Panamá cerrará este año con un déficit fiscal superior al 4% del producto interno bruto, reveló el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, al confirmar las estimaciones de los analistas financieros tanto locales e internacionales, que apuntaban a esa cifra debido a la caída de los ingresos.
“Esto es un reto enorme, y lo más importante es ser transparente con la situación en la que nos encontramos y lo que estamos esperando. Obviamente, el déficit que tendrá el país será superior a lo que se perfilaba en el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional el año pasado, y será, como están esperando los analistas, superior al 4%”, dijo Chapman al salir del XXVIII Congreso Hemisférico contra el Blanqueo de Capitales.
El déficit fiscal se produce cuando el gasto público de un gobierno excede sus ingresos, lo que los lleva a recurrir a préstamos o emisión de deuda.
Los analistas indicaban que el Ejecutivo panameño tendría que salir a buscar financiamiento externo por hasta $1,500 millones este año, adicionales a las emisiones realizadas en el primer trimestre, por un monto de $3,000 millones, para poder atender los compromisos.
Sin embargo, la administración de José Raúl Mulino ha optado por aplicar un plan de recorte de gastos por cerca de $1,400 millones en el presupuesto actual de 2024, y no se contempla, en el corto plazo, recurrir a endeudamiento externo, sino a la emisión de notas del tesoro en el mercado local por hasta $6,000 millones en varios tramos.
“Los ingresos fiscales están sustancialmente por debajo de lo presupuestado para 2024, por lo que los gastos tienen que ajustarse”, añadió Chapman.
El MEF ha señalado que posiblemente recurrirán a una parte de ese financiamiento en el mediano plazo.
Al calcularse para este año un déficit mayor al 4% sobre el producto interno bruto (PIB), podría significar un faltante de $3,475.4 millones, tomando en cuenta que la proyección del PIB para este año, apunta a que cerrará en $86,885 millones. Las estimaciones de crecimiento se mantienen en 2.5%.
Pese a que existe una meta fiscal del 2%, fijada como tope en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (RSF), el MEF indica que tendrá que solicitar una dispensa de esta norma, la cual deberá ser modificada.
“En un momento dado, tendremos que manejar ese tema [modificar la Ley de RSF]. No tenemos una fecha para presentar la modificación; nos gustaría que fuera ya, pero el reto que tenemos es que esta legislatura está a punto de terminar el 31 de octubre, y la agenda de la Asamblea está bastante cargada. Nosotros estamos listos para proceder, pero va a depender de los tiempos de la Asamblea”.
“Las agencias tienen una percepción positiva. En las reuniones que hemos tenido con las tres principales calificadoras del mundo [Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch], se les informó sobre el tema del déficit y se les consultó su reacción. Contestaron que ya habían hecho los cálculos y sabían que el déficit estaría por encima del 4%, pero era necesario que el ministro se los dijera”, expresó, al señalar que la transparencia genera confianza. Adelantó además que espera reunirse con representantes de Moody´s, durante una visita que harán ejecutivos de esta calificadora a Panamá en los próximos días.
El déficit fiscal ya se ubicaba alrededor del 3.9% al cierre del primer semestre, equivalente a $3,438 millones.
Sin espacio para maniobrar
El economista Eric Molino Ferrer señala que era de esperarse que no se cumpliera la meta fiscal del 2%, fijada en la Ley de RSF.
Indica que el Estado está atado de manos por una serie de leyes especiales que ascienden a más de $1,000 millones, las cuales obligan a otorgar aumentos al sector público, lo que ha dejado poco margen de maniobra para reducir aún más los gastos.
Molino dijo que es típico, en una transición de gobierno, que no se cumpla la meta de déficit fiscal.
“El ministro Chapman tiene que transmitir que este año ha sido de transición, pero debe señalar que el próximo año el presupuesto estará enfocado en gastos de inversión y no en gasto corriente, el cual debe seguir recortándose a través de una consolidación de las instituciones públicas. Actualmente, existen 93 instituciones públicas que aumentan el costo operativo de la planilla y del Estado”, expresó Molino.
El economista Fernando Aramburú Porras dijo que era de esperarse que el déficit fuera mayor este año, pero que, a su juicio, el gran reto será en 2025.
”¿Cómo se va a lograr reducir el déficit a $2,000 millones, bajándolo del 4.5% al 2.5%? Para eso se requerirá ajustar los gastos corrientes, los subsidios y la planilla hasta donde sea posible, pero hay aumentos pactados que no se pueden reducir, de entre $400 y $500 millones”.
Aramburú Porras considera que se tendrán que revisar los ingresos, las exoneraciones de impuestos, los incentivos fiscales y los regímenes especiales.
“El 50% de las personas naturales y jurídicas en la economía no paga impuestos. ¿Hasta cuándo? No podemos sostener eso si queremos tener un país que invierta en infraestructura, seguridad, educación y obras clave”, sostuvo Aramburú Porras.
