La empresa Minera Panamá S.A. ha talado hasta la fecha 2,976 hectáreas, según los informes técnicos del Ministerio de Ambiente, cuando el límite máximo que permite el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en el año 2011 es de 5,900 hectáreas.
Así lo reveló el pasado martes Milciades Concepción, titular de esta cartera, a quien le correspondió responder al menos 8 preguntas de un listado de 24 inquietudes que habían elaborado los diputados para él y el ministro de Comercio, Federico Alfaro, ante la falta de un consenso para aprobar un nuevo contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá.
Concepción hizo un esfuerzo por mostrar los detalles que encierran el tratamiento ambiental de la operación a cielo abierto, repasando las multas, los procesos administrativos, la deforestación y el consecuente cumplimiento del EIA.
Sin embargo, también quedó en evidencia la inoperancia del Ministerio de Ambiente para ejecutar un plan de manejo y preservación.
En el cuestionario entregado por los disputados desde hace 15 días se preguntó si la empresa First Quantum, holding de Minera Panamá, ha cumplido con todas las obligaciones adquiridas tras la aprobación del EIA categoría III, tales como la reforestación de la zona dentro y fuera del área de concesión y pagos por las áreas protegidas afectadas, refiriéndose al área protegida del Parque Nacional Santa Fe y la zona protegida del Parque Nacional General de División Omar Torrijos.
Concepción explicó que la resolución de aprobación del EIA define que la empresa deberá reforestar 7,375 hectáreas fuera de la huella del proyecto como compensación ecológica, además de 3,100 hectáreas dentro del proyecto, en concepto de restauración ambiental.
En este último punto precisó que a medida que se abandonan los tajos de explotación se deben ir restaurando en condiciones lo más parecidas a las originales.
De acuerdo con Concepción, a la fecha se deben reforestar 1,920 hectáreas, entendiendo que se refiere al plan de compensación ecológica.
Pero de este compromiso, aseguró que la entidad puede certificar que se han reforestado 220 hectáreas.
Se entiende que desde Minera Panamá la lectura de este capítulo ambiental tiene otras aristas, puesto que habrían trabajado en la reforestación de más extensiones de tierra, pero no es hasta después de cinco años, cuando los árboles ya han crecido, que las hectáreas se contabilizan.
Para que el plan de reforestación sea un hecho, el Ministerio de Ambiente debe establecer una programación e inversión que posteriormente se le presenta a la empresa minera, a cargo de hacer pagos que financien dicho esquema.
Sin embargo, Concepción comentó que esto lleva un atraso importante porque desde la pasada administración no se presentaron los planes de cuido ni se ejecutaron los presupuestos.
“Al llegar [al ministerio en 2019] encontramos una carta de que la empresa debía $11 millones”, dijo el funcionario, refiriéndose a la supuesta mora que había dejado el pasado Gobierno en la implementación de un plan de reforestación.
El diputado independiente Juan Diego Vásquez cuestionó duramente la capacidad operativa y de supervisión del Ministerio, pero Concepción se defendió guardando distancia de las falencias e indicando que desde el 2021 programaron un esquema operativo hasta 2031, en el que se dieron los primeros pasos y desembolsos en octubre de 2022.
Para la mina, los mencionados $11 millones no constituyen una deuda, pues no pueden ejecutar un plan que no existía y que no se les había presentado a través de las autoridades supervisoras.
En cuanto a las sanciones, Concepción dijo que en 2019 había 11 procesos administrativos abiertos que iniciaron en el 2013 y que no habían concluido. Pero ya se emitieron las 11 resoluciones de sanciones por $21,813.
Hay otros cinco procesos administrativos vigentes que no se han cerrado, con fechas más recientes (de 2019 a 2022), en trámites como valoración económica para imponer la multa de acuerdo a la falta ambiental o presentación de pruebas y alegatos.
Tal es el caso del proceso sancionatorio que abrió el ministerio a Minera Panamá por la posible contaminación de las aguas de la quebrada Chicheme, que se une al río Pifá y río Caimito, a raíz de la ruptura de una tubería.
