Tanto el Gobierno como Minera Panamá han apostado a una línea dura en el hoy resquebrajado proceso de negociación del contrato que debería amparar las operaciones de la mina en Donoso.
El Estado panameño ordenó el cese de las operaciones comerciales, mientras la empresa se ha decantado por la vía del arbitraje. En las últimas dos semanas no han faltado decisiones que aumenten la tensión.
En las negociaciones, Minera Panamá dio un paso con el que retrocedió 11 meses, cuando el pasado 15 de diciembre (seis horas después de que venciera el plazo dado por el presidente Laurentino Cortizo) presentó una propuesta que cambiaba el tratamiento fiscal acordado previamente con el Gobierno en enero de 2022.
Entonces el Gobierno ordenó el cese de operaciones comerciales de la minera, tras el fracaso del proceso y en cumplimiento de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en 2017 declaró inconstitucional el contrato ley de 1997 que le otorgaba la concesión para la explotación en Donoso, provincia de Colón.
En la Resolución No. 144-22 de 2022, aprobada por el Consejo de Gabinete, se instruyó al ministro de Comercio e Industrias (Mici), Federico Alfaro, a adoptar medidas administrativas de conformidad al Código de Recurso Minerales, para ordenar a Minera Panamá que estableciera un plan de preservación y gestión segura, es decir, el cese de operaciones comerciales.
Se pensaba que una vez anunciada esta medida se aprovecharía un pequeño impasse en el que las partes encontrarían un punto de entendimiento para alcanzar un pacto y evitar la promulgación de una siguiente disposición legal que ordenara en firme el cierre de las operaciones.
Pero a medida que pasa el tiempo las brechas se ensanchan. El lunes 19 de diciembre se emitió la Resolución N°2022-234, en la que se estableció un periodo de 10 días hábiles para que la empresa presentara un plan de cierre temporal.
Transcurridos cinco días desde aquella resolución, la mina contraatacó.
El Mici reveló que el viernes 23 de diciembre había un acuerdo de ambas partes en reunirse, pero First Quantum y su filial Minera Panamá optaron por adelantar “gestiones para iniciar dos procesos de arbitraje contra Panamá”.
De este último paso se supo a las 6:00 a.m. de ayer 24 de diciembre, a través de un comunicado del Mici, sin que la minera haya reaccionado públicamente hasta el cierre de esta edición.
Uno de los procesos implica un arbitraje comercial contra Panamá, conforme está planteado en el contrato ley de 1997, y el otro es un arbitraje “de inversión”, amparado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Canadá, país de origen de la inversión minera.
De acuerdo con lo que estipula la cláusula vigésima tercera de la Ley 9 de 1997 (que dicta el contrato de concesión de la mina en Donoso), los conflictos que no puedan ser dirimidos por las vías que establece el contrato deberán ser resueltos finalmente mediante arbitraje, según las reglas de la Comisión Internacional de Arbitraje Comercial.
Serán susceptibles de arbitraje las controversias que surjan relacionadas con la aplicación, ejecución o interpretación del contrato.
Pero la cláusula a la que se pretende apegar Minera Panamá también indica que se exceptúa del arbitraje “aquellas controversias que se refieran a la guarda de la integridad de la Constitución”.
Para algunos juristas, esto significa que de acuerdo al Contrato Ley 9 de 1997, no se podría acudir al arbitraje por el fallo de 2017 de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional dicha norma.
Por otro lado, y en atención al TCL entre Panamá y Canadá, el mismo indica que la discusión se debe dar en el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversión del Banco Mundial.
Minera Panamá pelearía por lo que se denomina “perturbación de la inversión”. Esta sería la causal del arbitraje, entendiendo que el cese de operaciones no les deja realizar su actividad y hacer frente a sus compromisos, mientras se deterioran las inversiones hechas y se atenta con las que estaban programadas.
De acuerdo con lo que establece el acuerdo comercial, el arbitraje tendría que iniciar seis meses después de haber transcurrido el evento que causó la disputa.
Según estos tiempos y las fechas de las resoluciones que dieron lugar al cese de operaciones comerciales, las partes tendría hasta el mes de junio para encontrarse en un proceso arbitral, un compás de espera en el que la empresa y el Estado panameño tendrían tiempo para reflexionar y hasta renegociar.
Una vez conocida la decisión de la minera, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá dijo a este medio que espera “que el Gobierno Nacional, dentro de las decisiones tomadas, haya evaluado las consecuencias que puede tener no llegar a una negociación satisfactoria entre las partes y lo que esto representa para el país, ya que, como observamos, la empresa ya ha anunciado que actuará de forma judicial”.
El gremio empresarial insistió en hacer un llamado a las partes para lograr una negociación “donde el gran ganador sea Panamá”.
Se trata de una empresa que tiene 7 mil empleados y cuya actividad representa el 3.5% del producto interno bruto del país.
Para la compañía, hay mucho en juego. En los reportes financieros de First Quantum Minerals se refleja que Cobre Panamá, el proyecto de Minera Panamá, tuvo ingresos por $3,160 millones al cierre de 2021,
El presidente Cortizo dijo en días pasados que se busca otro operador para la mina que esté dispuesto a pagar un mínimo de $375 millones en aportes al Estado al año, que era lo que se había acordado con First Quantum en enero pasado. Sin embargo, agregó que en ese proceso de búsqueda no se descartaba a Minera Panamá.
