A la crisis financiera del subsistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) se suma el impago del propio Estado de la cuota obrero patronal.
Dependencias del Gobierno central, municipios, juntas comunales y entidades descentralizadas no pagan o transfieren los aportes que se les descuentan a los funcionarios.
Un reporte al que tuvo acceso La Prensa, que contabiliza diferentes periodos según la entidad morosa, refleja una deuda acumulable de $36.7 millones.
No hay certeza de que esta sea la morosidad total de las entidades que no pagan a la CSS. Sin embargo, retrata el incumplimiento de varias dependencias a lo largo del país.
De acuerdo con la información que aparece en la lista, por términos de montos, la deuda es liderada por entidades del gobierno central, con $20.3 millones, seguido por los municipios y juntas comunales con otros $16 millones; y $351 mil correspondiente a entidades descentralizadas.
En el listado aparecen cerca de 195 entidades morosas. Las que más se repiten son las juntas comunales, que suman 103 del total del listado.
En la provincia de Panamá Oeste, la junta comunal de Juan Demóstenes Arosemena, bajo la dirección de Isaac Román Figueroa del Partido Revolucionario Democrático (PRD), tiene una deuda de $242,812.
Mientras tanto, en la ciudad capital, la junta comunal de Pedregal, liderada por Elías Cárdenas del PRD, enfrenta una deuda de $84,584.
Además, Héctor Valdés Carrasquilla del PRD, quien busca la reelección para las elecciones del 5 de mayo, administra el municipio de San Miguelito, con una deuda de $4.1 millones.
En Colón, bajo el mando de Rolando Alexis Lee del PRD, el municipio acumula una deuda de $7.6, según el informe de la CSS.
Por otro lado, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) enfrenta una deuda de $344,060. Mientras tanto, la Lotería Nacional de Beneficencia, liderada por Gloríela del Río, tiene una deuda de $1.5 millones, con 38 meses de atraso, de acuerdo con los reportes de la CSS.
Uno de los principales problemas ante esta situación es que los funcionarios no pueden recibir el servicio de atención médica a través de la CSS, pese a que el descuento por esta prestación se les estaría realizando.
Justamente, esta fue una de las razones por las que este tema se pretende discutir en próximas reuniones en la junta directiva de la CSS, según la información que maneja este diario.
Narciso Machuca, asesor de la Coordinadora Nacional de Representantes (CONARE), subrayó que esta situación de morosidad tiene que ver con varias aspectos: la crisis económica generada por la covid-19, que “redujo las recaudaciones en algunos distritos”, y también porque el gobierno central, algunas veces, se atrasa en las transferencias a los municipios subsidiados.
“En algún momento los municipios tendrán que hacer reajustes en sus presupuestos y ponerse al día con los pagos a la Caja de Seguro Social. De hecho, algunos ya lo están haciendo. La crisis económica nacional impactó la economía local de los distritos y corregimientos”, dijo.
Machuca recordó que en una buena parte de los distritos del país, son los municipios los que pagan las planillas de las juntas comunales, y si no reciben los recursos necesarios para ello, no pueden cumplir con esos compromisos financieros con la CSS.
“Le hemos dicho a los municipios que deben cumplir con la cuota obrero patronal. En algunos casos son las juntas comunales las que pagan su planilla tras recibir los fondos del Municipio, pero en otros casos son los propios municipios los que hacen esos pagos a la CSS de forma directa”, aportó el abogado.
Parte de la opacidad de la planilla estatal se genera precisamente en los municipios. El Informe de la Planilla del Sector Público que publica la Contraloría General de la República cuenta con información de 94 instituciones, pero se excluye a los patronatos y a los municipios.
Es esencial tener en cuenta que la CSS cuenta con la autoridad para llevar a cabo la cobranza de las cuotas obrero-patronales mediante medidas coercitivas.
Una vez que se inicia este proceso, se emite un mandamiento de pago que autoriza el embargo de cuentas bancarias y la incautación de bienes muebles e inmuebles del deudor, todo con el fin de garantizar el pago de las cuotas correspondientes al trabajador.
La evasión o retención del pago de las cuotas obrero-patronales es penada por Ley configurándose como delito en el artículo 241, capitulo II del Código Penal.
Sin embargo, la regla no se aplica entre entidades del Estado, recordó Mario Serrano, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).
“Esta situación es grave y más si se toma en cuenta el manejo de millones de dólares que han tenido las juntas comunales con la descentralización. La junta directiva y el administrador de la CSS deben de tomar medidas para la recaudación de lo adeudado”, precisó Serrano.
Esta deuda ocasiona que los trabajadores no puedan tener derecho a una licencia por maternidad o servicios de salud. Aunque, “muchas veces queda a discreción de los funcionarios de la CSS atender a los trabajadores porque saben que son funcionarios”.
Tras la publicación de esta nota, el representante de la junta comunal de Bella Vista, Ricky Domínguez se contactó con este medio, indicando que el saldo adeudado fue cancelado.
El equipo de comunicaciones del municipio de Arraiján, liderado por Rollyns Rodríguez, proporcionó a este medio el comprobante de cancelación a febrero del presente año. La factura se pagó el 3 de abril, quedando en evidencia que hasta este mes se mantenían morosos.
