores que participan en él.
Defendió a su sector, detallando que los laboratorios farmacéuticos son un actor más en la cadena de comercialización y “no incidimos directamente en la fijación del precio final al consumidor en el mercado privado”.
Dijo que en la estructura de precios de los medicamentos están involucrados múltiples elementos como costos de producción, costos operativos y de distribución, márgenes de los distribuidores y de farmacias, que difieren en cada país, así como también factores de competitividad y otros como adopción de la innovación, volúmenes y métodos de pago.
“El mayor costo es el no tener un acceso oportuno de productos para los pacientes y por esta razón es que consideramos que los esfuerzos se deben concentrar en mejorar el acceso a productos en la seguridad social, buscando la simplificación y modernización de los procesos de registro y compra, y sobre todo velando por la seguridad de los pacientes”, indicó.
En este sentido, Brenes cree que en el corto plazo las acciones del Estado deben ir dirigidas a agilizar los procesos institucionales, tomando medidas para solucionar el problema real de Panamá, que es el desabastecimiento en la seguridad pública.
También mejorar las condiciones de competitividad e implementar nuevos esquemas de valoración y de negociación en la CSS y el Ministerio de Salud.
Fedefarma recomienda unificar y buscar sinergia entre todos los actores para solucionar el gran problema de desabastecimiento. “Una acción aislada no logrará el objetivo que se busca, por lo que apoyamos el trabajo que está realizando la mesa técnica”, para que se generen soluciones al corto, mediano y largo plazo.
Verzbolovskis también es de la opinión que si el abastecimiento y los cuidados de la salud en el sistema público funcionasen bien, no habría mayor presión de la población.
Sin embargo, la CSS atraviesa por serios problemas que impiden que el servicio de salud sea de excelencia: No hay un sistema informático robusto que le permita administrar la demanda de medicamentos, lo que resulta altamente ineficiente y agota los recursos del presupuesto.
Por otra parte, mencionó que los procesos son excesivamente complejos y coartan la llegada de nuevos oferentes.
Observa como una salida establecer una sociedad anónima al estilo Tocumen S.A., que pertenezca al Estado, pero que funcione como empresa privada y que se encargue de comprar los medicamentos, utilizando el sistema de contratación pública y el modelo de una licitación de precio único, sabiendo con precisión cuándo y qué comprar.
Esta empresa estatal, según Verzbolovskis, le podría vender a los distribuidores que estuvieran interesados y estos a las farmacias del país sin necesidad de establecer control de precios. Las cantidades que compre la empresa estatal dará como resultado precios competitivos.
