El presidente electo, José Raúl Mulino, enfrentará al inicio de su mandato la peor faceta de la crisis heredada del subsistema de beneficio de pensiones. Ya no hay reservas para tapar los déficits que se generen, por lo que se necesitarían más de $14,000 millones para cubrir el pago de las pensiones durante esta década.
Un informe revelador de la Junta Técnica Actuarial, fechado el 31 de mayo, fue entregado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), exponiendo la grave situación del subsistema de beneficio definido Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El informe, al que tuvo acceso La Prensa, advierte que “el tiempo se ha agotado y no se puede retrasar la toma de decisiones para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Postergar la decisión tendrá graves consecuencias económicas, políticas y sociales para el país”.
Aunque el reporte se basa en los estados financieros de 2021, fue realizado en 2024 debido a la falta de uno de los tres actuarios necesarios para conformar la junta.
Se presume que dicho documento debe estar en manos del equipo económico del presidente electo José Raúl Mulino, tras una reunión el martes 4 de junio con el ministro Héctor Alexander.
Mulino ya había dicho que entre los primeros temas que pondrá a consideración de la Asamblea Nacional, a partir del próximo 1 de julio, estará el de CSS. Se desconoce cuál será la solución que el futuro mandatario observa como la más viable.
Algunas corrientes económicas han expresado que el Estado tendría que hacer mayores aportes, pero además establecer un programa basado en pilares e inclinar la balanza hacia los ahorros individuales y destronar al sistema de beneficio definido.
Hay otros grupos, sin embargo, que van en dirección opuesta y prefieren que todos los cotizantes pasen del sistema mixto al subsistema definido, que cubre los gastos de hoy, con los aportes de quienes no se han jubilado.
El propósito del informe actuarial es alertar, tanto a la junta directiva de la CSS como al gobierno central, sobre la situación financiera de las pensiones.
La crisis no es nueva, pero es más alarmante con el paso del tiempo. Tanto en el reporte actual, basado en datos de 2021, como en análisis actuariales anteriores (2018, 2019 y 2020), se muestra la “fragilidad financiera” del subsistema.
Los actuarios Luis Pimentel, Eduardo Rodríguez y Lineth Rodríguez concluyen que el déficit financiero es tan grande que es imposible visualizar su magnitud sin tomar medidas para equilibrarlo.
“Después de 10 años, vemos que el déficit se acelera, pasando de $2,511 millones por año a más de $5,617 millones por año en 2049″.
La Junta Técnica Actuarial indica que tanto sus proyecciones como las del Departamento Actuarial de la CSS coinciden en la conclusión más importante del informe: las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido y el fideicomiso se agotaron entre el último trimestre de 2023 e inicios de 2024.
Un aproximado promedio de 1,645 pensionados ingresa mensualmente al grupo de pensionados y jubilados, según la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas.
Dado que los pagos a los jubilados aumentan cada año y los ingresos provenientes de la cuota obrero-patronal no son suficientes para cubrir estos compromisos, se recurre a las reservas o ahorros para pagar las pensiones.
El fideicomiso, es parte de las reservas del IVM, y se compone de los aportes del Estado a lo largo del tiempo, destinado a cubrir la falta de ingresos corrientes en el programa que paga las pensiones a los jubilados.
Para permitir estos retiros, la CSS debe demostrar en sus estados financieros los déficits del programa. Así, el Banco Nacional de Panamá (BNP) autoriza el traspaso de los fondos a favor del IVM.
Dado que los estados financieros no se presentan de manera oportuna, se han utilizado las reservas internas o los ahorros generados por el programa en el pasado para cubrir la falta de ingresos mientras se efectúa el traspaso del fideicomiso.
El informe actuarial precisa que los aportes relevantes del fideicomiso a favor del IVM se darán considerando los gastos de 2023 ($517 millones, correspondientes a los desembolsos de 2020). En 2024, otros $464 millones, de los reembolsos de 2021; y $1,022 millones en 2025, producto de los reembolsos de 2022 y 2023.
“Con estos desembolsos se agota el fideicomiso. A partir de 2026, solo se recibirán los aportes del Estado, más los intereses generados por el fideicomiso durante el año”, indicaron los actuarios.
Todo lo anterior lleva a cuestionar cómo, a la fecha de emisión de este reporte, el subsistema paga las pensiones si los fondos legales ya deberían haberse agotado, advirtieron los tres actuarios al MEF y a la directiva de la CSS.
La Prensa le hizo esta misma pregunta de forma directa a la administración de la CSS, liderada por Enrique Lau, pero al cierre de la edición de esta nota no hubo respuesta.
El análisis de los actuarios
De acuerdo con lo que establece el artículo 219 de la Ley 51 de 2005, de la CSS, con el fundamento de la valoración actuarial y financiera, si las reservas contables resultan menores de 2.25 veces el gasto anual, la Junta Técnica Actuarial proporcionará a la junta directiva de la CSS las recomendaciones necesarias para equilibrar el costo de las obligaciones y el financiamiento del programa de pensiones.
Basados en este mandato, y con la información proporcionada en los estados financieros de 2021, se plantearon diferentes escenarios con reformas paramétricas como aumento en la edad de jubilación, modificaciones en la tasa de reemplazo, reformas en la cuota obrero-patronal y cantidad de cuotas requeridas para pensionarse, además de aportes adicionales por parte del Estado.
No significa que el Gobierno deba hacer estos cambios paramétricos, pero las mediciones sirve para determinar las consecuencias o los efectos de una u otra reforma.
En este sentido, los actuarios indican que si se quisiera preservar la edad de jubilación, se estaría obligado a modificar los otros parámetros (cantidad de cuotas y aportes) para poder equilibrar el régimen.
Igual pasaría si deciden preservar la tasa de reemplazo o la cuota obrero-patronal.
Si el Gobierno propone no tocar ninguno de los parámetros y apostar únicamente a una inyección extraordinaria de aportes, esto implicaría entregar al sistema $3,234 millones al año, en vez de los $140 millones que se otorgan actualmente.
“Este sería el pago anual necesario para equilibrar el déficit total del programa, que según hemos visto ronda en $74 mil millones, dijeron los actuarios.
Sobre la CSS, Mulino afirmó que es un “tema nacional y urgente”.
El pasado 9 de mayo, en una entrevista con Panamá en Directo, mencionó su plan para “salvar” la CSS, anunciando que “empezará por este tema”, algo que exigen diversos sectores de la sociedad civil, ante el agotamiento de las reservas del programa de IVM.
Mulino, sin proporcionar muchos detalles, aseguró que cuenta con el apoyo de una “organización internacional” para desarrollar un plan para la institución.
