El Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) admitió la demanda a favor de los trabajadores de Justo y Bueno, quienes denunciaron a la empresa Inversiones Encanto S.A. por presunto incumplimiento de las normas laborales relacionadas con el despido por causas económicas.
Además de admitir la demanda, Mitradel ordenó una medida cautelar de secuestro de los bienes de la empresa, como vehículos y cuentas bancarias y facturas pendientes por cobrar de servicios al Estado, en caso de que se compruebe su existencia.
La medida se toma luego de que un grupo de trabajadores demandaran el pasado 5 de diciembre de 2022 ante Mitradel a la empresa por despidos injustificados y la falta de pago de las reivindicaciones laborales como liquidación, vacaciones vencidas y otros derechos a 300 empleados.
La orden emitida mediante el Auto Número 012PJCD-13-2023 del 10 de enero de 2023, decreta la medida cautelar de secuestro sobre 6 vehículos tipo camión, propiedad de Inversiones Encanto S.A. y además solicita a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre que remita a Mitradel copia del Registro Único Vehicular de cada uno de estos automóviles.
De la misma manera, en la medida firmada por la Jurisdicción Especial de Trabajo, Junta de Conciliación y Decisión N° 13 del Mitradel, se ordenó la retención de las cuentas bancarias que posea la empresa Inversiones Encanto S.A. en distintos bancos de la localidad, así como cuentas por cobrar al Estado, referidas en este caso al programa de Vale Digital.
La orden indica que se estima en 1.46 millones de dólares el valor de los bienes que podría poseer Inversiones Encanto S.A. y que al secuestrarlos podrían servir para pagar los pasivos laborales posteriormente, en caso de un fallo a favor de los trabajadores,
Guillermo García Rivas, abogado de 80 de los trabajadores de Justo y Bueno, detalló que esta medida cautelar forma parte de la acción de demanda impuesta y admitida en Mitradel ante el incumplimiento por parte de la empresa del artículo 215 del Código de Trabajo, que establece el despido por causa económica. Acota que en total se presentaron tres demandas sobre el tema por parte de varios grupos de trabajadores.
“Esta medida de secuestro asegura el resultado del proceso, y se solicitó por presuntos bienes de la empresa Inversiones Encanto S.A. que consiste en los 6 vehículos y cuentas por cobrar al Estado por servicios como el vale Digital, luego de esto está programada una audiencia el 16 de febrero, aunque la empresa no se ha notificado”.
Inversiones Encanto, S.A., la sociedad propietaria en Panamá de Justo y Bueno, supuestamente había invertido más de 9 millones de dólares para intentar salvar la cadena de supermercados, pero en noviembre de 2022 comunicó que era inviable proseguir con el plan de reorganización iniciado a mediados de ese año y avalado por el 69% de los acreedores.
En el plano laboral, García Rivas, informó además, que el Mitradel le solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Contraloría General de la República que confirmen si Inversiones Encanto S.A. tiene o no cuentas por cobrar al Estado por concepto del servicio de Vale Digital.
Se refiere a los pagos que tendría que hacer el Estado a la cadena por los vales digitales que canjearon los ciudadanos que reciben la subvención.
“En caso de que se compruebe que existen los recursos, esas cuentas quedarían congeladas hasta que termine el proceso. En el caso de que los trabajadores logren probar la demanda, podrían usarse estos recursos para pagar los pasivos. En caso contrario, si no existen esos créditos, solo será una sentencia condenatoria para la empresa, y no tendrían los trabajadores de dónde recuperar sus pasivos laborales”, explicó García Rivas.
Se estima que los pasivos pendientes de la empresa con los trabajadores ascienden a 2 millones de dólares.
Se trato de contactar al empresario Jorge Plaza, quien sería uno de los accionistas de la sociedad Inversiones Encanto, pero no contestó.
¿Qué pasó con Justo y Bueno? Un rescate fallido
A mediados de noviembre del año pasado Inversiones Encanto, S.A., a través de un comunicado, informó que el proceso de reorganización de Justo y Bueno era inviable y con esto se echaba a bajo el plan de rescate de la empresa.
En ese comunicado la empresa recordó que a finales de 2021, Justo y Bueno afrontaba una situación precaria, con más de 47 millones de dólares en deudas a proveedores, 3 millones de dólares en deuda a los arrendadores de locales comerciales y una morosidad en el pago de las cuotas a la Caja de Seguro Social, cuyo monto no se precisó.
Después de tener las tiendas cerradas o con muy poco inventario en 2021, finalmente la empresa inició un fallido plan de reflote y rescate. Se presentó en sociedad al empresario venezolano Jorge Plaza, quien había tomado el control tras los ciclos de impagos de la administración REVE Group, Inc y Michel Olmi, un empresario nacido en Chile y criado en Venezuela.
Se había prometido una fuerte inyección de capital para salvar a la cadena Justo y Bueno en Panamá e incluso se había logrado un acuerdo de reorganización conciliada con los acreedores, con quienes se estimaba en ese momento deudas cercanas a los $60 millones.
El plan de rescate, que tenía el aval de 60% de los acreedores, con el compromiso de que se pagara el 30% de la deuda que se tenía hasta el 31 de diciembre de 2021 parecía que iba por buen camino. Sin embargo, Inversiones El Encanto salió al paso diciendo que declaraba inviable el proceso de rescate de la empresa y con esto tanto las esperanza de los acreedores como de los trabajadores quedaron en el limbo.
A diferencia de otros procesos comerciales de este tipo, esta empresa tenía muy pocos activos. Los locales que ocupaba eran alquilados, la mayoría de los equipos en las tiendas eran utilizados a consignación y el inventario era casi inexistente ante las deudas de arrastre que mantenían con los proveedores. Y así se esfumó un modelo de negocio que llegó a tener más de 40 pequeñas tiendas en todo el país.
