La modernización del Estado es clave para combatir la corrupción, mejorar los servicios públicos, así como para el afianzamiento de la democracia y generar un ambiente donde se pueda desarrollar una economía liberal y de mercado.
Esta es una de las conclusiones que se pueden extraer de última jornada de la conferencia CADE 2022, organizada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, explicó que por modernización del Estado se entiende un proceso de cambio en los valores, en la forma en que los funcionarios hacen su trabajo, en los servicios que presta el Estado, incluyendo un cambio de mentalidad en la que el ciudadano esté en el centro del servicio público.
Una transformación que es importante para combatir la corrupción porque, señaló, implica crear procesos en los que medie la transparencia, la profesionalización del servicio público, cerrar los espacios de discrecionalidad en el manejo de los fondos, así como hacer uso de datos y plataformas digitales para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a la información.
De Obaldía repasó varios indicadores de los últimos años, como el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, el monitoreo Civicus y el índice de Imperio de la Ley (Rule of Law Index), que reflejan un estancamiento en la lucha contra la corrupción y una reducción de los espacios de participación y opinión ciudadana.
Entre los factores que determinan la existencia y propagación de la corrupción están la desigualdad, la debilidad del marco jurídico, la desprofesionalización del servicio público, “un grave problema de impunidad”, así como el hecho de que hay leyes que se aprueban pero luego no se cumplen.
De Obaldía planteó una serie de propuestas para avanzar hacia la modernización del Estado, como la descentralización de decisiones, aunque apuntó que “solo decir la palabra descentralización evoca el abuso político de esa ley que, siendo muy buena, en la práctica ha adolecido de verdaderos controles y fiscalizaciones”; se refirió también a una revisión del financiamiento de la actividad política; al refuerzo o creación de nuevas instancias de control o investigación; y el fortalecimiento del poder judicial.
Abogó, además, por la simplificación de trámites con la administración y el establecimiento de una carrera administrativa por méritos y competencias; la eliminación o restricción de informaciones reservadas y los gastos discrecionales por parte del Gobierno.
Uno de los principales obstáculos para cumplir estos objetivos está precisamente en la falta de voluntad política. De Obaldía criticó que en los últimos cambios de administración “los partidos dominantes entran al poder y repiten los mismos vicios anteriores”, como “servirse del poder gubernamental” y generar empleos para los miembros del partido “a costa de la profesionalización, el mérito y el perfeccionamiento del servicio público”.
Reconoció que hay algunas iniciativas encaminadas hacia la modernización del Estado, como el compromiso del presupuesto abierto, pero que se requiere seguimiento y presión por parte de la ciudadanía y voluntad política para llegar a ese objetivo, recordando que las decisiones políticas se toman con la mente puesta en las siguientes elecciones y que procesos de cambio de este tipo suelen ser a largo plazo.
María Fernanda Trigo, directora del Departamento para la Gestión Pública Efectiva en la Organización de los Estados Americanos (OEA), destacó la importancia de la institucionalidad y la modernización del Estado, traducida en una gestión pública efectiva, para el fortalecimiento de la democracia.
La ejecutiva dijo que en los últimos años se ha reducido el apoyo a la democracia en la región y ha ido creciendo el número de ciudadanos a los que no les importa el tipo de gobierno mientras este resuelva sus problemas. Además, el nivel de satisfacción con la democracia ha ido descendiendo. Estas tendencias se vinculan con la habilidad de los gobiernos de solucionar los problemas concretos de la ciudadanía, proveer servicios públicos de calidad y atender de manera transparente y efectiva las demandas ciudadanas. Hay, por tanto, una relación directa entre la calidad de servicio y apertura de la gestión gubernamental con el nivel de satisfacción de la democracia.
Según De Obaldía, “la modernización del Estado, desde el punto de vista de cambio de gestión, es extremadamente necesaria para poder conservar el ambiente donde la economía liberal, de mercado, donde todos podamos generar un proyecto de vida para mejor sea capaz de servirnos a todos y no solo a unos cuantos”.
