Las noches del 17 y 18 de mayo, tuvieron el misterio de calles bloqueadas y despliegue de policías presidenciales en el Casco Antiguo de Panamá, con la llegada de los hombres más poderosos de la región y los representantes de las multinacionales con enormes músculos financieros.
El poder económico discutió en Panamá el futuro de América Latina y su reconstrucción tras la devastación de la covid-19, en el foro Bloomberg New Economy Gateway Latin America.
Se trató de un foro que invadió la franja de la ciudad que se extiende desde Veracruz hasta el Casco Antiguo de la ciudad, con reuniones, brindis, cenas y cocteles entre el Hotel Westin, la Cancillería y el Palacio Presidencial.
Los ejecutivos de las empresas más influyentes de la región y los líderes de los emporios globales se encontraron con el jet set empresarial local y con el presidente Laurentino Cortizo, en eventos que aparentan ser sociales, pero en los cuales se suelen afinar las agendas para concretar inversiones y lograr acuerdos financieros.
Una gran jugada se anunció de la mano del exgrandes ligas panameño, Mariano Rivera, cuando la empresa SGP Energy reveló que hará una inversión de $7 mil millones para desarrollar un centro de producción y distribución de biocombustibles en Panamá. Sería una inversión superior a la ampliación del Canal de Panamá.
Alguien que pasó inadvertido fue Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente ejecutivo de Grupo Aval, el grupo financiero más grande de Colombia.
El conglomerado es líder en Colombia en el negocio de banca tradicional a través de sus cuatro bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas. Adicionalmente, a través de la operación de BAC Credomatic, tiene presencia en Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras.
Su padre, Luis Carlos Sarmiento Angulo, es considerado el hombre más rico de Colombia, con una fortuna que sobrepasa los $9,000 millones según la revista Forbes.
Con el uso de las mascarillas, los jefes de las grandes corporaciones se mimetizaron entre una multitud de más de 200 invitados, como es el caso de Robert Friedland, fundador de Ivanhoe Capital (Canadá), que junto a varias empresas asociadas ha recaudado más de $25,000 millones a través de una amplia gama de vehículos de financiación en los mercados de capital.
El grupo minero Antofagasta estuvo representado por Iván Arriagada, su presidente ejecutivo, quien durante el foro en Panamá precisó que se está entrando a una fase donde será difícil cumplir con la demanda de cobre. El grupo opera cuatro minas de cobre a cielo abierto en Chile.
Mauricio Ramos, el director ejecutivo de Millicom, también llegó a la cita. Su presencia dice mucho, cuando la empresa de telecomunicaciones ha emprendido un intenso proceso de adquisiciones -a través de su marca Tigo- para convertirse en el principal operador en mercados y segmentos en esta región.
Como parte de la agenda discutida en reuniones sostenidas en el foro, una estrategia efectuada desde el sector público y el privado busca posicionar a Panamá como un mercado protagonista en las emisiones con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
Las emisiones ASG son aquellas cuyo producto se utiliza para inversiones que favorecen el medioambiente, como puede ser un proyecto de energía verde, o promueven iniciativas con enfoque social, por ejemplo, la equidad de género.
El viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, comentó ayer jueves a este diario en el marco del foro Bloomberg New Economy Gateway Latin America, que las nuevas tendencias en el mundo financiero se orientan a que las inversiones vayan más dirigidas al desarrollo sostenible, sin descuidar los retornos.
En el ámbito privado, la Bolsa Latinoamericana de Valores adelanta una estrategia en este sentido para ser un hub de emisiones sostenibles. Por ejemplo, en Panamá se hizo la primera emisión con enfoque de género en la región de América Latina.
Desde el punto de vista estatal, Almengor dijo que el país tiene una serie de atributos ambientales sobre los que se puede apalancar para favorecerse de este tipo de inversiones. Se refirió, por ejemplo, a elevados porcentajes de territorio considerado bosque y reserva natural, el creciente uso de energías renovables y el compromiso del Canal de Panamá de ser carbono neutral para 2030.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está trabajando en una asistencia técnica para ordenar estas características y desarrollar unos criterios o guías ASG con el fin de hacer inversiones o emitir títulos de deuda con estas características.
Este año, el Gobierno tiene unas necesidades de financiamiento de unos $4,000 millones y ya salió en enero al mercado para captar $2,500 millones. Almengor dijo que esperan completar los criterios ASG en lo que resta del año para poder hacer la primera emisión con estas características a finales de este ejercicio o durante 2023.
De manera que, tanto por el lado del sector privado como el público, “tenemos las alternativas de brindar a países y compañías, sobre todo de la región de América Latina, una plataforma a través de la cual pueden hacer emisiones dolarizadas apalancándose en los criterios ASG”.
Almengor dijo que durante el foro de Bloomberg ha conversado sobre este tema con inversionistas y bancos e identificó una oportunidad porque con el conflicto en Europa hay ciertas restricciones y menos apetito en determinados mercados, con lo que pueden tomar mayor relevancia las plazas emergentes, especialmente de América Latina donde existe un déficit de infraestructuras, de desarrollo socioeconómico y donde se proponen mayores retornos financieros que en los mercados desarrollados.
Panamá, además, tiene menor riesgo que otros países de la región al contar con grado de inversión, por lo que la incursión en el mercado de las emisiones ASG puede abrir la oportunidad para atraer nuevos inversionistas.
