La empresa canadiense Orla Mining, que tenía tres concesiones para extraer oro en Cerro Quema, ubicado en la provincia de Los Santos, presentó formalmente la solicitud de arbitraje contra el Estado panameño por la no renovación de los permisos para comenzar a extraer mineral en Azuero.
Después de publicar sus estados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2024, la empresa informó que había presentado formalmente el recurso tras no lograr un acuerdo con el gobierno panameño durante los 90 días que establece la normativa arbitral después de notificar las intenciones de iniciar el proceso de reclamación.
La notificación de intención se presentó el 28 de marzo de 2024, y la compañía indica que el Estado panameño incumplió los términos de inversión acordados en el Tratado de Libre Comercio que firmó con Canadá.
La minera ha señalado que espera recibir no menos de 400 millones de dólares en compensación por la no renovación de sus tres concesiones, producto de la formulación de la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023, que establece que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) no renovará o extenderá ninguna concesión para extraer minerales metálicos que haya expirado.
Jason Simpson, presidente y director ejecutivo de la empresa canadiense, ha señalado que están “decepcionados con los acontecimientos en Panamá en lo que se refiere a la minería y la inversión”.
“A pesar de avanzar a principios de 2023 con la recepción de nuestros permisos ambientales en Cerro Quema, en noviembre, el gobierno panameño aprobó la Ley 407 que impone una moratoria al otorgamiento, renovación o extensión de concesiones para la minería metálica en Panamá, que aplican a nuestras renovaciones de concesión para el proyecto Cerro Quema”, dijo el ejecutivo.
Roderick Gutiérrez, presidente de la junta directiva de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), comentó que la ley 407 que estableció una moratoria a la minería metálica es inconstitucional porque el aprovechamiento de los recursos minerales está establecido en los artículos 257 y 259 de la Constitución Nacional y considera que la normativa fue aprobada por temor a la crisis social que se registraba en el país y no en base a una consulta pública o estudios.
“No se midió el impacto económico y reputacional que la aprobación de la moratoria traería para el país, porque se afectó a empresas que ya habían realizado una inversión en el país y que solo estaban a la espera de la aprobación de sus permisos como es el caso de Cerro Quema”, comentó.
El arbitraje será administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Washington, DC, de conformidad con sus Reglas de Arbitraje.
“Si bien la compañía tiene la intención de buscar vigorosamente estos recursos legales, la preferencia de la compañía es una resolución constructiva con el gobierno de Panamá que resulte en un resultado positivo para todas las partes interesadas”, dijo la compañía en un comunicado.
El presidente José Raúl Mulino ha indicado que, mientras existan demandas de arbitrajes contra Panamá, no se sentará a conversar con ningún inversionista.
Las concesiones en Cerro Quema incluyen un proyecto de oro a cielo abierto en etapa de prefactibilidad, un recurso de sulfuro de cobre y oro, y varios objetivos de exploración que se extienden por más de 10 mil hectáreas.
La empresa canadiense ha indicado que antes de la no renovación de sus permisos había invertido 120 millones de dólares en el desarrollo de la concesión. “Orla Mining ha presentado una estimación inicial y preliminar de los daños reclamados por no menos de 400 millones de dólares, más los intereses previos y posteriores al laudo”, indicó la minera.
Aunque la compañía asegura que la puesta en marcha del proyecto minero impactaría positivamente a las comunidades aledañas a la concesión, moradores, ambientalistas y agrupaciones sociales rechazaron desde el inicio la extracción minera a cielo abierto en Cerro Quema, asegurando que representaba un riesgo ambiental con un alto potencial de contaminar las fuentes de agua en la zona.
Este Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III fue presentado en 2015 y por 8 años fue poco el avance que registró su revisión, pero no fue hasta el año pasado que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) aprobó el documento, generando malestar entre los moradores de la zona. Gutiérrez señala que la cancelación de las concesiones que ya estaban en un estado avanzado para comenzar a operar o que ya estaban en funcionamiento ha provocado un daño económico a las zonas aledañas al proyecto, porque hay familias y empresas que se habían convertido en proveedores de las empresas mineras y actualmente no cuentan con esos ingresos.
En su momento, MiAmbiente emitió un comunicado en el que señaló que antes de aprobar el EIA se hizo una reinspección interdisciplinaria al sitio del proyecto de Cerro Quema para evaluar si las condiciones ambientales de la línea base del sitio del proyecto habían variado, las cuales concluyeron que las condiciones ambientales se mantenían similares a lo descrito en la línea base del estudio de impacto ambiental.
Actualmente, la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene registro de 9 procesos de arbitrajes contra Panamá presentados por inversionistas, que suman 6 mil millones de dólares.
En este listado todavía no aparecen los procesos relacionados con el cierre de la mina de Donoso, que era operada por Minera Panamá, filial de la también canadiense First Quantum. De acuerdo con la agencia Reuters, voceros de First Quantum habrían señalado que la compañía estaría presentando formalmente durante el mes de julio la solicitud de arbitraje contra Panamá tras no lograrse ningún acercamiento durante los tres meses posteriores a la notificación de intención.
La minera canadiense estaría solicitando más de 30 mil millones de dólares en los dos procesos que pretende presentar contra Panamá. Además, otros inversionistas de First Quantum, como Franco Nevada y Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp. (Komir), también tienen en sus planes solicitar una compensación por el cierre de la mina de cobre.
El presidente de Camipa indica que las nuevas autoridades necesitan un tiempo prudente para conocer la interioridad de todos los procesos que heredaron de la administración pasada para entonces tomar decisiones. Indica que lo más prudente es que una vez las autoridades conozcan las interioridades de cada demanda, o reclamación, se siente con las compañías para intentar alcanzar una resolución del conflicto.
“No es positivo que Panamá esté en la palestra internacional por demandas de arbitrajes, y no solo son las empresas que tenían las concesiones las que están analizando demandar al país, también hay accionistas, inversionistas y proveedores de las mineras que no descartan interponer reclamos millonarios por la no renovación de las concesiones”, agregó.
