Mulino saca de Tocumen al abogado que tiene vínculos con una concesionaria del aeropuerto

Mulino saca de Tocumen al abogado que tiene vínculos con una concesionaria del aeropuerto
Edgar Iglesias es agente residente de Grand Bell International, S.A., una sociedad que obtuvo la concesión para construir y subarrendar bodegas en la terminal de carga.


Edgar Iglesias Constantino era el subgerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), pero poca gente conocía su nombramiento.

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Ahora ha adquirido relevancia porque el presidente de la República, José Raúl Mulino, dejó sin efecto su designación este jueves 18 de julio.

En total, estuvo nueve días en el cargo.

La noticia se conoció este viernes porque la resolución de su destitución apareció en la Gaceta Oficial.

El día anterior, Aitsa anunció que había rescindido la contratación de Iglesias como su agente residente. En ese comunicado de tres párrafos no se informó en ningún momento que Iglesias también ocupaba el cargo de subgerente. Lo que sí afirmó Aitsa fue que Iglesias no podía ser su agente residente debido a “indicios de posible conflicto de intereses”.

¿Por qué?

Resulta que Iglesias es agente residente de Grand Bell International, S.A., una sociedad que obtuvo la concesión para construir y subarrendar bodegas en la terminal de carga.

Grand Bell obtuvo esa concesión el 2 de abril de 2012, cuando Iglesias era gerente de Asesoría Legal de Aitsa durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

La relación de Iglesias con esa empresa concesionaria se conoció gracias a una nota de La Prensa, publicada el pasado 12 de julio. Ese mismo día, Iglesias comunicó su renuncia como agente residente de Grand Bell. Sin embargo, hasta este viernes, su nombre seguía apareciendo como agente residente de dicha sociedad en el sistema de consultas electrónicas del Registro Público.

Grand Bell ha tenido una accidentada relación con Aitsa.

Durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), el proyecto estuvo paralizado y sujeto a una auditoría. En 2017, el contrato fue rescindido y la parte afectada presentó un arbitraje contra el Estado panameño. Finalmente, Grand Bell logró que el tribunal arbitral, integrado por José Javier Rivera, Sheyla de Arias y Dilio Arcia (actual fiscal electoral), declarara ilegal la rescisión de la concesión. También se ordenó a Aitsa definir un nuevo cronograma de ejecución del contrato y pagar las costas del proceso, como gastos de administración y honorarios de abogados, árbitros y peritos, que ascendieron a un total de $836,382.

Iglesias fue designado como agente residente de Aitsa el pasado 8 de julio en una reunión “extraordinaria” y “urgente” de su junta directiva, presidida todavía por el exministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd.

El acta de esa reunión fue notariada por el propio Iglesias.

El gerente general de Aitsa es José Ruiz, quien formalmente tomó posesión del cargo este viernes, en un acto protocolar en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).


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