El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Omar Carrizo Castillero, militante del Partido Revolucionario Democrático (PRD), obtuvo una concesión minera en este gobierno, para explotar un área de 225 hectáreas en Ocú y Menchaca, provincia de Herrera, hasta el año 2041.
La concesión para extraer minerales no metálicos fue otorgada mediante el Contrato No. 2 del 4 de enero de 2021, firmado por el entonces ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez (actual embajador de Panamá en Estados Unidos), y Carrizo, quien firmó a título personal. El contrato fue refrendado por el contralor Gerardo Solís el 6 de mayo de ese mismo año.
Posteriormente, el 9 de septiembre de 2021, Carrizo solicitó a la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) la cesión de los derechos del Contrato No. 2 a favor de la sociedad Cantera Valle Rico, S.A.
El representante legal de Cantera Valle Rico es el propio Omar Carrizo Castillero.
Después de las elecciones de mayo de 2019, Carrizo llegó al Parlacen como suplente del perredista Julio Palacio. Sin embargo, en agosto de 2020, en plena pandemia, Palacio asumió el cargo de gobernador de la provincia de Coclé y quedó Carrizo al frente de la curul.
El Tratado Constitutivo del Parlacen indica que sus miembros gozarán de los mismos “privilegios” e “inmunidades” que tienen los diputados de sus países de origen. “Las demás incompatibilidades serán las mismas que establezcan las respectivas legislaciones nacionales para el cargo de diputado”, señala el documento, en su artículo 4.
Al respecto, el artículo 158 de la Constitución Política de la República de Panamá señala que “los diputados no podrán hacer por sí mismos ni por interpuestas personas, contrato alguno con órganos del Estado o con instituciones o empresas vinculadas a este, ni admitir de nadie poder para gestionar negocios ante esos órganos, instituciones o empresas”.
Entonces, ¿cómo obtuvo Carrizo la concesión minera?
Consultado por La Prensa, el parlamentario aseguró que inició el trámite en el año 2009, pero debido a un error supuestamente cometido por un funcionario, tuvo que reiniciar el proceso. Durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) no se otorgaron concesiones para la extracción de minerales de categoría dos.
Concesión a título personal
El 13 de julio de 2021, se promulgó en Gaceta Oficial el Contrato No. 2 del 4 de enero de 2021, para la extracción de minerales no metálicos (piedra caliza).
La concesión le otorgaba a Carrizo el beneficio “exclusivo”, por 20 años prorrogables, para la extracción de piedra caliza en dos zonas que suman 225 hectáreas ubicadas en Ocú cabecera y Menchaca, en la provincia de Herrera.
Reveló que en 2019, se reunió con el entonces ministro Ramón Martínez para obtener la concesión, que finalmente obtuvo dos años después, según él, luego de las consultas públicas. Confirmó que aunque es familiar del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, no lo ayudó en la gestión.
La Prensa preguntó cómo logró que el ministro Martínez accediera a una reunión para hablar de su negocio. “Bueno, yo solicité eso [la entrevista] por medio de su secretaria. Entonces me dieron la fecha, pero pasó como mes y medio. Igual había logrado una entrevista con [Juan Carlos] Varela. Eso se hace normalmente”, respondió.
El contrato le permite importar, libre de impuestos, todas las maquinarias, equipos, accesorios, repuestos y explosivos necesarios para las operaciones, según el punto tercero del contrato de concesión.
A cambio, Carrizo pagará al Estado $1.50 anuales por hectárea durante los primeros cinco años de vigencia del contrato; $3.50 anuales en los siguientes cinco años, y $4.50 al año a partir del undécimo año de concesión, en concepto de canon superficial.
En total, pagará $15,750 por el derecho a explotar 255 hectáreas en Herrera, por 20 años.
Además, el concesionario pagará una regalía de 50 centésimos mensuales al Estado por cada metro cúbico de piedra caliza extraída.
La concesión viene incluso con comprador incluido: el propio Estado.
Su único cliente será el Estado, de acuerdo a la cláusula novena del contrato de concesión, que indica que “el concesionario se obliga a vender a el Estado los minerales que se extraigan dentro del área en concesión, a un precio preferencial fijado de común acuerdo”.
No obstante, Carrizo se mostró sorprendido por ese acuerdo de exclusividad con el Estado. “Oiga, yo no he leído eso... Puede ser”, afirmó.
Surge Erasmo Pinilla
El 9 de septiembre de 2021, Carrizo solicitó la cesión de los derechos del Contrato No. 2 a favor de Cantera Valle Rico, S.A. El trámite lo gestionó el abogado Erasmo Pinilla Castillero, quien se presentó ante el Mici en representación de Carrizo.
Pinilla, que fue magistrado del Tribunal Electoral (TE), es actualmente asesor permanente en el Ministerio de la Presidencia, donde recibe un salario mensual de $5 mil.
Cantera Valle Rico cuenta con un aviso de operación del Mici expedido el 10 de junio de 2021, tres meses antes de que Pinilla gestionara la cesión del Contrato No. 2 a su favor. El aviso de operación indica que la sociedad se dedica a actividades de extracción de piedra, arena y arcilla en Ocú.
La Dirección Nacional de Recursos Minerales autorizó la cesión mediante la Resolución No. 2021-258 del 12 de noviembre de 2021.
Al año siguiente, en febrero de 2022, durante una sesión del Parlacen, el diputado independiente Manuel Castillero, que es miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Pesca, Ambiente y Recursos Naturales del organismo, expresó su preocupación por la minería metálica en Panamá y sus repercusiones. Carrizo no se quedó callado y defendió la actividad, alegando conocer el tema.
El pick-up exonerado
Carrizo también está en la lista de parlamentarios centroamericanos que importó un vehículo libre de impuestos, beneficio contemplado en la Ley 49 de 1984, que adopta el reglamento interno de la Asamblea Nacional (AN). El 11 de julio de 2022, Carrizo trajo de Brasil un pick-up de doble cabina valorado en 21 mil 941 dólares.
Un diputado del Parlacen, que prefirió el anonimato, expresó que los diputados principales tienen un salario de $4,658 dólares mensuales, pero deben cubrir sus gastos de pasaje aéreo, hospedaje y alimentación cuando viajan a Guatemala, donde está la sede del Parlacen.
Según una nota de Listín Diario, de República Dominicana, publicada el 27 de mayo pasado, los parlamentarios centroamericanos devengan $4,200 al mes.
Los suplentes no tienen salario, a menos que sean habilitados para sesionar en lugar del principal.
