Aunque el proyecto Cobre Panamá, operado por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, incrementó 5% su producción en 2022, la ganancia bruta de la mina fue un 27% inferior a la reportada en 2021.
De acuerdo con la información publicada ayer martes después del cierre de la bolsa de valores de Toronto, Canadá, Cobre Panamá obtuvo una ganancia bruta de mil 65 millones de dólares, cuando un año antes había alcanzado los mil 449 millones de dólares.
La minera canadiense, que reportó ventas globales por 7 mil 626 millones de dólares, de las cuales 38.8% (2,259 millones de dólares) fueron aportadas por el proyecto ubicado en las montañas de Donoso, provincia de Colón, señaló que la caída en la ganancia de la mina en Panamá fue producto de un incremento en los gastos operativos y por un menor precio del cobre en los mercados internacionales.
El año pasado, el cobre registró una caída anual de 13.1% debido al menor ritmo de crecimiento de la economía china, luego que el gobierno de Pekín, impuso nuevas restricciones de movilidad ante el incremento en los casos positivos de coronavirus (covid-19), acciones que se flexibilizaron a finales de 2022 y luego eliminadas a inicio de 2023.
Producto de la caída en la ganancia bruta de Cobre Panamá, la minera canadiense calculó el pago de regalías al Estado panameño en 57 millones de dólares, cifra inferior a los 61 millones de dólares pagados en 2021. El Gobierno ha señalado que no recibirá el pago de regalías hasta que la empresa firme el nuevo acuerdo, basado en los términos que aceptó en enero de 2022, donde se estableció un pago mínimo anual de 375 millones de dólares.
Este pago estaría compuesto por regalías calculadas en base a las ganancias que podrían oscilar entre el 12% y 16%, más el pago de impuestos.
Los 57 millones de dólares en regalías se estimaron sobre el 2% de las ventas brutas, tal como está establecido en el contrato firmado en 1997 y que fue declarado inconstitucional en 2017.
Para 2023, la compañía mantuvo su proyección de alcanzar una producción de 380 mil toneladas de cobre, superando las 350 mil toneladas alcanzadas en 2022, pero aclaró que estos números no contemplan ninguna interrupción en la producción producto de la disputa que mantiene con el gobierno panameño para la firma de un nuevo contrato.
“La compañía continúa participando en discusiones de buena fe y permanece lista para llegar a un acuerdo que sea justo y equitativo para ambas partes. Esto incluye la estabilidad del régimen de impuestos y regalías y protecciones razonables contra una terminación anticipada”, informó First Quantum en sus estados financieros.
Sobre este tema, ayer martes el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, comunicó que de los 20 puntos que faltaban por resolver, solo quedan dos pendientes.
“En las últimas dos semanas hemos adelantado puntos importantes. Nos queda por definir la aplicación del agotamiento de reserva y la forma cómo el Estado puede terminar ese contrato, mediante un incumplimiento sustancial”, señaló el funcionario.
Alfaro añadió que dependerá de First Quantum cerrar pronto el acuerdo para la firma del contrato. “Espero que, de forma razonable, la empresa entienda que el Estado debe proteger los intereses nacionales y buscamos un acuerdo justo, porque este es un contrato a 20 años con la posibilidad de lograr 20 años más”, dijo.
Zorel Morales, director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá, expresó que de no lograrse un acuerdo, se pone en riesgo el ingreso económico de 2 mil 150 proveedores locales que trabajan con la mina de Donoso, sin contar otros aportes a la economía nacional.
Arbitrajes vinculados al sector minero pueden extenderse por más de 5 años
Los arbitrajes comerciales internacionales pueden significar tanto para la empresa que demanda como para el país, un proceso costoso, extenso y lleno de obstáculos que termina por dejar a los proyectos y obras por las que se litigan en el abandono total, perjudicando los recursos que requiere el país y el empleo que genera.
Así lo alertaron expertos de la firma Holland & Knight que presentaron en una conferencia convocada por la Cámara Minera de Panamá, las implicaciones jurídicas que conllevan estas demandas.
José Vicente Zapata, socio y abogado de la firma Holland & Knight, explicó que antes de ejecutar el arbitraje como tal, hay un período de enfriamiento que puede tomar seis meses, donde las partes siguen en conversaciones y pueden llegar a una conciliación y acuerdo que evite la acción legal.
En el caso de Panamá, Zapata aboga por un acuerdo que evite llegar al arbitraje. “La disputa jurídica puede durar 5 a 8 años o más, y esto perjudica el proyecto porque afecta tanto el interés de la empresa, del inversionista y del propio Estado”.
Además de que afecta la seguridad jurídica y el clima de inversión para atraer nuevos capitales al país, comentó.
Para Zapata siempre que se renegocian contratos, el tema en disputa se centra en la parte económica y señala que cada vez son más los arbitrajes relacionados con la minería en América por razones sociales, económicas, y ambientales, e incluso por casos asociados a temas políticos.
“Si se sigue este ritmo la minería terminará siendo un tema de litigio y se desperdiciará el potencial de desarrollo que tiene para los países”, acotó.
