Entre los términos acordados por el Gobierno y la minera First Quantum para firmar un nuevo contrato de concesión, quedó establecido que la empresa podrá solicitar hasta 35 millones de dólares en créditos fiscales anuales que, sumados por 20 años, alcanzan los 700 millones de dólares.
Federico Alfaro Boyd, ministro de Comercio e Industrias, indicó que estos créditos fiscales solo serán aplicados a la inversión realizada por la compañía y con ciertas restricciones para no afectar el pago mínimo garantizado a favor del Estado.
Durante una conferencia realizada ayer jueves para dar detalles del texto final del borrador del contrato, Alfaro señaló que el área de la concesión seguirá igual, es decir, que Minera Panamá, filial de First Quantum, seguirá operando en 13 mil 600 hectáreas en Donoso, Colón.
En cuanto a las servidumbres, el funcionario indicó que tampoco se modificaron los límites acordados en 1997.
Alfaro comentó que el texto final del contrato cumplirá con los términos aceptados por Minera Panamá en enero de 2022, cuando se acordó un pago mínimo anual de 375 millones de dólares.
Sobre el plan de cierre ambiental de la mina, sin embargo, es un punto que no ha sido aclarado.
El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, se limitó a decir que en este momento avanzan en su redacción junto a asesores internacionales, quienes trabajan “en el contenido profundo” del documento, para que posterior a la aprobación del contrato ley con la minera este sea presentado.
El texto final del acuerdo será sometido a una consulta pública por 30 días, aunque Alfaro no detalló cuando estaría disponible. Todavía tiene que ir al Consejo de Gabinete, la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional y, por último, de vuelta al Ejecutivo, ya que, al ser un contrato ley, requiere la sanción final del presidente Laurentino Cortizo.
Alcance de un acuerdo minero bajo la lupa
Flanqueado por una comitiva de 12 personas y respaldado por los ministros de Trabajo y Ambiente, el titular de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, ofreció ayer jueves un adelanto de los términos pactados con la canadiense First Quantum, con lo cual se pudo consensuar el texto final de un futuro contrato para continuar con la extracción de cobre en Panamá.
Sin embargo, el verdadero alcance del acuerdo solo se conocerá cuando el Gobierno revele el documento durante un proceso de consulta pública que aún no tiene una fecha definida de inicio.
Alfaro aseguró que el texto refleja en su “totalidad” los puntos que la empresa había aceptado el 17 de enero de 2022, aunque sí se dieron cambios en los que la empresa habría ganado de espacio en la negociación.
Se incluyó el pago mínimo de 375 millones de dólares al año, el cual estará compuesto por regalías sobre la ganancia bruta, porcentaje que oscilará entre el 12% y 16%, según el beneficio operativo declarado por la compañía.
Durante los primeros cinco años de vigencia del nuevo contrato, la compañía pagará el mínimo anual, siempre y cuando el precio de la libra de cobre supere los 3.25 dólares.
No será hasta el sexto año, que el precio tope bajará a 2.75 dólares la libra, tal como se había acordado en enero de 2022.
Alfaro indicó que finalmente se incrementó el precio de la libra de cobre para ofrecer una “medida de protección adicional” a la compañía.
“Se espera que el precio del cobre se mantenga por encima de los 3.63 dólares durante los próximos años, así que el Estado estaría recibiendo el pago mínimo anual”, explicó Alfaro, quien agregó que de situarse el precio por debajo del precio tope establecido, la compañía solo pagaría el esquema fiscal establecido en el contrato, que incluye el pago del Impuesto Sobre la Renta, el impuesto de dividendo y remesa, así como el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (Itbms) por compras.
Con respecto al pago de estos impuestos, Panamá espera lograr la cacareada equidad fiscal a la que tanto apelaron las autoridades durante el proceso de negociación.
Alfaro explicó que la minera entraría en el régimen ordinario de Impuesto Sobre la Renta, pagando un 25% y los servicios pagados en el extranjero estarían sujetos a una retención fiscal usual de 15%.
" Contrario al contrato anterior, este contrato sí obliga a la empresa al pago de impuestos. Es un paso importantísimo en la dirección correcta”, sentenció. El nuevo contrato sería retroactivo al 22 de diciembre de 2021.
