Luego de la elección de José Raúl Mulino como presidente de la República, la calificadora de riesgo Moody`s, afirmó que el nuevo gobierno deberá hacer frente al deterioro de la situación fiscal, el cierre de la mina Cobre Panamá, la reducción del tránsito por el Canal de Panamá a causa de la sequía, la rigidez del gasto desde hace mucho tiempo en los salarios de funcionarios públicos y el sistema público de pensiones.
Al igual que Stardard & Poor’s y Barclays, Moody´s también ve con preocupación la fragmentación de la Asamblea Nacional y consideran que esto podría retrasar la promulgación de reformas para avanzar hacia la sostenibilidad fiscal del país.
La agencia menciona que Panamá registró un déficit fiscal del 3.0% del producto interno bruto (PIB) en 2023, justo en el límite establecido por la regla fiscal. Asimismo, los pagos de intereses exigen una porción cada vez mayor de los ingresos públicos; estimamos una relación intereses/ingresos del 16.4% para 2024.
Según Moody´s, en vista de que Panamá registró un déficit fiscal del 3.0% del producto interno bruto (PIB) en el 2023, el nuevo gobierno deberá tener la capacidad para generar consenso y promover políticas que aborden la rigidez fiscal en los primeros meses de mandato y de no abordar las dificultades en torno a los gastos e ingresos aumentaría la presión a la baja sobre el perfil crediticio de Panamá.
La agencia ve muy probable que Mulino continúe con las políticas pro-mercado de Ricardo Martinelli y con el statu quo generalizado en torno a la ortodoxia económica compartida en el panorama político del país.
Moody’s degradó al país a Baa3 con una perspectiva estable el 31 de octubre de 2023 y mantiene al país a dos escalones en terreno seguro de no perder el grado de inversión por esta agencia calificadora.