Esto implica que para honrar los compromisos del año 2022 la empresa ha acordado un pago por arriba de los $395 millones que cubre las explotaciones y exploraciones realizadas durante este periodo, adelantó el funcionario.
Esta, aseguró, es una cifra por encima de lo que hubiese tenido que pagar la minera si se hubiese aplicado el régimen fiscal del nuevo contrato. “Es un beneficio adicional del periodo transitorio de 2022″.
Consulta pública y arbitrajes
Acerca del proceso de consulta pública, Alfaro comentó que ya se trabaja en la plataforma digital en la que se publicará el texto completo del contrato para que sea consultado por 30 días.
Dicha consulta pública no es vinculante, aunque el Gobierno espera que la mayoría de la población apruebe los nuevos términos acordados con la compañía.
Transcurrido los 30 días, el documento será sometido a la aprobación del Consejo de Gabinete, que, posteriormente debe autorizar al Mici a firmar el documento. Cumplido este proceso, la Contraloría General debe refrendar el contrato, que luego será sometido a los tres debates en la Asamblea Nacional. “Por ser un contrato ley, la Asamblea solo tiene la potestad para aprobar o rechazar el contrato”, dijo Alfaro.
Al ser consultados sobre los procesos arbitrales que ha puesto en marcha la minera canadiense contra Panamá, el ministro del Mici, indicó que la compañía se comprometió a “suspender” los dos procesos durante todo el periodo de consulta pública, firma y ratificación del contrato.
El 26 de diciembre de 2022, el Mici informó que había sido notificado por parte de la compañía del inicio de dos procesos contra el país, uno basado en los términos del contrato de 1997 y el segundo bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.
A dónde irán los fondos mineros
Cuando en 2022 se exacerbó la discusión sobre la falta de fondos para el pago de las pensiones en el país, el presidente Laurentino Cortizo intentó calmar las aguas y prometió que el 50% de los ingresos mínimos anuales por extracción de cobre en Donoso irían para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).
Ayer, Alfaro reiteró que este plan se mantiene en pie, mientras que un 20% de los ingresos mineros se utilizaría para que ningún jubilado reciba una pensión inferior a los 350 dólares mensuales.
Adicional, el 25% se destinará a inversiones de infraestructura y becas en las comunidades aledañas a la mina, mientras que el 5% restante se utilizará para crear el instituto de perfeccionamiento y bienestar del docente.
Sin detalles ambientales
Un punto que todavía navega sobre aguas grises es el plan de cierre ambiental para cuando finalmente termine la explotación del yacimiento.
Milciades Concepción, ministro de Ambiente, no pudo contestar cuáles eran los puntos más importantes del mismo ni su alcance.
Se limitó a contestar que en este momento avanzan en su redacción junto a asesores internacionales, quienes trabajan “en el contenido profundo” del documento para que posterior a la aprobación del contrato ley con la minera este sea presentado.
Restringen aplicación de crédito fiscal
La aplicación de la estructura de los créditos fiscales fue determinante en el proceso para sellar la negociación de un nuevo contrato de concesión entre Minera Panamá y el Estado.
De acuerdo con las aspiraciones iniciales de la empresa, el ingreso mínimo garantizado estaría oscilando de acuerdo a los créditos fiscales que se aplicarían, lo que no garantizaría el objetivo que se había fijado el Gobierno.
Consultó sobre este punto, el ministro de Comercio, Federico Alfaro, recordó ayer que la empresa originalmente tenía contemplado créditos fiscales por más de $1,200 millones.
Sin embargo, el nuevo contrato, establece aproximadamente $35 millones de créditos fiscales anuales durante los próximos por 20 años, aplicables por la infraestructura en la que se ha invertido.
Este último monto implica, que tal como había adelantado Tristan Pascall, director general de First Quantum Minerals, de la totalidad del monto se reclamarán unos $700 millones en créditos fiscales.
Sin embargo, Afaro dijo que la utilización de estos créditos fiscales está “altamente restringida”.
“Solo se puede aplicar al Impuestos Sobre la Renta y al CAIR y no la pueden aplicar en ciertos casos en su totalidad, dependiendo del ingreso mínimo garantizado que tengan que pagar.
